Hace unos días, Fernanda Montes de Oca, una médica oriunda de la Ciudad de México, relató en X cómo descubrió que su departamento aparecía como disponible para renta en la plataforma EasyBroker, donde los estafadores utilizaban fotografías reales del inmueble que ella había tomado cuando anteriormente lo alquilaba mediante Airbnb. Lejos de ser un caso aislado, se trataba de un esquema de fraude cada vez más habitual. La usuaria confirmó que su propiedad está ocupada por una amistad de confianza, pero el anuncio en internet ofertaba el espacio con datos exactos y descripciones idénticas a las originales para enganchar a inquilinos incautos.
El caso documentado en la colonia Condesa ilustra a la perfección el modelo delictivo de los «montarentas». Los criminales extraen imágenes de sitios legítimos o incluso rentan una propiedad por un fin de semana para fotografiarla desde todos los ángulos. Posteriormente, difunden estos espacios en grupos cerrados de Facebook, Marketplace o los infiltran en portales inmobiliarios de gran alcance como Inmuebles24 y Mercado Libre. La trampa se nutre de la crisis de vivienda: ofrecen rentas muy por debajo del valor real en zonas de alta plusvalía. Al captar a una víctima desesperada por encontrar un techo accesible, generan un sentido de urgencia artificial. Exigen transferencias bancarias bajo el concepto de «apartado» o como requisito ineludible para mostrar el departamento. Una vez que reciben el pago, bloquean el contacto y desaparecen.
Los datos duros
El impacto de este mercado negro resulta alarmante. Cifras de la Policía Cibernética de la Ciudad de México revelan que tan solo en los primeros tres meses de 2026 se detectaron 347 fraudes bajo esta modalidad. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia capitalina acumula 1,225 carpetas de investigación por delitos relacionados con estafas inmobiliarias entre 2025 y el año en curso. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia advierte que el 75% de los intentos de fraude se concentra en operaciones de renta dentro de colonias de alta demanda, como Roma, Condesa, Del Valle, Narvarte y Escandón. A nivel macro, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señala que el sector pierde cientos de millones de pesos anuales a causa de estas redes de extorsión.
La tibieza corporativa
El problema de fondo recae en la arquitectura de las propias plataformas. Sistemas como EasyBroker funcionan como herramientas útiles para miles de asesores, pero sus protocolos de verificación de titularidad resultan insuficientes. La moderación opera de manera reactiva; los anuncios fraudulentos se eliminan únicamente cuando los propietarios legítimos descubren el robo de su patrimonio y levantan un reporte. Los delincuentes clonan perfiles, usurpan identidades de agentes inmobiliarios reales y aprovechan las lagunas de seguridad de estos portales para dotar a sus crímenes de una apariencia de legitimidad. La falta de filtros estrictos permite que los ecosistemas digitales operen como escaparates impunes.
Frente a la inacción preventiva de los portales tecnológicos y la lentitud burocrática de las autoridades, la protección recae enteramente en el ciudadano. La regla de oro es inquebrantable: jamás transferir dinero, entregar anticipos ni firmar documentos antes de visitar físicamente el inmueble y comprobar la identidad legal del arrendador. Un precio irreal en una alcaldía codiciada no representa una oportunidad única, sino la antesala de un robo. Urge exigir regulaciones más severas para los portales de clasificados.
