#5toInforme: Los claroscuros en la seguridad y justicia

Metas que faltaron por cumplir, reformas que no se concretaron, deficiente aplicación de medidas e iniciativas, índices de impunidad que se vieron reflejados en los casos de gobernadores y exgobernadores envueltos en corrupción, y un clima de violencia que se vio acrecentado por una ola delictiva son algunas de las causas que mantienen “los logros” en materia de seguridad y procuración de justicia del Quinto Informe bajo un contraste de errores y fracasos.

La gendarmería que no fue

Uno de los proyectos en materia de seguridad pública más ambicioso del sexenio fue el de la puesta en marcha de la Gendarmería Nacional, cuyo proyecto planteaba un nuevo cuerpo de seguridad conformado por 50 o 40 mil que estrían avocados al combate frontal de la delincuencia organizada. A tres de años de su puesta en marcha, lo que se convirtió en la séptima división de la Policía Federal cuenta con el mismo estado de fuerza inicial de 5 mil elementos, los cuales se desempeñan en labores de prevención, proximidad social y de protección de los flujos productivos, así como de Áreas Naturales Protegidas.

El Quinto Informe enumera las acciones que han llevado a cabo, pero no ofrece un balance del impacto que éstas tuvieron en la disminución de la violencia, en un año en el que la incidencia delictiva se agravó.

Desde su creación en agosto de 2014 a junio de este año, la Gendarmería Nacional desplegada en 30 estados realizó 32 mil 301 acciones de proximidad social a través de visitas a escuelas, actividades culturales, talleres y conferencias; mil 771 reuniones de vinculación empresarial, y 11 mil 532 acciones de seguridad en protección de los ciclos productivos, así como 177 mil 430 acciones táctico-operativas “de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden público en 27 estados de la República, en los cuales resultaron en la puesta a disposición y presentación de mil 785 personas ante la autoridad competente, así como 3 mil 791 personas por faltas administrativas.

Un SNA rengo

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) arrancó operaciones el 19 de julio sin el nombramiento de un fiscal y magistrados en especializados en la materia. Pese a contar con más de un año para su implementación a nivel local hubo notables rezagos en cuanto a la legislación y operación de sistemas locales anticorrupción, los casos de Chihuahua y Veracruz fueron los más emblemáticos, pues ni siquiera diseñaron una propuesta. Mientras que en otros ocho estados se diseñaron leyes “regulares”.

De acuerdo con el rubro “Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana” del V Informe, en materia anticorrupción, de septiembre de 2016 a junio de 2017, se realizaron a nivel central 60 actos de fiscalización a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los que se determinaron 184 observaciones por un monto irregular de 2,964.4 millones de pesos.

También se turnaron a las autoridades competentes 20 informes de presunta responsabilidad, 14 denuncias de hechos, y dos vistas por presuntas faltas administrativas atribuibles a servidores públicos.

Largo camino a la consolidación

Para una adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2017 el informe enumera las acciones para lograr la profesionalización de los operadores del sistema que ya cumplió un año de su implementación, entre las que destaca el Programa Integral de Capacitación para Agentes del Ministerio Público Federal, Peritos y Policías Federales Ministeriales, de un total de ocho mil 937 servidores públicos.

Sin embargo, en voz de María de los Ángeles Fromow Rangel, quien fuera la responsable de coordinar todos los recursos y esfuerzos en el país para poner en marcha este nuevo modelo, desde la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), así como de Rommel Moreno Manjarrez, otro de los articuladores del sistema, desde la Unidad para la Implementación de la PGR, quienes en entrevistas con ejecentral reconocieron que el largo trayecto para la consolidación del sistema podría demorar más de 20 años, debido a que los esfuerzos en cuanto a capacitación y profesionalización de los operadores carece de un modelo de seguimiento y medición de su avance, además de que los 21 mil millones de pesos que se destinaron para su aplicación resultan deficientes respecto al rango de 60 mil a 200 mil millones que según los cálculos de la Setec se requerían para la adecuada implementación y consolidación del paradigma.

De acuerdo con el primer diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en la consolidación del sistema hay notables carencias en cuanto a capacitación, infraestructura y sistemas de tecnología, donde las entidades de Oaxaca, Sonora e Hidalgo resultan las de mayor rezago.

Seguridad, el gran pendiente

El 30 de agosto de 2016, el presiente Peña Nieto anunció la puesta en marcha de una estrategia de seguridad focalizada en los 50 municipios del país con los mayores índices de homicidios dolosos. A un año de dicha encomienda, las muertes violentas no disminuyeron y en algunos casos despuntaron, al igual que la incidencia de otros delitos de alto impacto.

“En 2016 los homicidios dolosos disminuyeron 3.6% respecto a 2012. De enero a junio de 2017 este delito se redujo 2.4% con relación al mismo periodo de 2012 y 0.6% respecto a 2016”, sostiene el informe. Pero las estadísticas con base en las investigaciones abiertas en cada fiscalía y procuraduría del país reflejaron lo contrario, y fue precisamente 2016 el año en el que se registró un incremento del 13.47% en la cantidad de averiguaciones previas o carpetas de investigación que se abrieron por homicidio doloso en comparación con las de 2013. Y un aumento del 21.60% con respecto a los registros de 2015.

De seguir con una tendencia de 2 mil 27 expedientes, y un rango por encima de las 2 mil 300 víctimas cada mes, el delito de homicidio intencional en México podría alcanzar en este 2017 su máximo histórico, al acumular al termino del año un registro de más de 24 mil expedientes. Ya desde el año pasado el fenómeno del asesinato rompió el record de casos desde 1997 cuando se inició con el registro de la incidencia delictiva en el país.

Carpetas de investigación por homicidio doloso nacional Año Aumentó

20,546 2016 21.60%

16,895 2015 8.85%

15,520 2014 Bajó 16.66%

18,106 2013

Víctimas del delito

Muestra de que los homicidios se han convertido en el talón de Aquiles de esta administración, con un promedio de 19 mil 700 personas asesinadas en los últimos tres años, resulta que en 2016 se registró un histórico aumento del 32.47% en la cantidad de personas asesinadas en comparación con 2014, cuando inició el registro de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión a nivel nacional.

La tenencia en este 2017 refleja que en el país son asesinadas 2 mil 307 personas, y otras mil 498 mueren en causas incidentales.

2014 2015 2016 enero-julio 2017

17,336 víctimas de homicidio doloso 18,673 22,965 16,152

18,607 víctimas de homicidio culposo 17,558 16,878 10,492

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