Hay una pregunta que empieza a ser inevitable para México: ¿cómo enfrentar a organizaciones criminales que dejaron de ser un problema exclusivamente nacional?
La pregunta adquiere relevancia en un momento en que Estados Unidos impulsa nuevas formas de cooperación regional para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico. El llamado Escudo de las Américas plantea precisamente esa lógica: coordinación entre países, intercambio de inteligencia y acciones conjuntas frente a organizaciones cuya capacidad de operación rebasa las fronteras.
México no forma parte de ese esquema. Y estar fuera no necesariamente significa estar equivocado.
La soberanía nacional no es un concepto decorativo. Para México, cualquier mecanismo de cooperación en materia de seguridad debe considerar límites claros a la participación extranjera, particularmente cuando puede involucrar inteligencia, fuerzas armadas u operaciones dentro del territorio nacional.
Pero tampoco sería suficiente convertir la soberanía en sinónimo de aislamiento.
El crimen organizado tampoco respeta fronteras. Sus operaciones financieras pueden pasar por distintos países; sus cadenas de suministro atraviesan territorios; sus redes de lavado de dinero se apoyan en estructuras internacionales y sus mercados de consumo tampoco se encuentran dentro de una sola jurisdicción, por eso ya se les denomina empresas criminales.
La pregunta, entonces, no es únicamente si México debe participar o no en el Escudo de las Américas. La pregunta de fondo es qué alternativa propone México para enfrentar un fenómeno que ya tiene dimensiones regionales.
Ese espacio es particularmente relevante frente a Estados Unidos. La relación bilateral no ocurre solamente entre presidentes, cancillerías o secretarías de Estado. También se construye todos los días desde el sector privado, las organizaciones binacionales, las universidades, las cámaras empresariales y los espacios de interlocución que mantienen abiertos los canales de comunicación incluso cuando los gobiernos atraviesan momentos de tensión.
Un ejemplo es la American Society of Mexico, organización binacional que desde hace décadas funciona como punto de encuentro entre la comunidad estadounidense en México, empresas y distintos actores de ambos países.
No es una instancia del gobierno estadounidense ni representa oficialmente a Washington. Pero su actividad permite observar una dimensión menos visible de la relación bilateral: la existencia de redes de interlocución que trascienden los canales diplomáticos tradicionales.
Su presidente, Larry Rubin, ha mantenido una participación activa en la conversación sobre la relación México-Estados Unidos, particularmente desde la perspectiva empresarial y de política pública.
En ese contexto, resulta interesante observar cómo distintos actores están ocupando espacios en una conversación que puede ser determinante para México: comercio, inversión, seguridad, migración y cooperación regional.
El influencer y activista político Luis Alberto Rosas, conocido como “Tumbaburros”, sostuvo que México debería incorporarse al Escudo de las Américas para combatir de manera coordinada a las organizaciones criminales.
Su argumento es frontal: si los grupos criminales han adquirido una capacidad que rebasa las fronteras nacionales, los países también deberían responder de manera conjunta.
Porque la pregunta que deja sobre la mesa es válida: ¿qué está haciendo México para participar en una respuesta regional frente al crimen organizado?
México tiene una experiencia propia en materia de cooperación internacional y conoce los costos y las tensiones que pueden surgir cuando las agendas de seguridad de ambos países no coinciden. También tiene una responsabilidad evidente frente a la violencia, la extorsión, el tráfico de armas, el lavado de dinero y el control territorial que ejercen distintas organizaciones criminales.
Por eso, el desafío consiste en encontrar un punto de equilibrio. Reconocer que el problema es regional sin renunciar a la responsabilidad que corresponde a cada Estado.
No es sencillo. Pero tampoco parece sostenible que mientras la seguridad continental comienza a discutirse bajo nuevas reglas, México limite su participación a reaccionar frente a las propuestas de otros.
Si el país decide no incorporarse al Escudo de las Américas, está en todo su derecho. Pero debería ser capaz de explicar qué propone en su lugar.
Porque la soberanía no solamente consiste en decidir quién entra al país. También consiste en tener la capacidad de definir cómo se enfrenta un problema que ya cruzó nuestras fronteras.
Y esa es quizá la discusión que México debería comenzar a tener con mayor seriedad: no si quiere o no formar parte del escudo de alguien más, sino qué papel quiere jugar en la construcción de su propia estrategia de seguridad regional.
Apuesta por la especialización
Silent4Business alcanza su décimo aniversario como una empresa que ha acompañado el crecimiento de la demanda por servicios especializados en ciberseguridad. Bajo la dirección de Layla Delgadillo, la firma mexicana construyó su trayectoria en un mercado donde hoy conviven distintos riesgos para las organizaciones, desde phishing y malware hasta ransomware, así como robo de credenciales. Datos de la University of Advanced Technologies revelan que más del 60% de las compañías en México sufrieron algún intento de ciberataque durante el último año, una realidad que mantiene bajo atención a sectores como el financiero, público, manufacturero, hospitalario y las cadenas de suministro. Más allá del avance tecnológico, la experiencia de los últimos años ha mostrado la importancia de contar con conocimiento especializado para enfrentar el entorno digital y sus amenazas.
