Concluye un muy difícil 2017. El año que termina deja violencia a niveles récord, corrupción desbordada, endeudamiento e inflación crecientes, agresiones y amenazas de nuestro vecino del Norte y, por si esto no fuera suficiente, el dolor y las secuelas de los terremotos de septiembre. Todo ello enmarcado en la erosión de nuestras instituciones democráticas y el descrédito de autoridades en todos los niveles de gobierno. Arranca un 2018 determinado por el proceso electoral y la sucesión presidencial. Lo que tendría que vivirse como una fiesta democrática y la oportunidad para promover un cambio profundo en la forma en que enfrentamos los problemas públicos, nos arroja de entrada a una gran incertidumbre. ¿Hacia dónde debe ir nuestro país en 2018?, ¿cómo impulsar procesos de toma de decisiones más efectivos y menos corrupción?, ¿estarán los partidos y candidatos dispuestos a asumir su responsabilidad para con el país? Lo que vamos a escuchar y ver los siguientes meses será a candidatos prometiendo lo que difícilmente van a cumplir, acusándose mutuamente de corrupciones que no están dispuestos a perseguir, aprovechando cualquier oportunidad para violentar la legislación electoral y despilfarrando miles de millones de pesos que no serán realmente fiscalizados. No podemos seguir como estamos, eso es claro. No es posible seguir perdiendo oportunidades de desarrollo por reproducir inercialmente los mismos vicios públicos, atrapados en pactos de impunidad y trampas de inseguridad y violencia, ¿pero entenderán eso nuestros partidos o candidatos? La elección nos obliga a reflexionar profundamente sobre el daño que a lo largo de este sexenio se ha causado a la calidad de nuestra vida pública, a la credibilidad de nuestras instituciones, al equilibrio de poderes y a la imagen de México a nivel internacional. Simplemente no podemos darnos el lujo de vivir otro sexenio de impunidad, violencia e irresponsabilidad como el que terminará en 2018. Requerimos avanzar decididamente hacia una democracia plena e incluyente en la que la rendición de cuentas y la responsabilidad política sean regla y no una concesión ocasional de los gobernantes. Eso es lo mínimo que debemos exigir a partidos y candidatos el próximo año. La esperanza para nuestro país no radica en sí en un candidato o coalición, sino en la capacidad de los ciudadanos para sujetar a controles democráticos a cualquier opción que resulte triunfadora en las elecciones para exigir que los legisladores se comporten como contrapesos del Poder Ejecutivo y garantes de la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno para demandar estrategias más efectivas para enfrentar la violencia y desigualdad que nos destruyen como sociedad. La elección de 2018 no se reduce a un plebiscito entre López Obrador o alguna variante de continuidad. Esto distorsiona la magnitud del reto que enfrentamos. Lo que verdaderamente está en juego es seguir con los pactos de impunidad transpartidistas o avanzar hacia un Estado de derecho pleno, entre asumir corrupción sin consecuencias o impulsar rendición de cuentas efectiva, entre permitir que las instituciones políticas sirvan a camarillas o transformar las instituciones para servir a los ciudadanos. Las elecciones de 2018 no son otra cosa que la hora de los ciudadanos ante la irresponsabilidad de los actores políticos.
Nuestros retos en 2018
