1.
La reforma de la administración pública federal parece inevitable, para lo cual el partido Morena podría plantearlo como iniciativa preferente. Mucho es lo que hay que alinear al respecto. Primero, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, separando esta función de la de Gobernación, quizá manteniendo el vínculo en la pertenencia de ambas al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, deberá considerar otros cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para concentrar las delegaciones federales en una sola representación, algo que podría tomar la figura de “diputaciones provinciales” españolas, estructuras de gestión que representan a las autoridades locales ante el gobierno central en las diferentes provincias y autonomías de ese reino; o bien, conforme a la figura de “delegado del gobierno” en cada Comunidad Autónoma que opera lo que aún existe de la administración central en cada región, que siendo España un reino descentralizado, es muy poco, básicamente la Policía Nacional y los procesos electorales.
2.
El problema de trasplantar un modelo es el diferente grado de desarrollo político y administrativo de España y México. Allá, las Comunidades Autónomas son gobiernos perfectamente implantados con parlamentos locales y administraciones sólidas y realmente soberanos en su régimen interior; acá, los gobernadores concentran el poder y las políticas en las entidades federativas, pero los presupuestos les son determinados centralmente, siendo 75 centavos de cada peso ejercidos por el gobierno federal y sólo 25 centavos por los poderes locales (en relación 20/5 para Estado y Municipios, respectivamente).
En el caso mexicano, los delegados estatales de Desarrollo Social concentrarán enormes recursos que les convertirán prácticamente en procónsules, lo que aunado al perfil de Morena que tienen, apuntan más al control político y económico que a la cooperación debida entre la Federación y los Estados. El perfil publicitado de quienes habrán de ser delegados estatales raya en el conflicto de interés al grado que hay, por ejemplo, un sobrino de Manuel Bartlett en Puebla y la esposa de un Monreal en Zacatecas.
3.
Otro tema a considerar es el establecimiento de las sedes de cada una de las dependencias, que ahora tienen su asiento donde los poderes federales, esto es, en la Ciudad de México, pero que ahora deberán irse a diferentes ciudades de la República, quedando en el centro únicamente las de carácter estratégico: Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, quizá la de Seguridad Pública, Sedena y Marina; lo que podría llevar inclusive a alguna controversia constitucional pues, conforme lo establece la Constitución, la sede de los poderes federales es la Ciudad de México.
4.
Empero, el gobierno del presidente López Obrador desconcentrará la administración llevando, por ejemplo, Sedesol a Oaxaca, Educación a Puebla, quizá pedaceando la Sagarpa con Agricultura a Ciudad Obregón; Ganadería a Jalisco; Pesca a Mazatlán; la Sectur a Chetumal; el Conacyt a La Paz, Baja California Sur; Pemex a Ciudad del Carmen, entre otras. El costo estimado de las reubicaciones sobrepasa 130 mil millones de pesos sin que se conozca algún estudio de costo-beneficio de tales movimientos, además de los efectos en cuestiones contractuales y de movilidad de familias.
5.
La pauperización de la burocracia incluirá la reducción de los salarios de los altos mandos así como con la desaparición de 75% de plazas del personal de confianza, con las que se pretende ahorrar 500 mil millones de pesos, pero expertos estiman que el ahorro sería, si acaso, de 130 mil millones de pesos… monto similar a lo que costaría la reinvención del gobierno.