La preclusión pertenece al género de las categorías relativas a la extinción de facultades procesales. Es la institución de orden público que garantiza el cierre definitivo de cada una de las etapas que integran el juicio, lo cual impide la dispersión de los actos y el regreso a momentos ya extintos del procedimiento. Couture define la preclusión como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.
En principio, la preclusión es el efecto procesal que deriva del vencimiento del plazo o término judicial previsto en la legislación aplicable, en virtud del cual las partes pierden la oportunidad de realizar el acto o ejercer la facultad o derecho de que se trate dentro del juicio correspondiente. Por lo tanto, si los litigantes no ejercen sus derechos procesales en el tiempo previsto por la norma adjetiva, pierden la oportunidad para hacerlo con posterioridad, especialmente cuando las partes guardan silencio o no agotan los recursos de defensa en los plazos establecidos. En este sentido, al fijar situaciones jurídicas, la preclusión garantiza el exacto cumplimiento de lo actuado y se evita que la discusión se prolongue indefinidamente.
Por tradición, la jursprudencia mexicana reconoce cuatro supuestos que actualizan la preclusión: cuando no se observa el orden u oportunidad señalado en la ley para ejercer una facultad procesal o realizar la actuación respectiva; cuando se realiza una actividad procesal incompatible con el ejercicio de dicha facultad; cuando la facultad procesal ya se ha ejercido válidamente en una ocasión, lo que se conoce como consumación propiamente dicha; y cuando, tras un segundo ejercicio permitido por ley, se agota definitivamente el derecho adquirido.
En el marco de la legislación vigente en México, la preclusión encuentra sustento en el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo artículo 288 establece que, una vez vencidos los términos fijados a las partes, se tiene por perdido el derecho que debió ejercitarse sin necesidad de acuse de rebeldía o de que medie una declaración judicial expresa. Sin esta sanción automática a la inactividad, el artículo 17 constitucional, que consagra el derecho a una justicia pronta y expedita, sería una aspiración inalcanzable. Gracias a la preclusión, el proceso se constituye como una unidad progresiva orientada hacia un fin y no como un bucle procesal infinito. Así, tal categoría opera como una especie de regla de clausura que dota de firmeza a cada actuación y sostiene la validez de los actos subsecuentes.
Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo 201, refuerza la perentoriedad de los plazos. En las audiencias, si una parte no objeta una prueba o no interroga a un testigo en el preciso momento procesal de la etapa de desahogo, la facultad se extingue instantáneamente. Entonces, la preclusión ya no sólo se mide en días o semanas, sino en momentos dentro de una misma sesión judicial, a fin de garantizar la concentración y la continuidad en el juicio. La omisión en el ejercicio de una carga procesal genera una pérdida irreversible que el operador jurisdiccional no puede subsanar, pues de hacerlo vulneraría el principio de igualdad entre las partes. De esta manera, una vez transcurridos ciertos términos o realizados determinados actos, las partes ya no pueden ejecutar ciertas acciones dentro del juicio.
Ahora bien, la preclusión se distingue de la prescripción y de la caducidad por su ámbito de aplicación y su finalidad. Mientras que la prescripción es una institución del Derecho sustantivo que agota la eficacia de un derecho o una obligación por el transcurso del tiempo fuera del proceso, la preclusión opera de manera interna y exclusiva dentro de la dinámica de un litigio ya iniciado. Mientras tanto, la caducidad afecta a la instancia en su totalidad debido a la inactividad prolongada de las partes, lo cual provoca el fin del juicio sin que se resuelva el fondo. En cambio, la preclusión sólo aniquila una facultad específica o una etapa particular, de modo que el juicio continúe su marcha hacia la sentencia. La Corte mexicana, a través de la tesis 1a./J. 108/2010, ha enfatizado que la preclusión busca evitar el retroceso a etapas ya superadas, lo cual protege el equilibrio procesal.
En el juicio de amparo, la preclusión actúa como un filtro para el control de constitucionalidad. Por ejemplo, en cuanto a las violaciones procesales en el amparo directo, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de origen se cometió una infracción que afectó las defensas del quejoso, éste tiene la carga de impugnarla en el primer amparo que promueva contra la sentencia definitiva. Si omite alegar dicha violación, su derecho para hacerlo en un amparo posterior fenece por completo. Ésta es la regla que impide que los litigantes reserven argumentos de forma estratégica para prolongar artificialmente la duración del juicio, lo que obliga a una concentración de agravios que dota de eficacia a la protección constitucional.
