¿Hasta dónde llegará la presión de Estados Unidos hacia México por el narcotráfico? Persisten temores de escenarios extremos para la relación bilateral, como una intervención unilateral que puede alcanzar situaciones desastrosas. Hoy, la presencia estadounidense en territorio mexicano es un hecho mediante inteligencia de alta gama y operaciones sutiles orientadas a su propia seguridad nacional.
El pasado 15 de septiembre, el presidente Donald Trump envió al Congreso la “Determinación Presidencial sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027". En este informe, México fue incluido en una lista de 23 naciones. Aunque el señalamiento es menos severo que el de países como Afganistán, Birmania, Bolivia o Colombia —acusados de no realizar esfuerzos sustanciales—, a México se le exige un mayor compromiso.
La “Determinación Presidencial” toma en cuenta factores geográficos, comerciales y económicos, y no solo los esfuerzos gubernamentales contra las drogas y su coordinación con Estados Unidos. El documento reconoce avances de la mandataria mexicana en la incautación de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, el despliegue militar en la frontera y la cooperación con Estados Unidos para neutralizar capos, incluido El Mencho.
Sin embargo, toca una fibra sensible al acusar la infiltración del crimen organizado en los más altos niveles políticos. Esto provocó una respuesta enérgica de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el texto demanda exponer, arrestar y enjuiciar a los funcionarios públicos que colaboran con los cárteles. Washington agrega que México debe aplicar medidas adicionales contra las organizaciones que controlan regiones enteras, aumentar las inspecciones en puertos de entrada e incrementar la inversión en sus fuerzas de seguridad.
Ante esto, la presidenta Sheinbaum respondió exigiendo cuentas a Washington sobre el combate al narcotráfico dentro de sus fronteras, el contrabando de armas hacia México y la crisis de consumo de opioides derivada de recetas médicas legales. Sostuvo que el país no necesita juicios externos: “Sabemos cuáles son nuestros problemas, actuamos diario y damos resultados”, sentenció.
Paralelamente, el Departamento de Estado exige la entrega y extradición de figuras políticas vinculadas al narcotráfico. Esta embestida choca con la resistencia de México, que argumenta que dichos procesos corresponden únicamente a su marco constitucional, lo que tensa los canales diplomáticos. Este informe recuerda que Washington no cederá y que existen temas pendientes para eventuales extradiciones.
Su postura responde a la seguridad de una frontera de tres mil kilómetros, pero también a variables políticas internas ante las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre. Reportes apuntan a que el Partido Demócrata podría recuperar la Cámara de Representantes, mientras que el control del Senado se disputa voto a voto. La pérdida de las mayorías parlamentarias debilitaría la capacidad legislativa de la administración Trump, afectada por la inflación y los conflictos internacionales. Un mal resultado no disminuiría la presión sobre México; al contrario, el mandatario recurriría con más fuerza a facultades ejecutivas unilaterales, como aranceles o decretos de seguridad, volcando su atención a la frontera de cara al resto de su mandato.
El reto para México radica en que debe haber voluntad real para confrontar al crimen organizado, alejándose de la acostumbrada retórica y sin subordinar sus instituciones a una Casa Blanca dispuesta a ganar la batalla narrativa y operativa. En un escenario donde el narcotráfico seguirá utilizándose como herramienta de presión electoral en Washington, la soberanía mexicana dependerá de la eficacia de sus propias políticas públicas y política exterior. Solo una estrategia interna sólida y transparente permitirá encarar el desafío de la seguridad sin ceder ante las imposiciones ni los vaivenes políticos del país vecino.
