Si bien el abasto de medicamentos en México, en términos generales, mejoró en 2022 con respecto a 2021 (aunque sin alcanzar los niveles que se tenían antes de la actual administración), en 2023 la tendencia es, por lo pronto, a que otra vez se reduzca la disponibilidad, tanto por el problema con psicofármacos como por la incertidumbre en torno al desempeño del IMSS-Bienestar en sustitución del Insabi.
De acuerdo con la organización Cero Desabasto, que esta mañana presentó su informe anual, en 2022 no se surtieron efectivamente 15 millones 252 mil recetas en los principales subsistemas de salud (IMSS, ISSSTE, Pemex, IMSS-Bienestar, Sedena y Semar).
Este número es menor a los 24 millones de recetas que no se surtieron efectivamente en 2021 e incluso a los 18.3 millones de 2020; sin embargo, es casi tres veces más grande que los 3.2 millones de recetas que no se surtieron efectivamente en 2018.
Andrés Castañeda, dirigente de la organización, destacó en la presentación del informe, (mismo que coordinó junto con Frida Romay), que en 2022 hubo importantes diferencias en el abasto de medicamentos entre las entidades federativas, y señaló que hay casos muy preocupantes, como Aguascalientes, donde el surtimiento de recetas completas es de apenas 33.2%, Chihuahua, donde este indicador está en 30.9 por ciento.
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En contraste, el año pasado la Ciudad de México tuvo 81.1% de surtimiento, Tlaxcala el 80.2% y Guerrero el 76%, mientras que Baja California Sur, Michoacán, Colima, Nuevo León, Querétaro, Puebla y Baja California, tuvieron porcentajes de surtimiento por encima del 50 por ciento.
Otra forma de contabilizar el desabasto es posible porque, ante la falta de medicinas y otros insumos para la salud, los pacientes interpusieron mil 602 juicios de amparo en 2022, en comparación con los dos mil 307 de 2021 y los mil 92 de 2020, y en contraste con los 220 de 2018.
Al presentar los datos, Romay señaló que los datos sólo reflejan a la población que tiene la posibilidad de interponer un amparo, que es una minoría, ya que no es fácil acceder a este recurso, en especial para la población más vulnerable.
Por su parte, Lourdes Morales Canales, investigadora del Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, señaló que, de acuerdo con el análisis de 25 auditorías, tanto el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) tuvieron una multitud de malas prácticas de compras de medicamentos e insumos para la salud, y seguramente también en la distribución.
Castañeda agregó que la sustitución del Insabi por el IMSS-Bienestar genera incertidumbre, ya que esta institución no tiene experiencia en compra de medicamentos y sus reglas y constitución apenas se están escribiendo en este momento.
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