Pasaron 110 días entre la llegada del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, a la Embajada de México en busca de protección, y la decisión de última hora del gobierno mexicano de concederle asilo político.
En condiciones normales, el análisis de un caso de persecución política requiere de dos a tres semanas. Pero el expediente de Glas es más complejo: es una mezcla, según analistas, de consideraciones políticas con faltas al debido proceso, pero también hay evidencias legales que lo vinculan con actos de corrupción.
La invasión violenta de la Embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril para detener a Glas fue el punto climático de un periodo de tensiones en la relación bilateral, iniciado a raíz del apoyo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y militantes de Morena otorgaron a políticos ecuatorianos ligados al expresidente de aquel país: Rafael Correa.
El 7 de diciembre de 2022, el Complejo Cultural Los Pinos dio a conocer el estreno del documental Se fue a volver, que cuenta la historia de ocho ecuatorianos que se refugiaron en la Embajada de México en Quito para después viajar a suelo mexicano, donde rehicieron sus vidas y siguieron haciendo política, luego de ser perseguidos por el entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno.
Todos ellos tienen una característica en común: forman parte de Revolución Ciudadana, el partido político fundado y encabezado por el expresidente Rafael Correa.
Se fue a volver es la primera película documental original producida por el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, Capital 21, lo que confirma las ligas entre un sector de la Cuarta Transformación y el grupo político correísta de Ecuador.
Las ocho historias corresponden a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira Burbano; el excanciller Ricardo Patiño Aroca; el exsecretario particular de Rafael Correa, Galo Mora Witt; la exvicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla Salcedo; el exsecretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado Espinel; además de la exasambleísta Soledad Buendía, el exjefe del Despacho Presidencial, Edwin Jarrín Jarrín, y el propio expresidente Rafael Correa.
Además de ellos hubo otros ecuatorianos que viajaron a México tras la ola de protestas de 2019, entre quienes destaca el correísta Daniel Tovar Herrera, quien entre 2019 y 2021 se involucró en el manejo de las redes sociales del Gobierno federal, adscrito a Palacio Nacional.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el más reciente encargo de Tovar Herrera, quien fuera asesor de Asuntos Internacionales del entonces presidente Rafael Correa, es el de coordinador de asesores y Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuyo titular es Martí Batres Guadarrama.
Todo este respaldo a veces abierto y a veces encubierto de una parte de la Cuarta Transformación a la corriente correísta de Ecuador generó constantes tensiones en la relación entre México y aquel país, hasta llegar a un punto crítico con la invasión de la embajada de nuestro país en aquella nación.
El caso Glas
Jorge Glas ingresó como “huésped” a la embajada mexicana el 17 de diciembre de 2023, al expresar temor por su seguridad y libertad personal, mientras que la decisión de darle el asilo no se concretó sino hasta el 5 de abril de 2024, sólo unas horas antes de que el gobierno del presidente Daniel Noboa irrumpiera por la fuerza en la sede diplomática para llevárselo preso, lo que desató una condena casi unánime en la escena internacional.
Fueron tres meses y medio de analizar minuciosamente los expedientes legales de Glas, quien es señalado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, de avalar contratos irregulares de explotación petrolera y de haber desviado recursos de un fondo destinado a los damnificados del terremoto de 2016 en Manabí.
En un país como Ecuador, donde la administración de justicia está profundamente politizada, las pesquisas de la Fiscalía y los fallos de los jueces deben ser tomados con reserva, pero por otro lado, las autoridades mexicanas debían tomarse su tiempo para estar completamente seguras de no estar protegiendo a un delincuente.
Pero los días avanzaban y en la Cancillería mexicana no había total certeza de que Glas entrara en la categoría de perseguido político. Las semanas transcurrían y las presiones por parte de actores políticos locales y regionales iban en aumento. Los meses avanzaban y las autoridades ecuatorianas daban muestras de impaciencia.
En octubre de 2019, cuando asambleístas de Ecuador como Gabriela Rivadeneira y Soledad Buendía, entre otros, buscaron refugio en la embajada mexicana ante el desbordamiento de las protestas sociales por la eliminación de los subsidios a la gasolina, la deliberación para otorgarles asilo político —y su posterior traslado a México— tardó sólo 24 días. Pero el caso de Glas era más complejo.
