Por primera vez desde que inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se registran diez entidades con un balance muy negativo de la violencia homicida. Esta se continúa profundizando en los estados que se encuentran bajo la disputa de diversas organizaciones criminales: Sinaloa, Sonora, Tabasco, Guanajuato, Quintana Roo y Ciudad de México. Este escenario ha alcanzado a entidades como Nayarit, Michoacán y Baja California.
Destaca la prevalencia y profundización de los tres principales conflictos a nivel nacional: la disputa intestina entre Los Mayos y Los Chapos en Sinaloa, el choque entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Barredora y su escisión en Tabasco, y los conflictos locales en la Ciudad de México, entre La Unión, La Anti Unión y organizaciones microlocales como el Cártel de Peralvillo y células del Cártel de Tláhuac, entre otras.
Estados en aparente proceso de pacificación.
Únicamente siete entidades registraron un balance positivo. Es el menor número registrado en los últimos seis meses. En este rubro se mantienen entidades como Yucatán, en donde se implementan políticas públicas con fundamento criminológico y visión de largo plazo, como la política de prevención situacional basada en la tecnología —como en Mérida— y las iniciativas estatales de dignificación y profesionalización policial.
En contraste, también prevalecen entidades en las cuales se han cuestionado la calidad de los datos de homicidios y registro de personas desaparecidas, como Jalisco y Zacatecas. De nueva cuenta, instamos a los gobiernos locales a que tomen una postura proactiva en la explicación de estos resultados.
La situación se agravó en Nayarit, al pasar de un balance positivo a uno muy negativo; en Michoacán, que pasó de una situación negativa a una muy negativa; y en Estado de México, que pasó de una positiva a una regular, a punto de transitar a un balance muy negativo. En general, este mes muestra procesos de intensificación de la violencia en la mayoría de las entidades federativas.
Aproximación regional.
La violencia se intensificó en la zona central del país. Michoacán se suma a la Ciudad de México, Puebla y Guanajuato como entidades con balances muy negativos. El Estado de México, alcanzó a Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo como entidades con balances regulares. Lo anterior da cuenta de cómo las organizaciones criminales han arreciado sus esfuerzos por el control de los territorios.
El noreste se consolida cada vez más como la región más violenta del país. La violencia asociada al conflicto en Sinaloa se ha extendido hacia Nayarit y Baja California, entidades que ahora registran un balance muy negativo. El conflicto entre dos grupos del Cártel de Sinaloa podría estar propiciando una reconfiguración regional de los regímenes criminales en dichas entidades.
La violencia se recrudece.
Por primera vez en 2025 un tercio de las entidades del país presentan un balance muy negativo en materia de seguridad; las desapariciones se incrementaron en 20 estados. En 11 de ellas el número de personas desaparecidas supera incluso el número de homicidios dolosos. Destacan el Esrtado de México, la Ciudad de México y Puebla.
El gobierno federal utiliza el número absoluto de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional para medir el éxito de la estrategia de seguridad pública. Sin embargo, estos datos invisibilizan la situación que atraviesa cada una de las entidades y dejan fuera de la discusión temas como la violencia homicida ejercida contra las mujeres o la desaparición de personas. En los últimos años, la desaparición forzada se ha convertido en una estrategia recurrente de diversos actores —además del crimen— para evitar la presencia de cadáveres y maquillar el aumento en las cifras de homicidios. En otras palabras, la narrativa oficial ofrece una visión altamente parcial de la violencia homicida en su conjunto.
* Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
