Guardia Nacional toma instalaciones de campo de golf en Huatulco, Oaxaca
Por instrucción de la Segob, elementos de la Guardia Nacional tomaron las instalaciones de un campo de golf en Huatulco, Oaxaca
Por instrucción de la Secretaría de Gobernación, elementos de la Guardia Nacional tomaron las instalaciones del campo de golf Tangolunda, en Huatulco, Oaxaca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ayer celebró un amparo para no pagar 640 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria, el SAT.
“Adivinen quién amaneció enojado y mandó a la GN a golpear al pueblo trabajador en Huatulco?”, señaló el empresario en su red social X.
El campo de golf fue concesionado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo a Salinas Pliego; sin embargo, el permiso llegó a su fin en agosto de 2022.
Tras la toma del campo de golf y declaración como Área Natural Protegida, trabajadores se manifestaron afuera de dicho espacio a fin de defender la fuente de empleo de al menos 50 familias del destino turístico.
En redes sociales circulan videos donde se puede ver a uniformados armados y patrullas de la Guardia Nacional en la entrada del complejo.
En la mañanera de hoy, desde las instalaciones del 23 Regimiento de Caballería Motorizado de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con el pago de impuestos por parte de la empresa Totalplay, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
López Obrador comenzó aclarando que la decisión de la SCJN representa solo un beneficio parcial para Totalplay, ya que la empresa seguirá obligada a pagar una suma considerable.
Argumentó que, de los seis asuntos que debían resolver los ministros de la SCJN, solo se concedió la razón a la empresa en uno de ellos.
Este fallo determinó una reducción de 600 millones de pesos del total de 2 mil 300 millones de pesos que se le adeudaban. En consecuencia, la empresa deberá abonar una suma restante de mil 700 millones de pesos.
Señaló que, aunque no están del todo claras las resoluciones específicas de la Corte, se confirmó que el monto a pagar es de mil 700 millones de pesos.
LEO