BRIEFING | Bronco “desaparece” 300 mil vacunas
De acuerdo con la ASF, durante 2017 el gobierno de Nuevo León no pudo comprobar si cumplió con el programa de vacunación a niños y adolescentes
NUEVO LEÓN | EL HORIZONTE
Bronco “desaparece” 300 mil vacunas
Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación consigna que durante 2017 el gobierno de Nuevo León no sólo infló sueldos a empleados “favoritos” y pagó nómina a burócratas dados de baja, sino que también no pudo comprobar si cumplió con el programa de vacunación a niños y adolescentes.
El análisis de dicha cuenta pública reveló que la Secretaría de Salud del estado no acreditó la salida de un total de 318 mil 310 dosis de vacunas, equivalentes al 100% del total de dosis recibidas para el Programa de Vacunación Universal para el 2017.
Ello, pese a que desde 5 de junio de ese mismo año, la federación otorgó las bases de colaboración para la recepción de las dosis, por lo que se señala que el estado, y en su caso la Secretaría de Salud de Nuevo León falló con el objetivo de reducción de enfermedades prevenibles por medio de la vacunación.
Así lo hace constar la auditoría de Cumplimiento Financiero 2017-5-12R00-15-0227-2018 227-DS, en la que se precisa que éstas vacunas fueron entregadas mediante los contratos números CENSIA-0005AD/2017 y CENSIA-0007AD/2017, mismas que se recibieron del 15 de junio al 30 de noviembre del 2017, pese a ello la dependencia no contó con la documentación que acreditase su salida.
CARTÓN
CHIHUAHUA | DIARIO MX
GONZÁLEZ | Plan de Inversión
SINALOA | NOROESTE
La opacidad en obras públicas
Culiacán se ubicó como uno de los gobiernos municipales más opacos no sólo redujo su puntaje respecto del año anterior, sino que terminó en el lugar 23 de 29 municipios considerados en este estudio, que abarcó el periodo de marzo a mayo de 2019.
En el bloque de obras públicas la opacidad fue total en la capital sinaloense, que se sacó un cero por no mostrar a los ciudadanos información como el listado de obras por licitación, invitación directa o restringida; las obras de los últimos tres años; contratos de obras y servicios con su precio inicial y final.
El rubro de obras no fue el único donde Culiacán salió evaluado con un cero. También en el de bienes y sus usos, que busca los datos publicados sobre bienes inmuebles que el municipio arrienda a personas físicas o arrendados por él mismo, además de las propiedades del ayuntamiento.
Según los resultados publicados en el informe “Evaluación de Capitales Cimtra 2019”, Culiacán alcanzó su calificación más alta en atención ciudadana, con 68.8%; seguida del área de participación ciudadana con 41.7 por ciento. De otro lado, no cubrió ni la mitad de la información solicitada en los bloques de gastos, participación ciudadana y Cabildo.
Tampoco transparentó las propuestas del Coplademun (Comités de Planeación del Desarrollo Municipal) y los recursos del Ramo 33, destinados a obra en salud, educación e infraestructura básica.
SAN LUIS POTOSÍ | PULSO DE SAN LUIS
Despilfarro en el Congreso
El Congreso del Estado realiza un proceso de adquisición de laptops y tabletas de alto rendimiento, presuntamente destinadas a los legisladores, por un monto de hasta 400 mil pesos.
La adquisición ha tenido algunas incidencias, pues de inicio, la Junta de Coordinación Política autorizó una partida de 450 mil pesos para la compra a principios de junio, pero la redujo en 50 mil pesos a finales de ese mes.
En el inter, realizó una convocatoria restringida a varios proveedores, que fue declarada desierta debido a que las posturas rebasaron el monto autorizado.
El cinco de junio pasado, los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “reflexionaron el ejercicio del presupuesto para la compra del equipo de cómputo” y aprobaron por unanimidad destinar una partida de hasta 450 mil pesos para adquirirlo y destinarlo a “desarrollar las actividades del Congreso”. Lo anterior quedó consignado en el acta de sesión número 38.
