Nadie puede estar en desacuerdo con que el principal problema que tiene México es el de la corrupción, como lo ha manifestado permanentemente el Presidente de la República. Por eso es por lo que el Informe General Ejecutivo sobre la Cuenta Pública 2017, presentado hace unos días por el auditor superior de la Federación, es un documento muy importante, ya que además de notificar sobre los posibles actos indebidos de servidores públicos de diversas dependencias públicas, indica de qué forma se va a participar en el combate a la corrupción en nuestro país.
El auditor escribe que “los elementos que componen el informe buscan convertirse en una referencia relevante para los diversos actores interesados en la labor que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación...y pretenden servir de insumo para fortalecer la toma de decisiones, el diseño de mejoras legislativas y la identificación de medidas preventivas”.
Para la fiscalización de la cuenta pública 2017 se tomaron en cuenta las denuncias e información que aparece en la opinión pública y se planteó como objetivo algo muy importante: ampliar la cobertura con eficiencia, sin incrementar arbitrariamente el número de auditorías, lo cual, por cierto, era una queja constante de los servidores públicos.
Para no variar con la historia de nuestro país, el informe contiene los resultados de las auditorías realizadas a las dependencias públicas y se pudo constatar el desastre del régimen anterior y su elevada permisividad con la corrupción, hasta alcanzar niveles a los que difícilmente se llegó en el pasado.
Destaca por supuesto la denominada “estafa maestra”. Esperamos que los responsables intelectuales y quienes recibieron los beneficios puedan ser alcanzados tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Fiscalía de la República. El daño hecho, no sólo el monetario sino al prestigio de la educación superior, amerita castigos ejemplares, sobre todo para los altos funcionarios del régimen pasado en Sedesol y que después pasaron a Sedatu a continuar cometiendo las fechorías.
Pero el informe también trae observaciones hacia otras dependencias públicas, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido al “Paso Exprés” de la ciudad de Cuernavaca, donde demuestran la irresponsabilidad de los servidores públicos a cargo con consecuencias hasta de pérdida de vidas humanas.
También aparece la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con dos auditorías. En una de ellas pagaron sobreprecio de artículos adquiridos a varias compañías que no acreditaron la calidad de los bienes e incluso una de ellas aseguró que los bienes procedían de Alemania cuando en realidad provenían de la República Popular China.
La otra se refiere a la barda perimetral del cancelado nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en donde la Sedena no demostró la capacidad técnica, material y humana para el proyecto y contrató a terceros por encima de lo que permite la ley, con sobrecostos y otras deficiencias.
Aunque las cantidades pueden ser menores es un caso preocupante, sobre todo cuando la presente administración pretende que se involucren en obras y adquisiciones que no están acostumbrados a realizar y no por ser militares lo podrán hacer sin problemas. Lo peor que nos puede pasar es que de pronto también los militares estén involucrados en hechos corruptos; por eso es urgente que las dos auditorías realizadas por la ASF lleguen hasta el final.
Por lo anterior, es muy conveniente que en aras del compromiso de este gobierno con la transparencia y la Cuarta Transformación podamos saber con toda claridad, por ejemplo, a quién se compraron y cuánto costaron las pipas para el transporte de gasolinas y a qué dependencia se van a asignar.