AMLO: es “pecado social” defender privilegios en PJ

La guerra la inició desde su llegada al poder, pero la escaló el 2 de enero de este año, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligieron a Norma Lucía Piña como su presidenta. Cada ataque intensificaba la situación, pero fue hasta este miércoles que se sintió los efectos: el Poder Judicial llamó a paro nacional.

El último golpe lo asestaron los diputados, integrando así al Poder Legislativo en la batalla de dos contra uno. La Cámara baja aprobó la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial —que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, costeaban lujos de jueces, magistrados y ministros—, y el dictamen fue turnado al Senado de la República, quien dio entrada y envió a comisiones, pero no a todas, pues Morena y aliados evitaron que sea discuido en la Comisión de Justicia.

El denate llevó a trabajdores del Poder Judicial en todo el país a manifestarse en contra de la eliminación de fideicomisos que, afirman, afecta a los 55 mil 800 trabajadores, entre ellos los derechos de jubilados y pensionados; los afectados dijeron que realizarán un paro nacional de seis días, hasta el 24 de octubre, cuando inicia el parlamento abierto para discutir el Presupuesto 2024.

“La extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras”, señalaron la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Asimismo, aclararon que los fideicomisos por más de 15 mil millones no están creados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro, y que ninguno está destinado para uso para fines distintos a los establecidos en su creación.

Un “pecado social”

El presidente López Obrador calificó de “pecado social” la defensa de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación en medio de protestas que se han registrado a lo largo del país por parte de los trabajadores judiciales, quienes señalan una afectación directa a sus derechos laborales.

En la conferencia de este martes, el mandatario consideró que sus manifestaciones resultan injustas, ya que defienden los “privilegios” de los servidores públicos de alto nivel y cuestionó a quienes justifica mantenerlos con sus numerosas atenciones y beneficios.

“Es lamentable que estas cosas se estén expresando o manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios?”, enfatizó.

En este sentido, argumentó que no le preocupa si hacen huelga los servidores públicos adscritos al Poder Judicial y paran sus labores, pues al menos así no saldrán delincuentes del “crimen organizado” y de “cuello blanco”.

Orden constitucional

El presidente López Obrador se mostró preocupado debido a que advierte que legisladores del Partido Acción Nacional presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular la cancelación de los fideicomisos, lo cual implica que el Poder Judicial sería “juez y parte” al decidir sobre los privilegios que intentan preservar.

Hizo una llamado a los abogados constitucionalistas del país, especialmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que analicen, y se pronuncien cuando sea el momento, sobre la constitucionalidad de la resolución de un caso así; también pidió analizar “si no se va a romper el orden constitucional con lo que van a hacer”.

Los 13 fideicomisos anulados por el Legislativo representan una suma significativa de 15 mil millones de pesos. López Obrador propuso que estos fondos podrían destinarse a otorgar becas por un año a 2 millones de niños en situación de pobreza que cursan educación básica. Alternativamente, sugirió distribuir equitativamente 400 millones de pesos a cada una de las 32 entidades del país para proyectos de obras públicas.

El Presidente también destacó la brecha salarial existente en el Poder Judicial, señalando que un ministro de la Corte gana 43 veces más que el salario promedio de un trabajador inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con un salario de 700 mil pesos mensuales en comparación con el promedio de 16 mil pesos al mes.

Por este motivo, propuso exponer el tamaño del patrimonio que tienen los altos funcionarios del Poder Judicial, “dónde viven (y) qué tienen (como propiedades), porque ni siquiera con esos sueldos logran tener las mansiones que tienen algunos”.

Trabajadores del Poder Judicial protestaron en la Ciudad de México para inconformarse por la extinción de fideicomisos y recortes presupuestales.

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