El 13 de junio, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Congreso sesionó para aprobar varias compras.
ZONA CENTRO
PUEBLA | ASESINOS DE CAUCES
Asesinos de cauces
Más de 172.2 millones de pesos recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones de salud una de las empresas que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) declaró en el primer cuatrimestre de este año con irregularidades cercanas al Río Atoyac: Industrias Mediasist SA de CV.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, la dependencia federal informó a Datamos que el 20 de febrero visitaron la empresa de material médico en San Salvador El Seco, a la que le encontró irregularidades leves.
Personal de la Profepa inspeccionó los generadores de residuos peligrosos de la proveedora del IMSS en San Salvador El Seco, dentro de la zona del Alto Atoyac; le encontró irregularidades leves, pero no recibió multa económica.
A partir de 2012 que inició el mandato del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, la sociedad poblana inició relaciones con el IMSS; en los registros de Compranet se identificó que recibió 18 contrataciones, lo que le generó un pago por más de 172.2 millones de pesos, hasta el 2014.
En el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía (SE) se detalla que la proveedora en equipo médico se registró en la capital poblana y sus accionistas fueron María Guadalupe Miguel Treviño y Alfredo Miguel Treviño, al destinarle en partes iguales 50 mil pesos de capital mínimo.
GUANAJUATO | POPLAB
Lujo en el Congreso
Sin pasar por la aprobación de los diputados locales, la Dirección General de Administración del Congreso local a cargo del panista Omar Mares Crespo ha hecho compras de dispositivos móviles por casi 70 mil pesos, que incluye un teléfono celular de 26 mil pesos asignado al secretario general, Ricardo Narváez Martínez.
En el último año se han destinado cerca de 100 mil pesos para la compra de seis teléfonos de la marca Apple, uno de ellos el celular iPhone X para Narváez que tuvo un costo de 25 mil 899 pesos, aunque apenas en agosto de 2018 se había asignado al secretario general un iPhone 8 que tuvo un costo de poco más de 14 mil pesos.
Escudándose en que existen lineamientos para que el director de Administración pueda hacer compras sin consultar a los legisladores, el secretario general defendió que con recurso público se le comprara un teléfono de casi 26 mil pesos, para luego señalar que él no tomó la decisión de que fuera un iPhone de última generación, sino que la adquisición corrió a cargo de Omar Mares.
El diputado priista José Huerta Aboytes, integrante de la comisión de Administración, reconoció que desconocía la compra de los dispositivos móviles que incluyó el iPhone X para Ricardo Narváez, mientras los diputados locales pagan sus equipos de telefonía celular.
ZONA SUR
VERACRUZ | AVC NOTICIAS
El funcionario vinculado a Rosario Robles
Miguel Ángel Vega García, actual director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General de Veracruz, era contralor interno de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó un desvío por 1 mil 747 millones
de
pesos de recursos públicos, usando universidades públicas y televisoras públicas, en el esquema que se conoce como la estafa maestra.
El órgano fiscalizador detectó presuntos esquemas de desvío de dinero operados a través de 19 convenios para la prestación de diversos servicios, que la Sedatu celebró con universidades y organismos estatales en 2015 y 2016.
Vega García llegó al gobierno de Veracruz a inicios de este año, luego de salir de la Sedatu donde fue funcionario del 2015 al 2018. De hecho en el portal de nómina transparente federal aparece como analista B del Registro Agrario Nacional con un salario de ocho mil 173 pesos.
En 2015 se sumó al equipo de Rosario Robles, como contralor interno de la Secretaría de Desarrollo Social, pero solo estuvo en el puesto de mayo a septiembre, pues brincó junto a la funcionaria a la Sedatu.
