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Jair Avalos | Corresponsal

El juez se dirigió al exgobernador JDDO y mirándole a los ojos le soltó: «quiero aclararle que no lo estoy sentenciando. Hoy presentaron indicios de que usted es autor de una red de corrupción».

Al exmandatario de Veracruz se le acabó la sonrisa. La Procuraduría General de la República (PGR) derrotó la estrategia de su defensa y fue vinculado a proceso por los dos delitos federales de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Se queda ingresado en el Reclusorio Norte, en la zona de juzgados federales, al menos hasta el 22 de enero de 2018, cuando concluye el plazo máximo por ley de las investigaciones complementarias que el juez concedió a la fiscalía.

En este tiempo, la PGR solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores toda la información sobre las operaciones de la cuenta de la Secretaria de Finanzas de Veracruz (Sefiplan), porque fue desde esa área que salió el presupuesto desviado por JDDO.

Paralelamente, la Procuraduría solicitará a Suiza información sobre cuentas bancarias abiertas a nombre de Moisés Mansur, porque se tienen indicios de que parte del dinero federal fue enviado a ese país.

Y fue en este momento de la audiencia, cuando el exgobernador reaccionó, como pocas veces lo hizo durante esta audiencia, con un gesto con el que negó que existieran depósitos a su favor en ese país.

Foto @JairAvalosL

Foto @JairAvalosL

En esta segunda audiencia, que duró casi 12 horas, el rostro del exgobernador cambio por completo. De verse como un hombre seguro, irónico, sagaz, apareció ese sábado sentado con su uniforme reglamentario serio, por momentos displicente e incómodo.

Sudaba mucho. Constantemente se limpiaba el sudor de la cara y aunque eso se veía que le incomodaba, no se quitó la chamarra delgada que trajo puesta y que apenas dejaba ver que la camisa que le habían entregado en el Reclusorio le quedaba algo justa.

Para su segunda audiencia, el expriista vistió el uniforme color caqui reglamentario del Reclusorio y botines negros. Aunque como la camisa le quedaba ceñida iba desfajado.

Conforme avanzó la audiencia, el rostro se le endureció. Sus amigos más antiguos e incondicionales fueron quienes aportaron los elementos más serios sobre su presunta corrupción y saqueo al pueblo que lo eligió.

‪A diferencia del buen humor y la ironía que manifestaba JDDO durante su primera audiencia, este sábado se le vio con la mirada fija en los fiscales que leen el caso. ‬

En la segunda parte de la audiencia, después de la comida, al regresar JDDO a su lugar, parecía resignado. Su rostro entonces era la mayor parte del tiempo inexpresivo, y cuando se le percibía más incomodo, fastidiado, entonces sus gestos parecía que se articulaban para mostrar que le daba igual estar allí, lo que ya pasara.

La audiencia entonces se volvió cada vez más técnica, sobre números, datos y operaciones irregulares. Se soltaron varias cifras, la cuales cuestionaba la defensa, pero de todas formas no importaba en ese momento la precisión del montó que el exgobernador habría lavado, porque con los seis meses que logró la PGR le concediera para profundizar las indagatorias, la cifra puede crecer y deberá consolidarse.

Los agentes del Ministerio Público Federal sostuvieron las acusaciones de la primera parte de la segunda audiencia: JDDO ordenó la creación de al menos 27 empresas para distintos fines, como comprar una lancha italiana, aretes y anillos de diamantes, invertir en bienes raíces en el extranjero y en la zona de la Riviera Maya; incluso, para pagarle una camioneta y un departamento a su amante.

Pedro Guevara Pérez dirigió en esta ocasión la parte acusatoria, a diferencia del primer momento cuando el exmandatario llegó, acá no titubearon. Dijeron que de la Secretaria de Salud, de Educación, de Desarrollo Económico y Portuario, de Seguridad Pública, de Desarrollo Social y la Sefiplan entregaron dinero a las “empresas fachadas” para “fines particulares” a beneficio del político cordobés.

> La PGR identificó, sólo en el caso de seis empresas, más de mil 600 millones de pesos en bienes y productos. Todas esas compañías están vinculadas a JDDO.

    Este monto no incluye a las empresas fantasma creadas para obtener y desviar los recursos federales enviados a Veracruz.

La defensa de JDDO, a cargo de Marco Del Toro, intentó desacreditar cualquier acusación que se haya originado en la nueva audiencia y todo lo redujo a los polémicos 38.5 millones de la audiencia del lunes.

