En 2021, 16 estados del país -el 50% del territorio- incluyendo las entidades de mayor incidencia delictiva generaron un boquete en las arcas públicas por más de 214 millones de pesos pendientes por aclarar, debido a una serie de inconsistencias e ineficiente manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, reveló hoy la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso más crítico resulta el de Michoacán, que se mantiene como la segunda entidad con más homicidios del país sólo por debajo de Guanajuato, que en el año de transición del gobierno de Silvano Aureoles al de Alfredo Ramírez, quien asumió el 1 de octubre, la entidad acumuló un monto de 64 millones 742 mil 765 pesos por la adquisición de armamento y municiones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “que no fueron entregados al gobierno del Estado de Michoacán, ni distribuidos a los elementos policiales para su uso”, advirtió la ASF en su informe de auditoría.
Considerando que en 2021 el índice de delitos por cada 100 mil habitantes en el estado fue de 9.7, la revisión al cumplimiento de las metas en la Estructura Programática Presupuestaria sólo alcanzó un 67.5% de cumplimiento, entre otras variables incluyendo la falta de comprobación de entrega de las armas y municiones adquiridas a la Sedena, la auditoría concluyó que el gobierno del estado reflejó “insuficiencias” en el cumplimiento de indicadores y metas.
Principalmente en los referentes al Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, la Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular, catalogados como programas de “prioridad nacional”.
El segundo mayor monto pendiente por aclarar, respecto al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal fue el caso de Coahuila en el que se señaló un monto total pendiente por aclarar que ascendió a los 46 millones 985 mil 302 pesos, de los cuales más de 23 millones se derivaron, similar al caso de Michoacán, de la falta de entrega de evidencias sobre la compra y entrega de armas y municiones adquiridas mediante convenios con la Sedena.
De manera descendiente el listado de estados con los mayores montos de inconsistencias detectadas incluye el caso de Quintana Roo con un monto de más de 19 millones 955 mil pesos; seguido de Chihuahua, Morelos y la Ciudad de México, cuyas auditorías mostraron saldos pendientes por aclarar que superaron los 14 millones 846 mil, 12 millones 941 mil y 12 millones 047 mil pesos respectivamente.
Y ya por debajo de los 10 millones se ubicaron: Tlaxcala (7,450,147), Baja California (7,266,276), Nayarit (6,0887,612), Zacatecas (5,499,848), Oaxaca (4,666,159), Veracruz (4,149,495); así como Durango (3,979,839), Yucatán (2,434,103), Jalisco y Guerrero con inconsistencias de 1,423,543 y 1,848 cada uno.
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