No sólo se trata de un exvicepresidente y de alguien que meses atrás era uno de los principales prospectos para ser candidato presidencial, sino que Glas fue el número dos del presidente Rafael Correa (2007-2017), personaje que aglutina a las “izquierdas progresistas” de América Latina y con quien los liderazgos de la Cuarta Transformación tiene diversos vasos comunicantes.
Justicia politizada
“Yo diría que el caso de Jorge Glas tiene los dos componentes”, afirma el investigador Fredy Rivera Vélez, cuando se le pregunta si los expedientes judiciales contra el exvicepresidente de Ecuador tienen sustento legal o motivaciones políticas.
“Efectivamente hubo investigaciones y diversas sentencias contra Glas. El problema es que en el Ecuador la justicia está absolutamente comprometida, politizada y corrompida desde hace mucho tiempo”, subraya Rivera, experto en inteligencia, delincuencia organizada y relaciones internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Ecuador.
“A los ojos de la opinión ecuatoriana, del sector académico y de juristas que han pasado por cortes internacionales, efectivamente Glas es una fichita impresentable”, agrega Rivera, quien además añade que una muestra de que la justicia se utiliza para revanchas políticas es que los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno han sido sentenciados por corrupción y ambos se encuentran asilados, el primero en Bélgica y el segundo en Paraguay.
Pero la opacidad y corrupción que predominan en el aparato de justicia ecuatoriano no fue la única dificultad a la que se enfrentó el gobierno mexicano para abordar el caso Glas. También influyeron las presiones políticas a nivel regional.
“Lo que estaba solicitando Glas era la condición de asilo, pero México no le concedió el estatus durante meses. Mientras no se le concedía el asilo, diversos actores de la geopolítica latinoamericana, principalmente del correísmo, pero también del Grupo de Puebla, donde tiene una presencia importante la corriente de Correa, estuvieron persuadiendo a México de que le concediera el asilo y México no lo hizo”, relata el historiador cubano Rafael Rojas, estudioso de las izquierdas en América Latina.
“En este tipo de casos, en efecto, hay abundante información sobre irregularidades en temas de sobornos, tanto en la trama de Odebrecht como en otras por peculado y desvío de recursos, pero evidentemente tampoco es un proceso judicialmente puro, no está despolitizado, porque no hay que olvidar que Glas es una figura fundamental del correísmo”, añade Rojas.
Al respecto, el excanciller Jorge Castañeda sostiene que “no se puede descartar que todo esto haya sido una gran provocación urdida por López Obrador en contubernio con Rafael Correa, el expresidente de izquierda de Ecuador, que pasa una gran cantidad de tiempo en México, donde le tendieron una celada al presidente Noboa, joven, inexperto, que cayó en esa trampa; no lo afirmo, pero no lo descarto porque del lado mexicano hubo muchas irregularidades”.
Castañeda, canciller durante el gobierno de Vicente Fox, detalla que el exvicepresidente Glas estuvo más de tres meses en la Embajada de México en calidad de “huésped”, que es un estatuto que no existe en el derecho internacional; en ese lapso, se emitió una orden de aprehensión que no se pudo cumplimentar porque Glas estaba en la embajada como “huésped”, más no como asilado político, que sí es una figura reconocida por las convenciones internacionales y que le otorgaba protección.
Las conexiones con el correísmo
El enfrentamiento entre los gobiernos de México y Ecuador por la protección brindada a Jorge Glas puso sobre la mesa las conexiones entre un grupo de Morena y el movimiento político de Rafael Correa, dirigente de Revolución Ciudadana, partido que originalmente propuso a Glas como candidato presidencial en los comicios de agosto pasado y que al final se decantó por Luisa González, derrotada en las urnas por Noboa.
