La crisis ambiental que enfrenta la Ciudad de México exige mucho más que discursos y buenas intenciones: requiere políticas públicas capaces de transformar nuestros problemas en oportunidades para construir una ciudad más justa, sostenible y resiliente. Y una de esas oportunidades está precisamente en unir dos causas que durante mucho tiempo se han abordado por separado: la protección del medio ambiente y el derecho al trabajo digno. La Ciudad de México ha experimentado décadas de crecimiento urbano que han dejado profundas huellas en su territorio. Ríos entubados, barrancas deterioradas, pérdida de áreas verdes, contaminación de cuerpos de agua y una creciente generación de residuos son parte de una problemática que compromete nuestro equilibrio ecológico y la calidad de vida de millones de personas.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la capital genera diariamente más de 12 mil toneladas de residuos sólidos. Esta realidad evidencia la dimensión del desafío que enfrentamos, pero también la cantidad de actividades productivas que pueden desarrollarse alrededor de la separación, recuperación, aprovechamiento y transformación de los residuos mediante esquemas de economía circular. Frente a este panorama, debemos entender que restaurar el patrimonio natural también representa una oportunidad económica y social. Recuperar un río requiere especialistas en saneamiento, trabajadores capacitados, técnicos ambientales, personal de mantenimiento, biólogos y brigadas de restauración.
Lo mismo sucede con la recuperación de barrancas, humedales, bosques urbanos y espacios públicos. Nuestra ciudad tiene una deuda histórica con sus ecosistemas. Los ríos La Piedad, Tacubaya, Becerra y Magdalena, así como Canal Nacional, representan espacios donde la recuperación ambiental debe convertirse en una prioridad. No podemos resignarnos a que nuestros cuerpos de agua sean recordados únicamente como vestigios de lo que alguna vez fue nuestro territorio.
La propia SEDEMA reconoce la importancia estratégica de las barrancas para la recarga de los mantos acuíferos, la regulación del ciclo hidrológico, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad. Además, en marzo de 2026 informó que su programa de monitoreo de biodiversidad había registrado 64 especies en distintas áreas de valor ambiental, de las cuales 56 por ciento son nativas. Estos espacios no son terrenos disponibles para el abandono: son infraestructura natural indispensable para la ciudad. Por eso, desde el ámbito legislativo debemos impulsar alternativas que permitan atender simultáneamente la emergencia ambiental y las necesidades económicas de las familias capitalinas.
La iniciativa que presenté ante el Congreso de la CDMX para reformar la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México propone precisamente esa visión mediante la creación de un Programa de Empleo y Restauración Ambiental, que vincule la capacitación, la certificación de competencias y la incorporación laboral con proyectos de recuperación ecológica. Se trata de abrir oportunidades de empleo formal en actividades como el saneamiento de ríos, la restauración de áreas verdes, la captación de agua de lluvia, el tratamiento de residuos, la economía circular y la conservación de la biodiversidad.
Pero hay algo fundamental: el empleo ambiental no puede confundirse con voluntariado ni con trabajo gratuito. Quienes contribuyan a recuperar nuestros ecosistemas deben recibir una remuneración digna, condiciones laborales adecuadas y acceso a la seguridad social conforme a las disposiciones aplicables. También debemos garantizar que estas oportunidades lleguen a mujeres, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria.
La transición ecológica debe ser incluyente y convertirse en una herramienta para reducir desigualdades. La coordinación entre las secretarías de Trabajo, Medio Ambiente, Gestión Integral del Agua, Obras y Servicios, Desarrollo Económico y las alcaldías será indispensable, así como la colaboración con universidades, centros de investigación, empresas y cooperativas. La Ciudad de México necesita dejar atrás la idea de que proteger la naturaleza representa un gasto y comenzar a reconocerlo como una inversión en bienestar, salud, desarrollo económico y futuro.
Porque recuperar nuestros ríos también significa recuperar oportunidades; restaurar nuestras barrancas significa fortalecer nuestra seguridad hídrica; y conservar nuestras áreas verdes significa construir una ciudad más habitable para las próximas generaciones.
