El crimen organizado irrumpió en el proceso electoral 2020-2021, con una inusitada violencia que amenaza la legitimidad de los comicios.
El ambiente político ya estaba enrarecido por el activismo del ejecutivo, las múltiples renuncias a candidaturas y el cruce de señalamientos y acusaciones entre los abanderados.
Ahora, la irrupción de los grupos de la delincuencia organizada en el proceso electoral no sólo ha desafiado a los mandos de seguridad federal y estatales, sino que ha generado un entorno de profunda crispación, lo que pone en riesgo la vida e integridad de los actores políticos y de la sociedad.
Al cierre de este artículo, la consultora Etellekt reportó el asesinato de 79 políticos durante el proceso electoral en marcha, entre ellos, 32 candidatos a puestos de elección popular. Además del homicidio de 28 familiares de políticos y 91 funcionarios públicos locales ejecutados.
Hay tres casos visibles que muestran el rostro de la violencia política. Se trata del ataque armado contra Joel Ernesto Soto, jefe de la Policía Estatal Preventiva en Sinaloa, quien murió en la refriega; así como el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora.
Además de las amenazas de una célula de La Familia Michoacana contra Zudikey Rodríguez, candidata a la alcaldía de Valle de Bravo, en el estado de México, con las cuales lograron que la exatleta de nivel olímpico se bajara de la contienda.
Esto es un fenómeno de alcance nacional, dado que 25 de las 32 entidades federativas han registrado ejecuciones de políticos y funcionarios locales. La entidad más peligrosa para los políticos y candidatos es Veracruz, con un total de 22 víctimas; Guerrero con 16; Oaxaca con 14, y Guanajuato con 12 asesinatos.
Etellekt también registra 476 agresiones contra mujeres y hombres de la política local, —174 amenazas a través de mensajes, llamadas anónimas y personeros del crimen—, 25 secuestros reportados, y 30 incidentes registrados como robos con y sin violencia.
Un dato relevante es que al menos 6% de las y los candidatos que han sido víctimas de la violencia, buscaban un cargo municipal y sólo el 17% participaban en la elección federal.
¿Por qué los delincuentes están interesados en las presidencias municipales? Porque desde ahí pueden dirigir los operativos de seguridad de las fuerzas policiales contra los cárteles de sus adversarios, para extender su territorio; y porque tienen acceso a la información catastral para apuntar contra familias y dueños de negocios, a fin de desplegar sus actividades de extorsión, cobro de piso, robo y secuestro.
En este contexto de violencia resulta más que oportuna y necesaria la convocatoria de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para realizar este jueves una sesión extraordinaria con las y los gobernadores de la Conago e impulsar una estrategia conjunta, para atender los focos rojos que se han encendido en las entidades federativas.
Aunque los operativos de seguridad para los candidatos que participan en la contienda recaen en las Secretarías de Seguridad federal y estatales, la titular de Segob está dispuesta a hacer valer la confianza que se ha ganado a pulso con los gobernadores de todos los colores partidistas, para mantener a salvo los hilos de la gobernabilidad.
Olga Sánchez Cordero se anticipó a las inquietudes de los mandatarios estatales e intenta evitar el descarrilamiento del proceso electoral. La verdadera prueba de fuego este 6 de junio es quitarle fuerza a la crispación electoral.
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