CHIAPAS | CHIAPAS PARALELO
Madera ilegal
Pese a ser uno de los estado más favorecidos con la diversidad en fauna y flora, René Gómez Orantes, presidente de la organización “Bosques y Gobernanza” afirmó que el 90 por ciento de la madera que se mueve en Chiapas es de procedencia ilícita, lo que ha demostrado la falta de voluntad del gobierno estatal para combatir este fenómeno.
Gómez Orantes comentó que de forma legal Chiapas se aproxima a los 200 mil metros cúbicos de madera anuales, lo que significa el 10 por ciento, ante ello, casi un millón 800 mil metros cúbicos son talados y comercializados de forma ilegal.
Por tanto, Gómez Orantes mencionó que la sociedad civil ya tiene lista una normativa integral para atacar el problema de la tala ilegal en Chiapas, no solo con el decomiso sino desde la tala. Serían los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Jitotol y Cintalapa los primeros en ponerse en marcha, en el caso de que existiera voluntad gubernamental.
PRENSA INTERNACIONAL
HONDURAS | CRITERIO
Obras hidráulicas quedan truncas
Honduras aprobó en 2016 la ejecución de 200 millones de lempiras, es decir 8.2 millones de dólares para la construcción de reservorios de agua en el corredor seco. Hasta el momento sólo el 11.4 % de las obras fueron finalizadas y el 88.6 % quedó en manos de los campesinos, sin capacidad financiera para culminarlas.
Arguyendo la pérdida de cosechas de los granos básicos (maíz y frijoles) y la inseguridad alimentaria, el gobierno declaró situación de emergencia en 11 departamentos del corredor seco—una franja del territorio hondureño que sufre de forma aguda las inclemencias climatológicas—supuestamente, para prevenir los futuros efectos de fenómenos como la sequía extrema o el régimen errático de las lluvias provocados como consecuencia del cambio climático.
Los 8.2 millones de dólares para la construcción de las cosechas de agua provienen del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario (FIRSA) y según el director de Riego y Drenaje de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Juan Carlos Colindres, con los fondos se han construido alrededor de 70 represas. Sin embargo, confesó que sólo ocho se entregaron completas y cuentan con las líneas de conducción y red de distribución, es decir que son pocas las obras concluidas en un 100 por ciento y en pleno funcionamiento.
GUATEMALA | EL INTERCAMBIO
Desigualdad educativa
Sólo dos de cada 10 jóvenes en Guatemala llegan a estudiar un bachillerato. Dentro de este pequeño grupo, la brecha es inmensa. Mientras más alto es el nivel socioeconómico de los alumnos de un colegio más posibilidades tienen de obtener mejores resultados académicos.
A nivel primaria, los estudiantes pagan 35 dólares mensuales por un colegio privado que ocupa la sede de una escuela pública alquilada. Reciben clases en cinco aulas y un patio con neumáticos.
A partir de secundaria estudiar en el sistema público es más complicado. Hasta 2008 la oferta de colegios privados era mayor que la de públicos, aún en 2017 más del 47% de los centros educativos es privado. A partir de este nivel de estudios, la cobertura educativa nunca alcanza 50 por ciento; en 2015 se alcanzó la cobertura más alta en este nivel (46%) de los últimos 23 años, pero se volvió a reducir.
La investigación reveló que sólo dos de cada 10 jóvenes entre 16 y 18 llegan a estudiar hasta el nivel de preparatoria, esta es la cantidad más alta de los últimos 23 años, además de que este grupo es el menos atendido por el sistema educativo del país.
NICARAGUA | CONFIDENCIAL
Indígenas viven crisis
Un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua da cuenta de los maltratos y violaciones a los derechos humanos que vive esta comunidad indígena, asentada en el norte del país.
El informe revela que “la violencia se incrementó a partir del 18 de abril de 2018, desde mucho antes se habían implementado diversas reformas normativas e institucionales regresivas”.
De acuerdo con el estudio, los graves daños causados por la invasión del territorio miskitu y la falta de acción del Estado para remediarlo podría conllevar al exterminio de estas poblaciones.
