En medio del retorno de cientos de personas migrantes, principalmente originarios de Haití, que estaban en Estados Unidos y este lunes comenzaron a llegar a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su propuesta para que el presidente Joe Biden considere el plan migratorio para establecer programas sociales en Guatemala, en Honduras y en El Salvador y otorgar visas temporales de trabajo.
Hemos planteado, pidiendo que se intervenga, que se actúe con más urgencia, con prontitud y que se invierta en Centroamérica, sobre todo que los programas que se están aplicando en el sureste del país, en Chiapas, en especial el Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, se puedan aplicar de inmediato en Guatemala, en Honduras y en El Salvador”, insistió el mandatario en el marco de la intensificación del gobierno estadounidense por expulsar masivamente a migrantes y personas refugiadas desde Texas hasta su lugar de origen y otros más con retorno a México.
Este lunes, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, refrendó el plan de expulsión y advirtió que los vuelos tanto a Haití, México y otros países se mantendrán ante lo cual exigió a los indocumentados que desistan de sus intentos por ingresar a territorio estadounidense.
Si viene ilegalmente a Estados Unidos será devuelto, su viaje no tendrá éxito y pondrá en peligro su vida y la de su familia”, advirtió el funcionario al señalar que los haitianos están recibiendo “información falsa” entorno a que la frontera (de EU) está abierta.
De acuerdo con un informe de El Colegio de la Frontera Norte y del Observatorio de Legislación y Política Migratoria de México, aunado a la opacidad con la que tanto el gobierno estadounidense como el de México han llevado a cabo sus acuerdos en materia migratoria, la aceleración de expulsiones o devoluciones de migrantes y refugiados bajo el Título 42, la cual fue puesta en marcha con la administración de Donald Trump bajo pretexto de la emergencia global por Covid-19, es un acto violatorio de lo establecido en la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, firmada por ambos países.
Además, en el caso de México, “viola el deber de respeto y el deber de garantía establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no sólo actúa sin competencia sino que omite un plan de atención a personas en condición de gran vulnerabilidad”, señala el informe.