El juicio contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reanudará hasta después de temporada electoral. El juez Gerardo García Moreno concedió un plazo de seis meses como prórroga a la investigación complementaria para la defensa y para el equipo de la Procuraduría General de la República por el desvío de mil 670 millones de pesos. El plazo ampliado comprende del 1 de febrero y al 31 de julio, se dictó en la audiencia celebrada este miércoles en la Sala Dos de los juzgados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el Reclusorio Norte. Un golpe para el Ministerio Público federal fue la negativa del juez de someter a una medida de “control judicial” los estados de cuenta de Duarte de Ochoa entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Es decir, la parta acusadora solicitó a un juez se reintegrara toda la información ya existente a la carpeta de investigación. Pero esto no procede. Con 25 minutos de retraso, el juez García Moreno inició la audiencia intermedia en el caso contra el exmandatario veracruzano por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Se pudo apreciar un Duarte con barba desalineada, espesa; el cabello más largo y una barriga abultada. Era visible un siguiente nivel de obesidad. Vestido con un suéter color crema y el pantalón caqui del uniforme carcelario. El juez García Moreno, visiblemente molesto, llamó la atención a los integrantes del Ministerio Público federal que leían tal cual la solicitud para que, por medio de una orden del juez, las pruebas de la CNBV fueran integradas por segunda vez. Nelly Nabor Alvarado, integrante de la parte acusadora, sugirió “ir directo al debate de la solicitud”.
Estamos en un sistema nuevo, todos lo construimos todos los días. Pero usted no vendrá a decirme como hacer mi trabajo”, respondió el juzgador.
La Suprema Corte decretó en noviembre pasado, que la obtención de datos bancarios requiere autorización judicial. El Ministerio Público informó que después de seis meses sólo solicitaron el apoyo internacional del gobierno de Suiza, donde se presume el político cordobés tiene cuentas con prestanombres. Sólo emitieron una solicitud formal el 11 de julio de 2017; una respuesta el 11 de septiembre solicitando más información y la respuesta del MP el 16 de septiembre del año pasado. Aún esperan la respuesta del gobierno suizo.
Intentan invalidar pruebas
La defensa de Duarte de Ochoa buscó invalidar las pruebas bancarias presentadas por el Ministerio Público. Argumentaron que se violó el derecho a la privacidad de su defendido pues la prueba fue recaba con antelación y sin autorización judicial. El abogado Marco Antonio del Toro fundamentó su argumento en los artículos 152 y 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primer artículo estipula que “deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes”. Por su parte, con el 97 del CNPP dijo que “cualquier acto que haya violado los Derechos Humanos será inválido”. Dichas pruebas de la Comisión Bancaria fueron obtenidas violando el derecho a la privacidad del exgobernador y, a decir de Del Toro, tenían que ser removidas.
Quieren sanear las pruebas, es decir, quieren corregir un error de origen”, agregó.
Después de un receso de “cinco minutos (...) bueno mejor diez”, el Ministerio Público argumentó que las pruebas fueron obtenidas sustentadas con el 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. En esta ocasión los fiscales se mostraron menos preparados que en la segunda audiencia en la Sala 1, Causa 97/2016 dentro de los juzgados federales del Reclusorio Norte, donde tuvieron capacidad para debatir las pruebas contra la defensa. Al final, el impartidor de justicia determinó que no “tiene por qué volverse a investigar lo que ya está integrado en la carpeta”. El político enjuiciado se mostraba desorbitado, en momentos fruncía el ceño y alzaba la ceja derecha, y en momentos cruzaba las manos y ponía la mirada hacía un punto fijo. Jugaba con un bolígrafo azul y en ocasiones con una etiqueta de agua Bonafont. El juez Moreno García concluyó la audiencia señalando que aunque no otorgaría la medida de someter judicialmente las pruebas obtenidas de la CNBV. Dio un plazo de seis meses extra a ambas partes, argumentando el artículo 20 de la Constitución, segmentos a y b, que señalan que la víctima y enjuiciado son iguales ante la ley. Este miércoles se reanudó y concluyó la audiencia intermedia que el pasado 18 de enero solo duró once minutos, cuando los fiscales del MP federal plantearon la prórroga y la defensa del exgobernador argumentó no haber sido notificados en tiempo y forma, por lo que se suspendió. La defensa dejó entrever que realizará cuatro entrevistas con “personajes beneficiados con el principio de oportunidad” dentro del caso; aunque el abogado Marco del Toro no quiso informar más sobre los testimonios recogidos nuevamente por la defensa del expriista. También llamó la atención al Ministerio Público para “no dejar de investigar” aunque el término haya concluido; en este caso dijo que aunque el primer término del 22 de enero pasado finalizó, no era excusa para dejar de trabajar en el caso. El exgobernador de Veracruz fue vinculado a proceso el pasado 22 de julio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El auto de vinculación fue ratificado el 19 de octubre de 2017 por un Tribunal Unitario con sede en Ciudad de México. No todo ha sido derrotas para el equipo de Duarte. El político veracruzano ganó un amparo por un Tribunal Colegiado en el que Duarte se libra de pisar Veracruz ante las acusaciones de la Fiscalía General estatal. Será juzgado en tribunales locales de la CDMX. Desde julio, el exmandatario está preso en el Reclusorio Norte. El plazo otorgado por el juez Moreno García concluye el martes 31 de julio. Serán 30 días después de las elecciones federales.
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