Asimismo, la Ley de Amparo contempla la preclusión en la interposición de recursos y en la rendición de informes. La tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2002 confirma que la preclusión no ocurre sólo por el vencimiento del plazo, sino también por el ejercicio y consumación de la facultad. En el amparo, esto significa que si una parte ya interpuso un recurso, no puede pretender ampliarlo o variarlo después, pues su facultad se ha agotado con el primer ejercicio válido. Entonces, la preclusión opera como un mecanismo de depuración que permite al operador jurisdiccional fijar la litis de manera definitiva, de tal suerte que se evite que el proceso se desvíe por cuestiones que debieron ser atendidas en su oportunidad legal.
No obstante, la rigidez de esta figura ha enfrentado desafíos ante la emergencia del paradigma de los derechos humanos, con base en el cual se argumenta que existen supuestos de excepción cuando se encuentran en juego derechos fundamentales de grupos vulnerables o violaciones graves a la dignidad humana. Según esta tesis, la preclusión no debería operar si su aplicación técnica impide el acceso real a la justicia o la tutela de bienes jurídicos superiores, como la libertad o el interés superior de la niñez. Sin embargo, tal postura se contrapone y ha sido criticada desde la teoría del proceso, ya que, convertir la preclusión en una regla discrecional bajo el argumento de la protección de derechos humanos erosiona la seguridad jurídica y destruye la igualdad procesal. Si el operador jurisdiccional permite la reapertura de etapas o la introducción extemporánea de pretensiones bajo criterios subjetivos de vulnerabilidad, el juicio deja de ser un método dialéctico ordenado para transformarse en un escenario de arbitrariedad, donde la parte contraria queda en total indefensión. La verdadera protección de los derechos humanos en el proceso reside en el respeto a las formas y términos preestablecidos, pues ésa es la única garantía de que la decisión final sea el resultado de un procedimiento justo y previsible.
La preclusión se actualiza también por la realización de un acto incompatible con el ejercicio de la facultad. En el procedimiento civil federal, esto se manifiesta cuando una parte acepta tácitamente una resolución al realizar un acto que supone su conformidad, lo cual le impide impugnarla con posterioridad. Ésta es la manifestación de la preclusión que castiga la contradicción procesal y protege la buena fe. La rigidez de estos límites temporales y formales es indispensable en un Estado de Derecho. La justicia que no respeta sus propios plazos se convierte en una fuente de incertidumbre. La seguridad jurídica exige que los justiciables tengan la certeza de que las etapas procesales cumplidas son inamovibles, sin que sean válidos los retrocesos.
En el ámbito familiar, donde el nuevo Código Nacional busca proteger derechos de grupos vulnerables, la preclusión se aplica con la sensibilidad que la materia exige pero sin que pierda su carácter rector. Aunque el operador jurisdiccional posee facultades para allegarse de pruebas de oficio en beneficio de menores o personas con discapacidad, las partes siguen sujetas a las reglas de preclusión para el ofrecimiento de sus pruebas y la interposición de sus defensas. Esto asegura que las medidas provisionales sobre alimentos y custodia adquieran la firmeza necesaria para que sean ejecutadas, lo cual impide que el proceso se torne en un ciclo interminable de alegatos que pongan en riesgo la estabilidad del núcleo familiar.
Así las cosas, la preclusión es el mecanismo lógico exclsuivamente procesal que, so pretexto del transcurrir del tiempo, transforma el caos de la controversia en un orden sucesivo de actos. Al sancionar la incuria o el ejercicio agotado de las facultades, garantiza que el proceso sea un avance constante hacia la resolución del conflicto. Su objetivo es permitir que el proceso suceda con la mayor celeridad posible al establecer límites a la discusión. La pérdida del derecho por el no ejercicio oportuno, lejos de ser un exceso formalista, constituye la garantía de que la verdad jurídica se construya con certeza y prontitud. Tanto en el Código Federal de Procedimientos Civiles como en la Ley de Amparo y el nuevo Código Nacional, la preclusión es la guardiana de la secuela procesal. Precisamente, para garantizar un desenvolvimiento ordenado y sucesivo del proceso, la legislación mexicana establece que el momento y la forma de estos actos no queden al arbitrio de los litigantes. Por ello, la preclusión es una circunstancia atinente a la estructura de todo juicio, pues la firmeza de las actuaciones procesales dota de validez al sistema jurisdiccional en su conjunto y asegura que la sentencia sea el resultado de un método ordenado y respetuoso de la seguridad jurídica.
