Hasta el momento, el número de expresidentes que están en la mira de las autoridades en América Latina por el caso de corrupción de la constructora Odebrecht es de al menos nueve. En abril de 2015, Odebrecht celebraba el título de mayor constructora en latinoamericana. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Toda esa historia de éxito se ha desplomado como un castillo de naipes con el inicio de las investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava Jato En Brasil, el encarcelamiento del ex gobernante Lula da Silva es el mayor símbolo que encierran las investigaciones. El histórico líder del PT ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un departamento reformado por OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega que haya recibido el departamento o actuado a favor de la compañía. El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre temas de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio Odebrecht reveló información que generó otros juicios contra Lula, en los que el ex presidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casa quinta en Atibaia, ciudad del interior de Sao Paulo en que la empresa es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa dice que la casa quinta no está registrada a su nombre y niega que haya cometido delitos. En relación con el otro caso, dice que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación. Las denuncias de Odebrecht han implicado a todos los ex presidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de 30 millones de reales (7.3 millones de dólares) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht. Por su parte, en Perú, cuatro ex presidentes son investigados por sospechas de corrupción. Alejandro Toledo es acusado de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora por la obra de la Carretera Transoceánica. Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea de metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta ninguna restricción judicial. El único que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Él estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes de que la justicia revocara la medida a fines de abril. Pedro Pablo Kuczynski fue el único en perder su cargo en ejercicio. Renunció en marzo, también bajo sospecha de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y tuvo sus bienes confiscados. En Colombia, las investigaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al ex presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas del 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción. Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El ex ministro de Transporte Gabriel García Morales fue condenado por recibir 6.5 millones de dólares de la constructora. Hay dos denuncias contra el ex gobernante ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un congresista. El ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre del 2017, a seis años de prisión y a pagar una indemnización de 7.5 millones de dólares. Está acusado de recibir 3.5 millones de dólares de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío, según la acusación. Acusado de recibir 1.5 millones de dólares de la constructora en su campaña para la presidencia en el 2008, el ex presidente de El Salvador Mauricio Funes está exiliado en Nicaragua. Viajó allí después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver, junto con su hijo, 419 mil dólares a las arcas públicas. Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o ex mandatarios, aunque se citan transferencias irregulares de Odebrecht a políticos de esos países. En el caso particular de Venezuela, la justicia oficial no ha emitido ninguna condena relacionada con el caso Odebrecht. Sin embargo, el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, dictaminó, el pasado 15 de agosto desde Bogotá, Colombia, que el presidente Nicolás Maduro era culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales y lo condenó a cumplir 18 años y 3 meses de cárcel, a pagar una multa de 25 millones de dólares y a resarcir 35 mil millones de dólares al Estado. Las acusaciones fueron promovidas por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, también en el exilio, quien señaló a Maduro de haber adjudicado a Odebrecht obras sin licitación, cuando se desempeñaba como canciller durante el gobierno de Hugo Chávez. También lo acusó de haber solicitado de la empresa brasileña 50 millones de dólares para la campaña presidencial de 2013, a cambio de “trato preferencial”. Aunque la condena fue acogida por la AN, el presidente del Parlamento venezolano, Omar Barboza, la calificó como “no ejecutable” por la ausencia de Estado de derecho en el país.
(Con información de El Universal) NM