El trabajo de la UPSZ consistía en realizar actividades de incorporación de predios al programa Proagro Productivo. Foto: Facebook Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

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Juan Carlos Rodríguez

Las universidades siguen dando de que hablar en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación por haber firmado contratos que no están capacitadas para cumplir.

En esta ocasión, la señalada fue la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), que cobró 82.1 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura por un trabajo para el cual no tenía la capacidad humana y técnica para llevarlo a cabo.

“En lo que respecta a las contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se fiscalizó un contrato celebrado entre la Sagarpa y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas; la ASF determinó que dicha institución de educación superior no disponía de la capacidad técnica para participar como proveedor”, refirió el auditor superior David Colmenares Páramo, al presentar el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2017, en la Cámara de Diputados.

Se trata del mismo artículo y de la misma ley que han servido de escudo para la triangulación de recursos y la contratación de empresas fantasma por parte de funcionaros de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en años recientes.

El trabajo de la UPSZ consistía en realizar actividades de incorporación de predios al programa Proagro Productivo, así como capacitación y asistencia técnica a productores; sin embargo, la ASF pidió a la Sagrada investigar y sancionar “las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión suscribieron, en el ejercicio 2017, un Convenio de Colaboración con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y un Acuerdo de Colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo”.

El problema, según la ASF, es que los contratos se realizaron “sin acreditar que con la selección y asignación de dichas instancias para la ejecución de actividades vinculadas con el Componente Proagro Productivo, se aseguró la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en la aplicación de los recursos que se destinaron para estos fines, ni que la ejecución de las actividades y entregables pactados con dichas instancias garantizaron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

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