El primer debate perfiló dos posiciones contrapuestas sobre la crisis de inseguridad y violencia en nuestro país: continuidad contra reconciliación. Anaya, Meade, Zavala y El Bronco reivindicaron un enfoque que se acerca a lo que hemos visto en los últimos dos sexenios. Por supuesto, hay matices entre lo que proponen, hasta llegar a la ocurrencia de mochar manos de El Bronco. También hay deslindes importantes, todos los candidatos, incluyendo a Meade, han reconocido que fusionar a la Policía Federal con Gobernación fue un grave un error.
Sin embargo, más allá de reconocer que el gobierno ha fracasado en materia de seguridad y de señalar generalidades sobre la reorganización de las policías o un fiscal autónomo, no queda muy claro qué cosas diferentes harían los candidatos. No salen de una continuidad fracasada que nos ha dejado poca seguridad y más de 200 mil muertos.
En contraparte, la campaña de López Obrador enfoca el problema desde la política social, con énfasis en paz y reconciliación. Perspectiva que les ha costado mucho aclarar, en especial ante los ataques de sus rivales a la amnistía. Lo que hoy queda claro es que más que una paz narca o perdón a delincuentes, proponen reenfocar programas sociales para evitar que la marginación social sea factor de reclutamiento por parte de las organizaciones criminales.
Este enfoque rechaza la continuidad sin definir cómo rediseñar la política de seguridad. Han señalado una figura confusa de guardia nacional y atención focalizada en delitos, propuestas muy generales todavía. Si bien es indiscutible que se requiere una política de prevención efectiva, esta es por sí misma insuficiente para contener redes criminales crecientemente complejas.
Nuestro país enfrenta una situación caracterizada por la interacción de tres trampas sociales. En primer lugar, una trampa de desempeño en la que las instituciones públicas funcionan mal y que el cambio no se traduce en mayor eficiencia o efectividad. Incluyendo captura de las instituciones por intereses económicos y políticos, al igual que mecanismos deficientes de rendición de cuentas que facilitan la corrupción y la impunidad.
En segundo lugar, no podemos salir de una trampa de seguridad que implica incremento en los índices delictivos y la violencia, mayor extensión y fuerza de las organizaciones criminales sin una capacidad equivalente en las policías y, lo más delicado, erosión de la legitimidad de las fuerzas del orden ante violaciones a los derechos humanos. Finalmente, vivimos una trampa de desigualdad social entendida como condiciones de marginación y pobreza que retroalimentan la inseguridad y multiplican las víctimas de la violencia.
Luego del fracaso transexenal ante la inseguridad y la violencia, enfrentar en forma aislada estas trampas difícilmente dará resultados. Necesitamos una estrategia simultánea que fortalezca las instituciones, redefina la política de seguridad y que ponga sobre la mesa programas más efectivos para reducir la brecha de desigualdad. Lo cual es más fácil de decir que de hacer.
Hubiera sido deseable ver una propuesta conjunta de los candidatos ante los niveles que ha alcanzado la violencia y frente al desastre de la administración de Peña Nieto. Pero es difícil ver espíritu de colaboración durante una campaña. Una vez concluido el proceso electoral, nos tocará a los ciudadanos exigir al candidato ganador y a los partidos de oposición, una actitud más responsable y cooperación para construir las bases de estrategia de seguridad diferente.