Era el 21 de mayo de 1991 y Norma Corona Sapién caminaba rumbo a su automóvil, un Cougar gris que había dejado muy cerca del edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Una camioneta llegó hasta donde ella estaba y le disparó en cuatro ocasiones. Murió casi instantáneamente.
Ella era la presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el estado y se había vuelto común recibir amenazas por los casos que investigaban. Casi cuatro años antes habían asesinado a su amigo y uno de los integrantes de su organización, Jesús Michel Jacobo. Fue un crimen que jamás se resolvió.
El último caso que investigaba Norma Corona era el secuestro y desaparición del abogado Jesús Güemes Castro y de los venezolanos José Vladimir Mendoza, Amaury Glaciano Plancharte y Julio Suate, por parte de la entonces Policía Judicial Federal que estaba adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). Después del crimen la PGR trató de involucrar a la defensora con narcotraficantes, pero fue imposible sostener esa versión.
Esos años eran de hartazgo y miedo de la población ante las constantes violaciones de derechos humanos por parte de corporaciones policiacas que utilizaban la tortura como método ideal de investigación y fabricaban culpables muy recurrentemente. Eran épocas también en que a nivel internacional se cuestionaba al Estado mexicano por la corrupción y los ataques a los ciudadanos. Eran épocas distintas a las de ahora, pero en algo eran muy similares: el crimen había penetrado las instituciones y había incorporado a comandantes y agentes de seguridad e investigación como líderes o socios de sus operaciones, y por eso prevalecía entonces la impunidad, y tanto arraigo ya tenía que la impunidad era parte orgánica del sistema de policía y procuración de justicia.
Aunque ya se estaba gestando su creación, el asesinato de Norma Corona aceleró el nacimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una medida indispensable para sortear los cuestionamientos internacionales por parte del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. La CNDH se constituyó como un organismo que tuvo la voluntad, la autoridad moral y la capacidad técnica-jurídica para enfrentar a esos poderes fácticos, con medios de comunicación que se sabían indispensables para hacer eco de su trabajo.
Después del asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, la historia se repite. El fin de semana anterior al homicidio del ombudsman local y el mismo lunes que fue víctima del atentado, ocurrieron otros 28 crímenes en La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur.
Es decir, en sólo tres días se cometió la tercera parte de todos los asesinatos que se registraron en 2014. Esa es la dimensión del deterioro de la seguridad y de las instituciones en la entidad, incapaces por frenar la violencia.
En la misma situación de deterioro acelerado se encuentran Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Colima, Nayarit, estado de México, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí y Morelos. La inseguridad está directamente vinculada a la corrupción, que debilita a las instituciones y mengua las condiciones de vida de la población, las cuales se han agravado casi en todo el país, especialmente en la clase media.
Comenzará el último año de este gobierno, un tiempo imposible para cambiar el rumbo de la violencia, pero sí suficiente para sentar las bases de la nueva ruta que deba seguirse para que se transforme este fenómeno.
Se ha constituido la coyuntura ideal para refundar las instituciones y hacerlas funcionar contra los verdaderos enemigos: la impunidad y la corrupción.
El homicidio de Norma Corona se resolvió a medias, se dieron algunas detenciones, pero con el paso del tiempo la mayoría libró la cárcel. El autor intelectual nunca fue acusado penalmente. Sin embargo, los cambios que provocó en la composición institucional sí obligó a frenar y revertir los casos de tortura y fue uno de los pivotes que impulsaron los cambios legales y estructurales.