Amacuzac es un municipio pequeño de Morelos, abarca poco más del 2% del estado. Supera los 17 mil 700 habitantes y alberga a nueve pequeñas localidades que se dedican a la agricultura y comercio.
Colinda con el estado de Guerrero y sus carreteras conectan directamente con Taxco e Iguala, Guerrero, y no está tan lejos del estado de México y del centro de Morelos tampoco. Por allí cruzan varios ríos que facilitan la agricultura.
Hasta hace unos 15 años era un lugar más o menos tranquilo, aunque por esa zona siempre se convivió, tangencialmente, con el narcotráfico, había ciertos códigos de respeto para la población y hasta para las autoridades. Pero su posición geográfica la convierte en un punto estratégico para el trasiego de todo tipo de cargas ilegales, para siembra e instalación de laboratorios clandestinos. Y la debilidad institucional facilitó que los grupos criminales se apropiaran del municipio hace ya nueve años y convirtieran a Amacuzac en un centro de operaciones de grupos criminales que secuestran, extorsionan, asesinan, se apropian de bienes, lavan su dinero, trafican y son los encargados de ejercer justicia a balazos, porque en el municipio no existe ni un sólo agente del Ministerio Público federal o estatal.
Alfonso Miranda Gallegos, el candidato del Partido del Trabajo y Morena para la alcaldía que la PGR detuvo el domingo, acusado de ser parte del crimen organizado, y de operar y dirigir el secuestro de los hermanos Óscar Felipe y Mario Moreno Silva, empresarios ganaderos, el primero desaparecido aún y el segundo asesinado.
Miranda Gallegos tenía más de una década construyendo su estructura criminal como operador financiero de Los Rojos, pero con una fachada de legalidad. Con su sobrino, Santiago Mazari Miranda El Carrete, coordinaba todo.
¿Cómo se puede explicar que una persona pueda convertirse en alcalde, diputado local e intente nuevamente ser presidente municipal? La única respuesta es la omisión federal y estatal de las autoridades, la que alimentó su capacidad de operaciones y le permitió apoderarse de las instituciones de todo un municipio como el de Amacuzac.
Después de Miranda Gallegos llegaron a la alcaldía Noé Reynoso Nava —destituido por adeudos de la presidencia municipal, pero a quien no se le ha probado vínculos con criminales—, y luego Jorge Miranda Abarca, primo de Mazari Miranda, y quien llegó al cargo en 2015, al ser postulado por el PRI, el Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza (Panal).
Este año, esos partidos están apoyando a Miranda Abarca para reelegirse como alcalde, sólo que es el mismo que mantiene en la nómina a su primo hermano Miranda Gallegos y a quien también han identificado como parte de Los Rojos.
Las presidencias municipales y los congresos se constituyen, dentro del andamiaje institucional, como la parte medular para que el ciudadano participe activamente en la democracia. Cuando sus integrantes sufren algún ataque o las mafias se apoderan de estos espacios, se atrofia todo el sistema, porque ya no hay contrapesos, ni mucho menos vehículos de comunicación y relación entre la autoridad y la población.
En los últimos nueve años, Miranda Gallegos se argumentó que su delito era ser familiar de un presunto narco, pero que él no era criminal, y aseguraba que no tenía contacto con Los Rojos. Hace cuatro años, las autoridades de Morelos aseguraron que lo investigaban, incluso comenzaron el trámite de su desafuero, pero después abandonaron los casos. Fue hasta ahora, después de varios meses de seguimiento, que las carpetas de investigación que se presentaron ante el juez son contundentes: sí tenía relación con su sobrino y con varios otros líderes regionales, con los que planificaba secuestros, organizaba inversiones y participaba activamente en la estructura criminal.
Nuevamente quedan en evidencia las oficinas de inteligencia de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por su incapacidad para llevar a cabo investigaciones y seguimientos sobre casos tan sensibles e importantes, aunque parezca que un municipio tan pequeño no lo amerita.
En Amacuzac, Los Rojos no sólo despachaban desde el Palacio Municipal y tenían a su servicio las policías y todos los servicios del gobierno; sino también, señalan los informes, secuestraron a un grupo importante de pequeños empresarios ganaderos, cobran derecho de piso a los locatarios y con ello obligaron a huir a varias familias. No sólo mantienen bajo amenaza a pobladores, sino que se apropiaron de la economía e instituciones de la región. Y no es el único caso.