“Se necesita una planta de luz… Mazos y palas… Oxígeno y brocas…”, se leía a través del WhatsApp o se escuchaba por la frecuencia de radio Zello. No eran autoridades las que intercambiaban innumerables mensajes, eran ciudadanos organizados en chats o a través de diferentes claves para emergencias del sismo o ayuda en albergues, alimentos, estafetas, herramientas o animales. En 1985, la principal lección que aprendió el gobierno fue que en fenómenos catastróficos no tendría la capacidad de resolverlo solo, ni siquiera haciendo uso de las Fuerzas Armadas disponibles. Por eso tenía que diseñar las estructuras que le permitieran reaccionar oportunamente, actuar con autoridad y coordinar a todos los grupos civiles entrenados disponibles, y los voluntarios ciudadanos necesarios. En caso de un nuevo sismo en condiciones similares, se establecería un puesto de mando y control desde la Secretaría de Gobernación, que coordinaría todas las áreas de gobierno, y especialmente a los funcionarios de protección civil de cada delegación y que, a su vez, organizaría a los representantes de cada edificio, cuadra o colonia. Los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas ofrecerían seguridad y atención de emergencia. Mientas las brigadas de evaluación acudirían a los edificios colapsados para, en cuestión de minutos, evaluar el daño y definir qué tipo de auxilio se requiere. Al mismo tiempo, los cuerpos de rescate gubernamentales y civiles acudirían a los llamados que se hicieran por radio, organizándolos de acuerdo a las necesidades y entrenamiento de búsqueda y salvamento. El DIF se encargaría de organizar los alimentos y establecer los albergues. El sector salud de las mesas de atención inmediata de abrir los espacios necesarios de hospitalización para la atención de emergencia. En cada uno de los inmuebles colapsados se establecería un puesto de control desde el que existiría una vocería para brindar información precisa y verificada a los familiares y medios de comunicación. Ante la posibilidad de que el sistema de telecomunicaciones fallara, cada dependencia contaría con sistemas de radio y satelitales para establecer contacto interno y externo, específicamente contactar a la Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Los ciudadanos serían sumados, de forma organizada, a las tareas de apoyo de búsqueda y rescate, además de atender a personas damnificadas. También se debería contar con un sistema digital que permitiera conocer todo el inventario disponible en dependencias y empresas en cada ciudad. Para ubicar con precisión en qué lugar existía herramientas, maquinaria, gasolina y diésel, equipo de rescate y salvamento, médicos y hasta plantas de luz, entre decenas de cosas. Debía entrenarse a los cuerpos de rescate y certificarlos ante la ONU en grupos Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), además de adquirir tecnología capaz de prevenir y atender la emergencia en menor tiempo. El Plan Sismo, como se le denominó, fue detalladamente diseñado y cobró forma en el Sistema Nacional de Protección Civil, del que se desprenden planes y protocolos específicos y al que estaban obligados a atender las dependencias federales, gobiernos estatales y municipales. Es sorprendente cómo el mejor y casi único producto exitoso del Sistema es “no corro, no grito y no empujo” para evacuar escuelas, oficinas públicas y algunas privadas. El resto de las medidas quedaron a medias o en 32 años nunca se implementaron. Un solo cuerpo BREC está certificado por la ONU, el de Jalisco, ningún otro del gobierno federal o estatal lo tiene, por lo tanto, no cuentan con el equipo. Los reglamentos de construcción no se han perfeccionado de acuerdo al tipo de suelo y riesgos geológicos o hidrometeorológicos en el país, salvo la Ciudad de México. Y sólo por momentos se invirtió en la alerta sísmica, sin que hasta la fecha funcione en toda su capacidad. La base de datos que aglutine el inventario de cada municipio tampoco existe. En la Ciudad de México se comenzó a integrar entre 2010 y 2011, por falta de recursos no se completó para implementarla, y ahora nadie conoce su destino. Lo que sí implementó fueron más sensores y altavoces. Es así que 32 años después no se cuentan con sistema de prevención ni de atención de emergencia completos e integrados. Nos mintieron. El principal responsable es la Secretaría de Gobernación y Protección Civil, y le siguen los gobiernos estatales. También la sociedad es corresponsable, que prefiere hacer un acto de fe en los lugares que habita, y no tener una cultura real de protección. Las autoridades fueron rebasadas porque no estaban preparadas. Pero también por el deterioro institucional y la desconfianza de los ciudadanos. Ni siquiera podían responder dónde podían conseguir una planta de luz, fueron los ciudadanos que se empoderaron.
El desastre
