Juan Antonio Le Clercq

Una semana después de la fecha límite para el Brexit, el pasado 29 de marzo, el Reino Unido sigue atrapado en la indefinición. El Parlamento ha rechazado reiteradamente el acuerdo con la Unión Europea  y, a través de distintos votos indicativos no vinculantes para el gobierno, los legisladores han dejado en claro lo que no quieren, pero sin ser capaces de señalar lo que sí están dispuestos a aceptar.

Brexit se ha prorrogado hasta el 12 de abril y las cosas siguen sin estar claras. El único cambio importante ha sido que May se ha visto obligada a renunciar a su estrategia. A lo largo de todo el proceso, su apuesta se ha limitado a jugar con los tiempos y el miedo a una ruptura y, con esta lógica en mente, ha llevado su proyecto a votación. Después de tres derrotas humillantes, sumadas a la creciente pérdida de control de su bancada, May finalmente ha optado por abrir un diálogo con el líder de la oposición y reconocer la necesidad de otra prórroga. 

El lunes pasado, May recibió una nueva humillación del Parlamento. Una alianza entre conservadores y laboristas, formada entre los llamados backbenchers, aquellos legisladores sin puesto en gabinete o con influencia política menor, logró aprobar una ley en sólo tres días, con el respaldo de la Cámara de los Lores, que obliga a May a solicitar una nueva prórroga a la Unión Europea. Con lo cual el gobierno debe negociar la extensión o asumir toda la responsabilidad de un Brexit sin acuerdo.  

El diálogo con Corbyn no ha arrojado resultados y los líderes europeos han rechazado la prorroga hasta el 30 de junio que quería May. En lo que es otra humillación más para la primera ministra, se ve obligada a aceptar una extensión del plazo hasta finales de año y con ello Reino Unido deberá concurrir a las elecciones europeas de mayo próximo. Algo que no sentará muy bien entre los miembros de su gabinete y los radicales proBrexit, pero que alimenta las expectativas de quienes buscan un segundo referéndum.  

La prórroga no resuelve Brexit. May deberá regresar a su país y presentar al Parlamento la propuesta acordada con la Unión Europea. Todavía falta por ver si los miembros del Parlamento respaldarán esta prórroga y sus condiciones. En caso de que la propuesta no se apruebe, lo único que queda es un Brexit duro el 12 de abril. 

May negocia en calidad de líder político desahuciado. Es cuestión de tiempo para una noche de cuchillos largos dentro del Partido Conservador, impulsada por quienes quieren aprovechar la debilidad de May para ocupar su puesto o por los radicales que se sienten traicionados al no ver materializado el Brexit que vendieron a los votantes. Si bien es cierto que en nada ayuda la debilidad política de May para la siguiente etapa, tampoco es claro que un nuevo líder conservador garantice negociaciones más fluidas entre partidos o que los parlamentarios, profundamente divididos, serán capaces de ponerse de acuerdo en los próximos meses.

Para la Unión Europea, aceptar la prórroga implica permitir que Brexit siga secuestrando la agenda de problemas europeos, pero si lo hacen no es porque sean almas caritativas. Por un lado, les preocupa el impacto económico en sus países de un Brexit desordenado; por el otro, mantienen la esperanza de que una prórroga se traduzca en la convocatoria a elecciones o a un segundo referéndum y que derive a su vez en un cambio en la decisión del Reino Unido. 

Lo único claro es que el problema abierto con Brexit se extenderá por meses, que hay poco margen para pensar en soluciones diferentes a las que han estado sobre la mesa y, especialmente, que ante una decisión que involucra graves consecuencias, los líderes políticos democráticamente electos piensan antes que nada en su agenda de intereses personales por encima del interés colectivo. Metáfora de lo que ocurre en diferentes partes del mundo y que daña profundamente la credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades e instituciones. 

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