Correa ha usado el territorio mexicano para desplegar esfuerzos que buscan articular a representantes de las llamadas izquierdas progresistas de América Latina, principalmente de México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela
En julio de 2021 fue lanzado en la Ciudad de México el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (Ideal), un centro de pensamiento político y de formación de liderazgos en la región que se dedica a la investigación y generación de conocimiento e intercambio de prácticas de gobernanza. Su presidente honorario es el expresidente Correa, mientras que la directora ejecutiva es Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador.
La senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena, figura en el directorio de miembros de ese instituto, encabezado por Correa.
El instituto Eloy Alfaro ve a López Obrador como uno de los principales “líderes populares, progresistas, que se convirtieron en una piedra en el zapato para la clase dominante; que le regresaron derechos a las clases populares; que obligaron a los evasores a pagar impuestos; que redistribuyeron riqueza, los perseguidos por sistemas judiciales coptados para neutralizarlos y proscribirlos políticamente”.
El organismo ha defendido al exvicepresidente Jorge Glas y lo ha catalogado como víctima del lawfare (guerra jurídica) de la derecha.
“No es casualidad que le suceda a Cristina Fernández, ni que le haya sucedido a Lula Da Silva, a Rafael Correa, a Evo Morales, a Dilma Rousseff, a Jorge Glas. Resulta menos costoso utilizar a la justicia como resorte político que invadir países o, por supuesto, que ganar elecciones legítimamente. En tiempos de la posverdad resulta fácil crear narrativas de absoluta culpabilidad cuando, apoyados por una agresiva agenda mediática, convencen a las y los espectadores de la veracidad de sus casos legales”, señala Ideal en una de sus publicaciones.
Tensiones en la geopolítica latinoamericana
Desde la óptica de Rafael Rojas, la dilación de México para conceder el asilo político a Jorge Glas se debió, en parte, a las tensiones al interior de los bloques de la geopolítica latinoamericana, principalmente las fuerzas representadas en el Grupo Puebla.
“El gobierno mexicano estuvo casi cuatro meses sin conceder el asilo a Glas. ¿Por qué pasó esto? Una explicación es que México realizó un estudio del caso que estaba presentando la justicia ecuatoriana, pero por otro lado están las presiones de los bloques de la geopolítica latinoamericana, el bloque bolivariano (Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador) y el Grupo de Puebla, donde analizaban si el gobierno de México estaba siendo solidario con el correísmo”, expone Rojas.
El Grupo Puebla es un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana y algunos países de Europa. Fue fundado el 14 de julio de 2019 en la ciudad de Puebla y entre sus objetivos está “contribuir con el diseño de programas que puedan acompañar a los futuros gobiernos progresistas, comprometidos con un modelo económico de crecimiento con inclusión, que garantice el acceso a un trabajo, educación, salud y vivienda digna como como pilares del desarrollo social”.
Entre los fundadores e integrantes del Grupo Puebla están el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa; el presidente de Bolivia, Luis Arce; el expresidente boliviano Evo Morales; el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva; la expresidenta brasileña Dilma Rousseff; el expresidente argentino Alberto Fernández; el expresidente uruguayo José Mujica; el exjefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; el expresidente colombiano Ernesto Samper, y el expresidente hondureño Manuel Zelaya, entre otros.
Entre los mexicanos que forman parte del Grupo Puebla están Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México y protagonista en las deliberaciones para conceder asilo político a Jorge Glas; Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial y exlíder moral del PRD, y la senadora Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado.
“No debemos olvidar que hay figuras importantes del correísmo que residen en México. Por otro lado, el correísmo tiene un peso natural en el Grupo Puebla. Correa sigue siendo, desde Europa, una figura muy importante de la izquierda ecuatoriana y latinoamericana. Estos factores pesaron en el análisis de México sobre el caso Glas”, opina Rojas.
Según el investigador, el Grupo Puebla no se limita a actividades académicas o intelectuales, sino que tienen planes de acción.
“Figuras del Grupo Puebla han tenido un papel importante en diversos conflictos recientes en América Latina, por ejemplo, han estado muy involucrados en un intento de negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Han tenido también un papel muy importante en el proceso de pacificación de Colombia. Y el correísmo es una fuerza muy considerable dentro del Grupo Puebla”, sostiene.
