La seguridad no se mide únicamente en operativos, detenciones o reducción de homicidios. También se prueba cuando el Estado puede identificar a quienes murieron y devolverlos a sus familias. La pregunta es cómo convertir los avances en seguridad en una capacidad forense que no deje a miles de personas sin nombre. La respuesta pasa por completar el círculo: buscar, identificar y restituir.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con corte al 7 de septiembre de 2026, 132 mil 092 personas continuaban reportadas como desaparecidas o no localizadas. Pero el problema también está en quienes ya fueron encontrados y siguen sin identidad. Se trata de personas fallecidas que ya fueron recuperadas, pero todavía no tienen nombre.
Esto significa que puede haber familias que continúan buscándolas sin saber que sus seres queridos ya se encuentran en los servicios forenses. Estimaciones de organizaciones civiles han ubicado en hasta 79 mil los cuerpos sin identificar, aunque no existe un registro estatal único y actualizado en tiempo real que permita conocer con exactitud el tamaño del rezago.
Los datos del Inegi muestran la presión cotidiana sobre el sistema. Durante 2025 ingresaron 97 mil 920 cadáveres a la FGR y a los servicios forenses estatales, un promedio de 268 al día. En términos sencillos, fue como recibir un cuerpo cada cinco minutos y medio durante todo el año. Egresaron 90 mil 445 identificados y 6 mil 502 no identificados. Al cierre del año permanecían almacenados 10 mil 878 cadáveres. No se trata solo de estadísticas: cada cuerpo sin nombre representa una familia que permanece en la incertidumbre.
Hay otra dimensión que no debe perderse de vista. Entre 2006 y 2023 se documentaron en México más de 5 mil 600 fosas clandestinas. Aunque este registro no representa un inventario actualizado en tiempo real, sí muestra que la tarea forense no se limita a los anfiteatros: también implica recuperar restos, preservar evidencias y reconstruir identidades en territorios donde la violencia dejó huellas difíciles de procesar.
La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum no parte de cero. Las reformas publicadas en 2025 crearon la Plataforma Única de Identidad, concebida para interconectar registros y realizar consultas permanentes que apoyen la búsqueda, localización e identificación. La revisión de la información detectó actividad posterior al reporte en más de 40 mil registros, lo que abrió nuevas rutas de localización.
A esa herramienta se suman más capacidades institucionales. La Comisión Nacional de Búsqueda y la Red Nacional de Buscadores cuentan con 354 especialistas distribuidos en 26 entidades. Además, se autorizaron 643.5 millones de pesos para las 32 comisiones locales, 12.3 por ciento más que en 2025; más del 30 por ciento se orientará a centros de resguardo e identificación humana en 14 entidades.
Pero el contraste es decisivo: las herramientas ya existen, mientras la etapa que convierte una muestra genética en una identificación todavía avanza con retraso. El 10 de septiembre, la propia presidenta reconoció que persiste un rezago en el análisis de ADN. Explicó que la Secretaría de Gobernación, la FGR y las fiscalías estatales trabajan en una base conjunta para consolidar un banco nacional. La ley ya contempla el Banco Nacional de Datos Forenses, pero contar con la herramienta no basta si las muestras no se analizan y los perfiles no se incorporan oportunamente.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública había fijado como plazo el último día hábil de julio de 2026 para terminar el rezago de la Base Nacional de Información Genética. El reconocimiento presidencial de septiembre muestra que ese objetivo aún no se cumple por completo. Persisten, además, bases fragmentadas, servicios forenses saturados, capacidades territoriales desiguales y expedientes sin huellas, fotografías, señas particulares o muestras familiares suficientes.
Por eso, el siguiente paso debe ser concreto: acelerar el análisis pendiente con plazos y supervisión mensual; completar la interconexión segura entre el Banco Nacional de Datos Forenses, fiscalías, comisiones de búsqueda y registros administrativos; priorizar recursos en las entidades con mayor rezago; integrar información completa desde el primer reporte, y convertir las identificaciones y restituciones a las familias en indicadores públicos de seguridad.
La recuperación de un cuerpo no es el final de la búsqueda, sino el inicio de otra responsabilidad: saber quién era, qué ocurrió y cómo devolverlo dignamente. Un banco de ADN no devuelve la vida, pero sí puede devolver el nombre. Cuando una familia deja de buscar a ciegas, la seguridad deja de ser una cifra y se convierte en justicia; ahí comienza, de verdad, el cierre de la herida forense.
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