El elemento más importante para la calidad educativa es el docente. De ahí que los procesos de formación inicial, selección y capacitación continua sean pilares de cualquier sistema educativo. En la presente administración, que prometió revalorar al magisterio, se han tomado decisiones que afectan directamente a esos tres procesos. Si no se corrigen esas deficiencias, la herencia de este gobierno puede verse dolorosamente reflejada en un descenso sensible en la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
En 2007, la consultora McKinsey publicó un reporte que comparó las experiencias de 25 sistemas educativos exitosos (“Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos”, McKinsey, 2007). El llamado Reporte McKinsey, que tuvo una muy amplia difusión internacional, señalaba que esas experiencias exitosas le dieron importancia a tres aspectos: 1) conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia; 2) desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes, y 3) garantizar que el sistema brinde la mejor instrucción posible a todos los niños.
En suma, el reporte subrayaba que “la evidencia disponible sugiere que el principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar es la calidad de los docentes”.
Una gran virtud de este planteamiento es que trata de elementos que son deseables para docentes y familias: los aspirantes a una plaza valoran la igualdad de oportunidad y la transparencia de los procesos; los docentes demandan opciones de formación continua de calidad; las familias desean que sus hijos sean atendidos por el mejor maestro disponible.
Una estrategia de revaloración docente es apuesta segura si se construye con base en la escucha al magisterio y la evidencia. Sin embargo, en México las acciones recientes parecen apuntar en sentido inverso: se ha disminuido sensiblemente el presupuesto para la formación inicial y continua de los docentes, además de que se han diluido los mecanismos de selección y promoción magisteriales que se habían establecido en la reforma de 2013.
Las normales públicas del país recibirán en 2021, además de su asignación para cubrir la nómina, un total de
149
millones de pesos. Esta cantidad representa una disminución de
66%
con respecto a los
440
millones que recibieron en 2020, y de
74%
si se compara con el presupuesto de 2018, último de la administración anterior. La formación continua, por su parte, recibirá
240
millones en 2021, una cantidad que representa la séptima parte del presupuesto de esas tareas en 2018, y que equivale a una asignación de menos de 150 pesos, para todo el año, a cada docente de educación básica y media superior del país. ¿Qué tipo de formación puede ofrecerse con estos recursos?
›En cuanto a los mecanismos de selección y promoción docente, la reforma educativa del sexenio pasado logró avances históricos: hacer obligatorios los concursos de oposición como medio para obtener una plaza o promoción en el sistema educativo público; la asignación de más de 172 mil plazas por concurso, y que las mujeres hayan obtenido la mayoría de las posiciones directivas de educación básica por primera vez.
Los procesos requerían ciertamente revisarse y mejorarse, pero habían emparejado el piso a los candidatos, lo que generó certidumbre y permitió contratar a los mejores perfiles en cada estado. De ahí que la evaluación para el ingreso y la promoción docente contaran con buenos niveles de respaldo entre el magisterio (dos tercios de los maestros a favor, según encuestas estatales); en tanto que el rechazo se concentraba en la evaluación de desempeño, que condicionaba la permanencia docente a la acreditación de evaluaciones periódicas.
Los nuevos mecanismos de selección y promoción de maestros, puestos en marcha en 2019, sustituyen la evaluación obligatoria por procesos que cada autoridad estatal determina. En la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que reemplazó a la Ley del Servicio Profesional Docente, la evaluación de los aspirantes a una plaza se sustituye por un proceso cuya definición se deja, también, a juicio de cada autoridad estatal. Para esta Ley, “Los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta, como parte de este proceso (el de admisión),
comprenderán, entre otros: Un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para
lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional
de la prestación de los servicios educativos…” (Art. 39 Párrafo V). Una condición similar se establece para los procesos de promoción a plazas directivas y de supervisión.
La falta de precisión deriva en que cada estado haga su propia interpretación. Los efectos son claros: algunas entidades federativas llevan a cabo procesos de admisión muy serios, en tanto que otras han vuelto a prácticas totalmente ajenas a la racionalidad académica.
En la formación de docentes no estamos apuntando hacia donde indica la evidencia. Podemos tener muy buenos prospectos en las normales, pero la formación que ahí reciben se ha visto afectada; podemos contar en las escuelas con miles de maestros con gran vocación, pero no hay recursos para apoyar su capacitación y actualización; podemos crear muchas plazas nuevas, pero no necesariamente serán ocupadas por los mejor preparados. Y si no impulsamos la calidad educativa, tampoco estamos valorando a los docentes como profesionales de la educación que son.
Tiempos extra
La calidad educativa carece de señales oportunas de alerta. A diferencia de otras áreas del poder público, los aciertos y errores sólo pueden valorarse a mediano y largo plazo. Ante la dificultad para aplicar pruebas estandarizadas y la suspensión de PISA, la prueba internacional de la OCDE, probablemente conoceremos los primeros efectos de las actuales políticas en la calidad educativa hacia el final del presente sexenio.
No ocurre lo mismo con temas de asistencia y permanencia escolares. Ahí contamos con los sistemas de control escolar que pueden identificar desde ahora cuántos y quiénes han dejado de tener actividad académica. Las primeras cifras disponibles son alarmantes, especialmente en secundaria. Hay que actuar en lo inmediato para identificar y reincorporar a quienes están en riesgo de abandonar la escuela.