Como si fuera una caja registradora y que entrega recursos a diferentes programas y dependencias, la Secretaría de Agricultura debe explicar el destino de mil 246.2 millones de pesos.
De acuerdo con la tercera entrega de la fiscalización al ejercicio 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) localizó irregularidades en la dependencia encargada del campo mexicano.
Según la matriz de datos de la ASF, en el rubro de desarrollo social, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tiene pendiente por aclarar 205 millones 515.7 mil pesos.
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En la parte de desarrollo económico tiene que esclarecer el destino de 417 millones 585.8 mil pesos.
De los recursos que están a su cargo al interior, conforme a los hallazgos en la auditoría, debe explicar 205 millones 515.7 mil pesos. Asimismo, de los recursos que dio a Diconsa por la adquisición de bienes y prestación de servicios, la Secretaría de Agricultura tiene un problema que debe resolver por 116 millones 441.2 mil pesos.
Pero hay más y más onerosos
De manera menos onerosa, de los recursos que dio al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias está obligado a esclarecer 302.7 mil pesos. En la parte de la auditoría de tecnologías de la información y comunicaciones, el órgano agrario del gobierno debe explicar los recursos por 11 millones 128.9 miles de pesos.
De las partes más onerosas por explicar, está el Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Componente Fomento a la Agricultura y los Proyectos Estratégicos Operados por la Coordinación General de Agricultura, ya que en este rubro hay anomalías por 111 millones 875.9 mil pesos.
Y la otra es por 177 millones 854.3 mil pesos en recursos entregados a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para la adquisición de bienes y prestación de servicios, que fueron detectados en cumplimiento de una auditoría forense.
Al interior, las dependencias y programas que emanan de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural al parecer tienen un alto grado de caer en malas prácticas que podrían, de no ser aclaradas, abrir la puerta de actos de corrupción, ya que no se están tomando las medidas y recomendaciones necesarias para seguir la normatividad y registros de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos.
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