Biden deja plan migratorio al “criterio” de los agentes

10 de Mayo de 2024

Biden deja plan migratorio al “criterio” de los agentes

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Las nuevas reglas para seleccionar a los aspirantes de asilo o refugio toman en cuenta “miedos creíbles” y “posibilidades razonables de riesgo”, que se fijan a la libre consideración de las autoridades fronterizas

“Miedo creíble”, “posibilidad razonable de riesgo”, “circunstancias excepcionalmente convincentes”… Las nuevas reglas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para ordenar el flujo de migrantes, están apoyadas en estimaciones subjetivas que deberán aplicar los agentes migratorios a partir de este 11 de mayo.

De acuerdo con estudio del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés), estas disposiciones no sólo dan un amplio margen al albedrío de los agentes fronterizos, lo que daría lugar a abusos, sino que podrían entrar en contradicción con tratados internacionales y leyes internas sobre derechos humanos.

Las nuevas disposiciones —que entrarán en vigor este jueves, cuando expira la orden del Título 42, que autorizaba la expulsión automática de migrantes por motivos de salud— se aplicarán durante los próximos dos años como respuesta a una oleada de indocumentados, lo que podría generar un “caos temporal”, según lo ha descrito el propio Biden.

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“El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) anunció un uso mayor y ‘mejorado’ de la expulsión acelerada para extranjeros inadmisibles en la frontera suroeste. Por ejemplo, después de la rescisión de la orden del Título 42, el DHS ha indicado que, para los adultos solteros colocados en procedimientos de deportación acelerada, se llevarán a cabo entrevistas de ‘temor creíble’ mientras el extranjero esté bajo custodia”, alerta el texto legislativo.

Estas entrevistas otorgan a los agentes migratorios la facultad de determinar si el “miedo” expresado por el migrante es “creíble”, tras analizar los testimonio de quienes escapan de sus países por temor a violencia o persecución política, aunque no se especifican lineamientos precisos para garantizar que la evaluación sea objetiva.

Bajo las nuevas reglas, los extranjeros que ingresan a Estados Unidos por la frontera suroeste terrestre sin documentos válidos después de viajar a través de un tercer país estarían sujetos a lo que se denomina “presunción refutable”, por lo que no serían elegibles para asilo.

La única forma de evadir esta consideración es que los migrantes demuestren a las autoridades que hay “circunstancias excepcionalmente convincentes” para no portar papeles ni sujetarse a las reglas establecidas (haber solicitado asilo desde su país de origen o haberse registrado en la aplicación móvil CBP One), tales como una urgencia médica, una amenaza inminente y extrema a la vida o ser víctima de trata de personas.

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Las nuevas disposiciones del gobierno de Biden establecen que si los oficiales de asilo concluyen que un extranjero tiene un “temor creíble” de persecución o tortura, el extranjero es colocado en procedimientos formales de deportación ante un juez de inmigración y puede solicitar asilo, retención de deportación o protección en el marco de la Convención contra la Tortura (CAT).

En cada tramo del proceso de selección, los filtros están llenos de estimaciones subjetivas. Por ejemplo, aunque el extranjero sea elegible para el asilo y haya proporcionado argumentos suficientes para escapar de su país, los agentes tienen la facultad de decidir si el solicitante ha demostrado una “posibilidad razonable” de persecución o tortura.

Si el agente determina que el extranjero no ha demostrado una “posibilidad razonable”, el extranjero tendría la oportunidad de solicitar la revisión de un juez; sólo después de este paso se podrá saber si el migrante puede o no aspirar a protección.

La lentitud de los procesos y el cúmulo de consideraciones subjetivas que hay en las nuevas reglas hace prever que habrá un elevado nivel de rechazo, lo que provocaría saturación de las fronteras y hacinamiento en los campamentos de migrantes instalados del lado mexicano, cuyos gobiernos municipales no tienen los recursos ni la capacidad para darles alojo, alimentación y servicios médicos.

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