Sesenta mil 53 personas están desaparecidas en México. Padres de familia, hermanas, nietos y amigos que un día salieron de casa y jamás volvieron, por lo que dejaron en la orfandad, tristeza y angustia a quienes quedaron atrás.
El recuento incluye a las víctimas de la guerra contra el narco que inició el gobierno de Felipe Calderón, y alcanza el primer año de gestión de Andrés Manuel López Obrador. Una tragedia humanitaria cuyos alcances aún no son definitivos.
La Comisión Nacional de Búsqueda advirtió que el número de desaparecidos podría ser mayor, debido a que 10 estados no han entregado la información; otros ocho realizan las actualizaciones necesarias y 13 más revisan sus registros históricos.
Más allá de la estadística, la verdadera tragedia es que el gobierno mexicano no tiene las capacidades institucionales para hacerle frente al drama que todos los días viven los familiares de los desaparecidos.
Al dolor punzante que provoca la ausencia de los seres queridos debe añadirse la necesidad de continuar adelante. Las abuelas haciéndose cargo de los nietos que llevan sobre las espaldas la responsabilidad de la crianza; los hijos mayores que abandonan sus sueños y dejan la escuela, para buscar un trabajo informal que les permita llevar pan a la mesa; las mujeres que nunca más sentirán confianza y, con el corazón roto, dejarán encerrados sus sentimientos e ilusiones.
Sin resolver del todo la sobrevivencia básica, todos ellos siguen en la búsqueda de sus seres queridos. Caminan grandes extensiones de tierra, sus oraciones y lágrimas alientan sus pasos y en cada fosa abierta, esperan encontrar al ser amado.
Quieren cerrar el círculo del dolor, pero no es una tarea fácil. La justicia es inexistente. En la mayoría de los casos, los hombres desalmados que se llevaron a sus mujeres, hombres y niños, siguen viviendo en el mismo pueblo. Con el poder que la impunidad les otorga continúan con los abusos y las desapariciones e imponen el miedo: su ley del miedo.
Los testigos y sobrevivientes de los hechos de violencia que han llenado de luto y sangre el territorio nacional también son víctimas del terror. Prefieren huir a otras localidades antes de sufrir las consecuencias de acudir ante las autoridades ministeriales para contar su versión, ofrecer detalles de los crímenes e identificar a los delincuentes.
Algunos familiares de personas desaparecidas han logrado organizarse para buscar compañía y solidaridad durante las búsquedas, pero también han quedado a expensas de líderes y abogados sin escrúpulos, quienes crean redes clientelares para lucrar con la tragedia. Caminan al lado de las familias sólo para aparecer en las noticias y ejercer presión política. Pero no les importa la tristeza ni la depresión de las víctimas, sólo recibir los porcentajes de las ganancias con puntualidad.
El gobierno mexicano está obligado a realizar todas las acciones que sean necesarias para dar verdad y justicia a todas las víctimas: reconstruir los hechos, ponerle nombre a los hallazgos, explicar las causas, castigar a los perpetradores y recuperar la paz de las comunidades.
Esa es la razón de ser de la caminata por la paz que en unas horas iniciará el escritor Javier Sicilia, acompañado por víctimas y colectivos. Pese al dolor y la tragedia, todos ellos permanecen firmes en su exigencia de justicia.
Bien hará el presidente López Obrador en tomar con seriedad los reclamos y asumir su responsabilidad en la continuación de la tragedia. Aunque ya mostró su insensibilidad al asegurar que no los recibirá en Palacio Nacional y que será el gabinete de seguridad el que los atienda. México exige y merece paz y justicia, sin pretextos ni distracciones.