Ante el aumento de las sequías en México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó el marco regulatorio, y concluyó que “la aprobación de una nueva Ley General de Aguas es urgente”.
El análisis del IMCO encontró que la gestión de los recursos hídricos en México “se divide entre la federación, los gobiernos locales y los organismos de cuenca. Al compartir responsabilidades entre múltiples actores, es más fácil evadir el cumplimiento de las reglas”, lo cual lleva a la
conclusión de que es necesario una ley que eficiente la gestión de estos recursos, lo cual es, por cierto, una asignatura pendiente del Congreso de la Unión desde 2012.
“Para iniciar el camino hacia la resolución del problema, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe promover una mayor coordinación entre los responsables de la gestión del agua”, señala el instituto en un comunicado, a lo que agrega que se deben actualizar los lineamientos para la extracción y uso de aguas, así como de las disposiciones para otorgar concesiones.
La ruta hacia una nueva Ley General de Aguas tiene, por supuesto, obstáculos, entre los cuales el IMCO destaca la “falta de coordinación entre los actores del gobierno a distintos niveles”, como “una de las principales razones que explican el pobre desempeño y mala gestión de las políticas públicas del agua en México”.
Otro obstáculo para que haya un control más estricto del uso de los recursos hídricos con fines sostenibles y una mayor transparencia hacia los usuarios es la “ausencia de actualización de las disposiciones para otorgar concesiones”, ya que la demanda de agua puede variar año con año debido a las sequías y a la disminución de las precipitaciones”.
Un tercer impedimento que destacan son las deficiencias en los sistemas de medición y monitoreo, que llegan al extremo de que “97 % de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tienen medidor y 93 % no han sido verificados”.