En conferencia de prensa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa obstaculizando la investigación respecto a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Carlos Beristain, especialista del GIEI, indicó que pese a tener evidencia de que la Sedena tiene información sobre el caso, la dependencia federal lo ha negado reiteradamente.
Beristain afirmó que desde hace dos años el GIEI ha tenido un conocimiento parcial de la información proporcionada por la Sedena.
“También de la información que no se ha dado y que sí está en los archivos. Lo que muestra es que hay más información, sabemos en qué tipo de documentos está, sabemos algunos de los lugares, por los menos hasta ahora, en los que estaba esa información y no se ha proporcionado, se ha negado que exista”, destacó.
El experto del GIEI señaló que tuvieron conocimiento de una investigación interna de parte de la justicia penal militar y que hubo múltiples declaraciones de las cuales “no tenemos acceso, ni se ha reconocido ninguna información sobre eso, y sabemos que existe”.
Otra información que no ha sido proporcionada es la que tiene que ver con las interceptaciones telefónicas, de la cuales Beristain afirmó que tienen conocimiento de que la Sedena ha hecho análisis de ellas, pero la respuesta sigue siendo que la dependencia no hace ese tipo de acciones, aunque presentaron las pruebas que demuestran lo contrario.
De acuerdo con las filtraciones y las propias investigaciones del GIEI, estiman que la Sedena tiene en su poder entre 80 y 90 documentos relevantes para el caso Ayotzinapa; sin embargo, señalaron que cuentan con un documento oficial en el que se da la orden de “no proporcionar más información”.
Añadieron que un testigo confirmó que parte de la documentación del caso “ha sido sacada de donde estaba y ha sido llevada a otro lugar, conocemos el lugar y hemos dado aviso al presidente de esas circunstancias y la respuesta que se ha dado es que no es cierto y que quien esté dando esa información habría que investigarlo”.
Durante su participación, Ángela Buitrago, experta del GIEI, recalcó que no se han cumplimentado todas las órdenes de aprehensión, incluidas las de algunas personas que siguen trabajando como funcionarios públicos.
Aunque celebró los avances en la judicialización de Jesús Murillo Karam y la posible reactivación de las 21 órdenes de aprehensión desactivadas en agosto de 2022; Ángela Buitrago lamentó que funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sigan sin ser detenidos.
“No se han realizado las capturas de funcionarios que son responsables de los hechos, a pesar de estar identificados y ubicados”.
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