En la página de Internet del Grupo Puebla hay una sección libros, entre los que se puede encontrar Guerras jurídicas contra la democracia, donde se documentan las presuntas persecuciones políticas que han padecido personajes como Evo Morales, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández y Rafael Correa a manos de la “derecha neoliberal”.
El libro incluye un capítulo sobre el caso ecuatoriano, donde se defiende la supuesta inocencia del exvicepresidente Jorge Glas.
“Desde el cambio de gobierno, se abrieron causas contra al menos 300 funcionarios y asambleístas de Alianza País por enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, peculado, delincuencia organizada, instigación, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otras. El primero que cayó fue el exvicepresidente Jorge Glas, quien está preso desde octubre de 2017, sin evidencias que justifiquen su arresto”, dice el capítulo titulado EE.UU. y el lawfare en América Latina.
“La judicialización de la política transforma los adversarios en enemigos que deben ser ‘aniquilados’; en un primer momento, esta eliminación es del escenario político, aunque no se puede olvidar la práctica de exterminio a líderes de izquierda que se presentó en Colombia en décadas pasadas, el reciente intento de asesinato a Cristina Fernández, la reiterada e ilegal negativa para concederle la libertad al exvicepresidente Jorge Glas, a pesar del otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH”, refiere el documento, editado en marzo de 2023.
“Ecuador pierde más”
Para José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la posible mayor afectación en las relaciones comerciales entre México y Ecuador por el rompimiento de relaciones recaería en la parte ecuatoriana, debido principalmente a que tiene “una economía de menor desarrollo” en comparación con la nuestra.
“Ecuador exporta a México materias primas que son minerales, principalmente. México coloca en Ecuador productos de alto valor tecnológico; en este caso quien pierde es el paías andino, pues toca precios preferenciales, y por lo tanto, las empresas manufactureras carecen de sus costos de los productos que importan” ambas economías.
Los medicamentos consistentes en productos mixtos o sin mezclar, preparaciones para usos terapéuticos o profilácticos abarcó la principal venta de México a Ecuador el año pasado, lo que equivalió a 68.2 millones de dólares. Al respecto, la Ciudad de México (202 millones de dólares), Estado de México (123 millones de dólares) y Nuevo León (63.3 millones de dólares) son los principales orígenes de las ventas.
Mientras que el cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado representó la principal compra de México a Ecuador, cuyos destinos principales fueron la Ciudad de México (121 mdd), Jalisco (32.8 mdd) y Chihuahua (14.7 mdd).
El especialista destacó que la lentitud en cuanto a trámites podría trastocar en términos de empleo tanto a México como a Ecuador, “un efecto que se estaría viendo a finales de mayo, siempre y cuando continuara esta ruptura”.
Doble descalabro
Mencionó que un aspecto por destacar son las consecuencias económicas en las que se coloca Ecuador con esta ruptura pues, aunque se trata de un aspecto separado de las cuestiones comerciales y financieras, su integración económica a nivel regional se ve trastocada.
Una de ellas es el freno a las negociaciones que desde 2019 se mantenían en una etapa preparatoria a fin de acordar un tratado de libre comercio con México, con la finalidad de que Ecuador se integre como miembro de la Alianza del Pacífico, de la cual forma parte nuestro país junto con Chile, Colombia y Perú.
“En este caso sí hay suspensión de las negociaciones, por lo tanto, Ecuador pierde doble. Por un lado, no termina de negociar el acuerdo de libre comercio con México, y por el otro, no forma parte de la Alianza del Pacífico, entonces no tiene este acceso preferencial con el resto de los miembros de la alianza”, refirió José Ignacio Martínez.
El académico refirió que de igual forma Ecuador, como asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur) se le ven suspendidos sus derechos, “es decir, esta es una consecuencia económica de este rompimiento, y aquí ya estamos hablando de instancias de gobierno, no propiamente empresarial”, aclaró.
Si bien el conflicto diplomático no ha afectado hasta el momento al intercambio comercial, sí hay incertidumbre entre los sectores productivos, lo que llevó a la Federación Ecuatoriana de Exportadores a proponer la creación de una “embajada amiga” que se encargue de los trámites a nivel empresarial, para evitar una ralentización.
