Este martes, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH por sus siglas en alemán) confirmó que se recaudarán más de tres millones de euros de la empresa Heckler & Koch por suministrar de armas a las provincias mexicanas con problemas de narcotráfico.
Dos exempleados también han sido condenados a libertad condicional. Sin embargo, los jueces de Karlsruhe no ven ninguna base para aplicar la más estricta Ley de Control de Armas de Guerra.
De 2006 a 2009, el fabricante de armas Oberndorf vendió más de 4.200 rifles de asalto G36, incluidos accesorios, a México por alrededor de 3,7 millones de euros.
Debido a que la ley alemana impide que los fabricantes de armas le vendan a países que tiene problemas con violaciones de derechos humanos, como México, la empresa alemana decidió, astutamente, nombrar como destinatarias de manera falsa a las provincias que no eran críticas. De hecho, la agencia mexicana de adquisiciones vendió las armas a áreas sensibles.
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Cabe mencionar que, en 2019, el tribunal de distrito de Stuttgart condenó a un exgerente de ventas y a un ex secretario por estas prácticas. Otros tres acusados, incluidos dos ex directores generales, fueron absueltos.
Durante la audiencia, dos hombres que supuestamente diseñaron el sistema no estaban en la corte: uno murió en 2015, el otro, según su abogado, está demasiado enfermo para viajar desde México.
La fiscalía esperaba un castigo más severo para la empresa alemana, pero la defensa de Heckler & Koch argumentó que los permisos emitidos no se limitan a determinados estados.
Esto solo es el resultado de las llamadas declaraciones de uso final que presentó México durante el proceso de aprobación. Por tanto, las exportaciones se aprobaron exclusivamente sobre la base de papel. Y la obtención de permisos por sí sola solo es punible en virtud de la Ley de Comercio Exterior y no se mencionó en la Ley de Control de Armas de Guerra.
En el veredicto, el juez presidente Jürgen Schäfer afirmó que no es tarea del tribunal cambiar la ley, sino de los legisladores.
Ahora queda en duda sí la empresa pagará la totalidad de los 3,7 millones de euros, debido a que casi 700.000 euros de esta proceden de un negocio de armas que ya está prescrito.
Hubert Gorka, abogado de Heckler & Koch, dijo que no se podría haber dicho la última palabra sobre el total a pagar hasta que se pudiera comprobar en el proceso de ejecución. Para la gerencia, las violaciones de los empleados individuales eran “inevitables e irreconocibles”.
El director ejecutivo Jens Bodo Koch declaró que, como proveedor de fuerzas de seguridad en la OTAN y la UE, Heckler & Koch defiende “la protección de la democracia y el estado de derecho”. “Vemos que la reciente decisión de BGH confirma nuestra política corporativa de establecer los más altos estándares en la selección, gestión y supervisión de nuestros empleados en todos los niveles con el fin de prevenir o contrarrestar los pasos en falso”. DJ
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