Lo que ocurrió desde la captura de Javier Duarte hasta ahora coloca a la Procuraduría General de la República (PGR) en una de las peores estrategias legales que se hayan visto en los últimos años.
En el mejor de los casos, la operación técnica-jurídica que implementó contra el exgobernador coloca a la institución como una oficina sin estrategia y una enorme falta de pericia. En el peor de los escenarios, somos testigos de la protección institucional a un funcionario público simulando la aplicación de la ley.
Javier Duarte ya debería estar en México o debería llegar cuando mucho en una semana más. Para lograrlo, la estrategia legal, de haberla querido implementar, era sencilla: presentar al gobierno de Guatemala la solicitud de deportación del exgobernador, por haber violado las leyes migratorias de ese país al internarse por un punto fronterizo de forma ilegal y permanecer con documentos falsos.
¿Qué documentos debían llevar bajo el brazo los funcionarios de la Embajada de México en Guatemala y de la PGR?, el acta de nacimiento y de matrimonio, copia del pasaporte real de Duarte y, si es necesario, hasta la cartilla militar para acreditar la identidad real del exgobernador y probar que el nombre de Javier Ocampo, con el que permaneció en Guatemala es falso, y de ser necesario, la investigación de inteligencia que muestra que el exfuncionario ingresó por un paso ilegal.
Lo podría haber hecho sin problemas, porque violó la Ley Migratoria de ese país, que en su artículo 89, establece que se considera ilegal la permanencia de un extranjero en Guatemala cuando se encuentre en una de cuatro condiciones, y tres de ellas las cometió Duarte: haber ingresado al país por un lugar no habilitado para tal efecto no se sometió al control migratorio, y no cumplió con las disposiciones que regulan el ingreso o la permanencia que establecen la ley.
Y los artículos 112 y 113 de esa norma establecen las razones y procedimientos para la deportación, de ellas dos encuadran en el caso de Duarte: ingresar o permanecer en el país evadiendo el control migratorio, y/o entrar o permanecer en el Guatemala haciendo uso de documentos falsos.
Qué habría procedido, previo a la deportación, la Dirección General de Migración habría celebrado una audiencia en un plazo no mayor a 10 días, habría recibido pruebas de las dos partes en los cinco días siguientes, y entonces resolvería la situación de Duarte, “dentro de las 72 horas siguientes a la celebración de la audiencia o a la recepción de la prueba”. Duarte hubiera podido apelar, pero al ser un trámite administrativo, también se resolvería en poco tiempo.
Sin embargo, la PGR en una estrategia jurídica muy extraña decidió pedirle al gobierno de Guatemala que emitiera una orden de aprehensión con fines de extradición.
Lo que resulta el camino más largo y sinuoso, porque mientras Duarte se defiende en Guatemala podrá desplegar toda su estrategia legal en México para tratar de anular las órdenes de captura.
Pero allí no termina lo extraño, la PGR no pidió antes al gobierno de Veracruz que le entregara todos los expedientes en los que exista orden de aprehensión en contra del exfuncionario, para entonces tener preparada una petición mucho más amplia y sólida. Y esto es importante, porque sólo podrá ser juzgado por las órdenes de aprehensión que se presenten ante el gobierno y autoridad judicial de Guatemala y si no incluye los casos que tiene Veracruz, quedarán fuera. Lo extraño aún no termina, porque en el expediente que la PGR presentó ante las autoridades guatemaltecas, sus pruebas sólo se basan en dos testigos colaboradores, ambos acusados de delitos graves que confiesan las operaciones de compra-venta de terrenos a favor del exgobernador. Por si fuera poco, en su acusación la Procuraduría no incluyó todos los fondos federales que presuntamente desvió Duarte, sólo se concentró en algunos de los programas de educación, dejando a un lado los de obras, pobreza y salud, por mencionar algunos. Es decir, presentaron un expediente incompleto y poco blindado. Esta aparente falta de pericia, se asemeja más a una simulación de la justicia que sólo le costará unos años, entre abogados y prisiones, a Javier Duarte, pero al final podría salir libre, con parte de sus bienes intocados y su familia a salvo.
@Gosimai Son más de dos décadas de explorar en el periodismo desde un enfoque de seguridad nacional.