Este miércoles terminó la emergencia y comenzó la etapa de reconstrucción para los estados que sufrieron daños por el sismo del 19 de septiembre, que se traduce en una reorganización administrativa del Estado para destinar la mayor cantidad de presupuesto y el diseño de medidas como beneficios fiscales y crediticias, además de pactos con la iniciativa privada para facilitar la recuperación de las víctimas y detonar el desarrollo. Pero hay algo que no se está haciendo y es sumamente grave y peligroso. Nuestra posición geográfica nos coloca en una amenaza permanente de sufrir un nuevo terremoto, cualquier día, en cualquier momento; lo mismo que huracanes, tormentas o ciclones. Aunque la exposición al riesgo ante fenómenos naturales es un tema que está incluido en la Agenda de Seguridad Nacional, lo cierto es que no cuenta con una visión estratégica de este tema, sino su visión es reactiva. Tan grave es que el gobierno, en sus distintos niveles, ni antes del sismo ni ahora considera que la estrategia de prevención es un tema de gobernabilidad. Desde esa perspectiva es urgente y necesario retomar la visión que surgió en 1985, construir una verdadera coordinación nacional para atención de emergencias y no que quede solamente en la Ley General de Protección Civil las buenas intenciones de organización. Se hace indispensable que en cada unidad o secretaría de Protección Civil estatal, municipal y en la federal, no sean designados amigos del presidente o del gobernador, del secretario de Gobernación o del de Gobierno. Si hasta ahora esas oficinas funcionan es porque en los niveles medios sí hay gente entrenada y conoce su trabajo, pero que deben de soportar muchas veces a directores burócratas o tan inexpertos que todo entorpecen y dejan de dar continuidad a los proyectos. Si uno revisa los informes de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, encuentra cifras sobre capacitación de funcionarios, sobre la creación de una cultura de la prevención o el análisis del impacto de algunos fenómenos hidrometeorológicos. Pero no existen datos específicos sobre la implementación de una verdadera política de coordinación para prevención y atención a desastres a nivel regional y nacional. Tampoco existe nada sobre un programa específico para la revisión y actualización de reglamentos de construcciones atendiendo las zonas del país y sus riesgos específicos, involucrando para ello a universidades y escuelas, y a las áreas de gobierno federales, estatales y municipales encargadas de los planes de desarrollo urbano. Los documentos disponibles sólo mencionan que la Coordinación Nacional de Protección Civil de Gobernación, que dirige Luis Felipe Puente, promueve la coordinación, la homologación de leyes y reglamentos o que se han implementado el Sistema de Nacional de Alertas y el Atlas Nacional de Riesgos. Pero no menciona que desde 2012 no ha promovido la inversión en las alertas ni coordinado a los estados para que aporten presupuesto. Omite mencionar que menos de la tercera parte de los municipios cuentan con un atlas de riesgos, que ni siquiera ha sido actualizado, lo que impide conocer el índice real del riesgo de cada zona. Es más, ni siquiera se reconoce que en todo el país sólo hay un equipo entrenado y certificado por Naciones Unidas en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) y que está dentro del gobierno de Jalisco, personal que realmente pueden atender emergencias como el sismo del 19 de septiembre y más graves. Si en paralelo a la reconstrucción se reenfocara la prevención y la Protección Civil como un tema prioritario y estratégico, y fueran designados en Gobernación y el resto de las unidades en el país, en estados y municipios, personas con verdadera experiencia y estudios en la materia. Además se integraran mesas de coordinación resolutivas, que se reunieran cada mes por región para atender una agenda que permitiera tener los mapas de riesgos, el inventario de los recursos estratégicos ante emergencias, la colocación de más alertas sísmicas y de sistemas de alerta múltiple; además de estudios de microzonificación sísmica, para saber el comportamiento de los suelos a la incidencia de las ondas sísmicas, que sirvan para perfeccionar los reglamentos de construcción en todo el país y crear áreas fuertes de supervisión, y rediseñar los planes de desarrollo urbano de cada entidad. México entonces sería un lugar verdaderamente más seguro.
Ausencia de estrategia