Del Toro y un abogado de apoyo explicaron que su defendido no tiene relación alguna con alguna empresa o desvío “porque no hay datos o alguna firma que lo relacione directamente”. Y volvieron con los 38.5 millones. Dijeron que de los recursos desviados en la Secretaría de Educación de Veracruz, a los que el MP federal hizo referencia, los montos desviados de esa dependencia no sumaban ni 38 millones, apenas si llegaban a los 3 millones de pesos.

El debate seguía y el Ministerio Público Federal defendió su investigación y sus 82 datos de prueba, algunos del mes pasado, las declaraciones de Juan José Rodríguez Janeiro, Alfonso Ortega López y Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de seguridad estatal, eran de finales de 2016. “Los datos de prueba son más abundantes en esta ocasión, pero el hecho no ha cambiado. El acusado JDDO es autor de una red bien definida de corrupción, con objetivo y un tiempo definido”, dijo el fiscal Pedro Guevara.

La defensa alegaba que desconocía las acusaciones del Ministerio Público, la presentación y los montos señalados en la audiencia. Sin embargo, el juez se refirió a los abogados defensores y les dijo que toda la información que fue presentada venía en la carpeta de investigación.

Casi antes del receso para comida y durante toda la segunda parte de la audiencia se vio a un exmandatario convertido en el office boy de la defensa; pasaba recados, los expedientes, libros con los códigos y leyes. JDDO poco interactuaba con los cinco jóvenes que acompañaron a Marco Del Toro, pero todos le pasaban los documentos a él para que los entregara al abogado defensor.

JDDO dejó su sonrisa en el avión que lo extraditó el lunes desde Guatemala. Tomó varias botellas de agua Bonafont de 330 mililitros. Una tras otra. Mientras escuchaba los argumentos de las dos partes, al final de la audiencia se hizo más notoria la ingesta de agua y el sudor en su frente. Se sentía acorralado.

Para entonces, ya cerca de las 11 de la noche, los abogados de JDDO y su cliente ya no podían hacer nada. Habían sido derrotados en la audiencia central. No consiguieron la libertad de su cliente, tampoco un plazo menor para iniciar el desahogo de pruebas, y los dos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero continúan, hasta ahora, firmes para el juicio.

Esta noche, el juez de Control determinó que será hasta el 22 de enero de 2018, el plazo máximo de seis meses que durarán las investigaciones complementarias por ley, que el político veracruzano permanezca en el penal capitalino.

Los abogados de JDDO trataron de impedir que se le concedieran a la PGR seis meses para investigaciones complementarias. Propuso que fueran “tres o cuatro meses como máximo”. “Porque sabemos que esa investigación inició el 6 de octubre del 2016, creemos que es mucho tiempo”, agregaron.

El juez rechazó sus argumentos y otorgó el plazo máximo a los fiscales para indagar más. El plazo se le vence a la Procuraduría el 22 de enero de 2018, hasta entonces el exgobernador permanecerá preso sin que inicie el juicio.

Los extras de la audiencia

El juez argumentó, para concederle el plazo máximo a PGR, que los trámites internacionales lo demandaban.

Y justo, cuando el fiscal había terminado de presentar el caso en la audiencia, el juez lo felicitó, por presentar información novedosa que hace un mes no estaba en el expediente, sobre la cuentas bancarias por las que circuló el dinero al parecer desviado del presupuesto de Veracruz.

Esos datos de prueba son sólidos» para comenzar un juicio, dijo el juez al momento de argumentar el porqué decretaba la prisión de JDDO en el Reclusorio Norte, ante el riesgo de fuga que existía en su caso.

El juez le llamó la atención a los fiscales de la PGR por no haber entregado toda la información a la defensa; no fue otorga una sentencia condenatoria de dos implicadas en el caso, las hermanas Zarzate Peralta, que habían confesado su participación en la red de corrupción. Además, de un disco con el testimonio de Alfonso Ortega y Juan José Rodríguez Janeiro que el abogado Del Toro consiguió con los abogados de Guatemala que llevaron el caso.

Fue la PGR quien confirmó, a través de redes sociales, que el exmandatario que gobernó de 2010 a 2016, había sido vinculado a proceso por el Ministerio Público de la Federación antes de las 9 de la noche.

Y en un comunicado, abundó que fue el juez de Control de Procesos Penales Federales, Gerardo Moreno García, quien concedió a la PGR el auto de vinculación a proceso. Sin embargo, la audiencia de vinculación continuó ya que el juez seguía exponiendo los motivos de su fallo, y concluyó cerca de las 22 horas.

El Ministerio Público de la Federación presentó 82 datos de prueba para lograr la vinculación del exgobernador. El juez determinó que se presentaron los datos de prueba necesarios, pertinentes y suficientes

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