Ante La Haya, 21 años después
Con la demanda en contra de Ecuador por violaciones a la Convención de Viena, es la segunda vez que el Estado mexicano recurre a la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, pues hace 21 años inició un litigio en contra de Estados Unidos.
El 9 de enero del 2003, el Gobierno mexicano presentó una demanda contra Estados Unidos por no respetar el derecho a asistencia consular a que tenían 52 connacionales que estaban condenados a la pena de muerte en ese país.
Al proceso se le conoce como Caso Avena debido a que uno de los mexicanos sobre quienes pesaba la sentencia de muerte se llamaba Carlos Avena Guillén.
En sus alegatos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena, que establece que los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales y visitarlos, cuando estén bajo proceso penal.
Además, el Estado que tomó preso o bajo arresto en cualquier circunstancia a algún extranjero debe informar de inmediato a la oficina consular correspondiente, lo que el gobierno de Estados Unidos no hizo en el caso de los mexicanos condenados a la pena capital.
Al momento en que fue presentada la demanda ya habían sido ejecutados cuatro connacionales, a quienes no se les brindó asistencia consular, pero aún estaban en la fila de sentenciados otros 52 mexicanos.
Tras analizar el caso y escuchar los alegatos de las partes, en marzo de 2024 la Corte Internacional de Justicia falló a favor de México; estableció que Estados Unidos violó la Convención de Viena, pero no especificó los alcances de dicha resolución, lo que permitió al Estado demandado interpretarla a su modo.
A partir de 2004 el gobierno de México ha extendido el litigio para que, con base en la sentencia de la Corte Internacional, Estados Unidos revise los procesos y en especial las sentencias a muerte de los connacionales que no tuvieron asistencia consular.
Pero no todos los procesos penales fueron revisados después de emitida la sentencia, pues cinco connacionales fueron ejecutados tras agotarse la última instancia en sus respectivos juicios, a pesar de que quedó claro que se violó su derecho a la asistencia consular.
Desde un principio, Estados Unidos argumentó: “Estamos obligados por la determinación de la Suprema Corte, de que las decisiones de la CIJ no son vinculantes para las Cortes” estadounidenses.
Ni los nazis hicieron algo así
Entre 1939 y 1942, el Consulado General de México en París —con sede provisional en Marsella— otorgó refugio a miles de judíos y de españoles perseguidos. Los primeros huían de las redadas antisemitas de los nazis y los segundos de la represión de la dictadura de Franco, en España.
En ese lapso, en plena Segunda Guerra Mundial, el cónsul general de México, Gilberto Bosques Saldívar, rentó dos castillos para habilitarlos como sedes diplomáticas para alojar a los miles de refugiados.
A diferencia de lo ocurrido el pasado 5 de abril en Quito, cuando el gobierno ecuatoriano entró por la fuerza a la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, los oficiales nazis no se atrevieron a violentar estos castillos, sedes del consulado mexicano, a pesar de que ya habían invadido Francia y de que sabían que en ambos inmuebles había centenares de judíos.
Los militares de Hitler y la policía de Francia, supeditada a los nazis, respetaron miles de visas que firmó el cónsul Gilberto Bosques para que salieran de Francia (casi 40 mil en tres años) y, cuando el hostigamiento de la Gestapo creció, el cónsul usó su vehículo con placas diplomáticas para trasladar personalmente a varios refugiados hasta las escalerillas de los barcos. Los nazis nunca detuvieron el vehículo.
Una situación similar se vivió en Chile, tras el golpe de Estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973 por el general Augusto Pinochet para derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende.
Tras la asonada militar, el entonces embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá, brindó protección a la esposa de Allende, Hortensia Bussi, y a dos de sus hijas, a quienes dio asilo en la sede diplomática de Santiago.
Cuatro días después del golpe, el embajador consiguió sacar de Chile hacia México a la familia de Allende. Y durante varios días abrió las puertas de la embajada a cientos de chilenos que buscaban refugio, entre ellos el poeta Pablo Neruda.
Aunque la inteligencia militar del régimen pinochetista estuvo al tanto de las gestiones del gobierno mexicano, los líderes de la junta militar no allanaron la sede diplomática ni interfirieron en los operativos para sacar a los perseguidos chilenos y llevarlos a suelo mexicano.
Al inicio de la década de los 40, Gilberto Bosques logró extender 40 mil visas para viajar a México y otros países.
›2023. 17 diciembre. Jorge Glas se presenta en la Embajada de México para solicitar “su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal”. Se le permite el acceso al exvicepresidente en calidad de “huésped”.
›20 diciembre. Jorge Glas formaliza la petición de asilo político ante la Embajada de México y el gobierno de este país informa que analizará la petición.
›22 diciembre. Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, informa que “hay una persecución política desde 2017 que ha sido escalada recientemente por la fiscal general, que arbitrariamente está tratando de procesar y detener a Jorge Glas, que es inocente”.
›2024. 5 diciembre. El juez nacional Luis Rivera dicta prisión preventiva para el exvicepresidente Jorge Glas y para Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, por el presunto delito de peculado en el uso de los fondos destinados a la reconstrucción de la zona costera ecuatoriana de Manabí y Esmeraldas.
›1 marzo. El Gobierno de Ecuador solicita permiso a México para ingresar a su embajada en Quito y detener a Jorge Glas. La canciller Bárcena califica el pedido como un “despropósito” y añade que “sentaría un precedente y violaría la inmunidad diplomática”.
›3 abril. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador relaciona el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, con el triunfo de Daniel Noboa, en los comicios del 20 de agosto de 2023.
›4 abril. La embajadora Raquel Serur es declarada persona non grata por el gobierno de Ecuador, luego de las declaraciones del presidente López Obrador.
›5 abril .—“Lávate la boca #LopezObrador antes de hablar de mi padre. A #FernandoVillavicencio lo asesinaron los mafiosos que él siempre investigó. Algunos de ellos asilados en tus embajadas y en tu país”, escribe en la red social X Amanda Villavicencio, hija del candidato asesinado.
López Obrador anuncia el envío de naves militares para traer de regreso a la embajadora Serur. La Secretaría de Relaciones Exteriores, decide dar el estatus de asilado político a Jorge Glas.
Las fuerzas de seguridad ecuatorianas entran por la fuerza a la Embajada de México en Quito y se llevan detenido al expresidente Glas.
Glas es trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 2 de Guayaquil, más conocido como La Roca.
“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”, escribe el presidente López Obrador en sus redes sociales.
›7 abril . La canciller Alicia Bárcena recibe a 18 compatriotas, y sus familias, de la Embajada de México en Ecuador, encabezados por la embajadora Raquel Serur y el jefe de Cancillería Roberto Canseco.
La embajadora Raquel Serur declara que “el presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no sólo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo”.
›8 abril Ante el asalto ilegal de la embajada mexicana en Ecuador, México anuncia que presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dice estar dispuesto a “resolver cualquier diferencia” con México, pero advierte que “la justicia no se negocia”, en referencia a la detención del exvicepresidente Jorge Glas.
›9 abril El gobierno mexicano muestra imágenes de la irrupción violenta en la Embajada de México en Quito por parte de policías ecuatorianos. También muestra testimonios de la embajadora Serur y del personal diplomático sobre el terror que vivieron la noche del 5 de abril.
México hace un llamado a la Celac para condenar a Ecuador por violaciones al derecho internacional. Estados Unidos condena “el uso de la fuerza contra funcionarios de la Embajada” de México en Ecuador, tras el reclamo del presidente López Obrador por su inicialmente tibia reacción al asalto que lo llevó a romper relaciones con Quito.
›10 abril Jorge Glas está en huelga de hambre en la prisión de Guayaquil, informa su amigo, el exmandatario Rafael Correa. Con 29 votos a favor, uno en contra (Ecuador) y una abstención (El Salvador), el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA) condena “enérgicamente” la irrupción policial de Ecuador en la embajada mexicana.
›11 abril. México presenta una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto a la embajada mexicana en Quito. México pide la suspensión de Ecuador de la ONU en tanto no haya una disculpa pública.