Las Asociaciones Público-Privadas (APP) han ganado relevancia como instrumento para financiar las necesidades de infraestructura pública. Ante un reducido espacio fiscal, esta forma de financiamiento, en ocasiones se ha vuelto fundamental para solventar las necesidades de gasto público. Este esquema, a diferencia del endeudamiento tradicional, permite que se compartan los riesgos de los proyectos.
En teoría, a través de las APP se logra que las personas especializadas intervengan en la planeación, construcción, mantenimiento y seguimiento de los proyectos de obra pública. Si se cumplen los procedimientos establecidos por la ley en los que se implementan marcos de evaluación, transparencia y seguimiento, permiten que exista mayor contratación de entidades en condiciones óptimas. Lo anterior implica seguir implementando medidas que reduzcan los actos de corrupción, nepotismo y compadrazgo al formalizar los procedimientos de convocatoria.
En México el uso de este mecanismo aún presenta limitaciones importantes. La mayoría de recursos para APP se concentran en sectores con mayor rentabilidad financiera, como transporte y energía. Por lo que podría ampliarse su destino a proyectos de desarrollo social de sectores con alta demanda como salud, agua y espacios públicos.
De 2017 a 2025, la inversión en APP ascendía a 8 mil 763 mdp promedio. De los cuales, tan sólo en 2025 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) asignó un total de 11 mil 372 mdp para proyectos de carreteras y un hospital del ISSSTE. Los estados beneficiados durante 2025 son Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Campeche, Hidalgo y Puebla; en total suman 11 proyectos con gasto en carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.
Los proyectos por APP de carreteras en el PEF 2025 representan el 77.2% del total del gasto de inversión y el 22.8% restante es el gasto destinado al hospital. Además, como caso único, se encuentra el presupuesto no asignado al Complejo Penitenciario de Papantla, que está en investigaciones por inconsistencias en el gasto asignado en años anteriores. Este caso es un ejemplo por el que resulta sustancial el seguimiento y la continua evaluación a las APP.
En este contexto, convendría diseñar y evaluar una política integral hacia las APP con instrumentos que mitiguen riesgos financieros y mecanismos que incentiven la inversión en sectores de infraestructura social como escuelas, hospitales, parques, entre otros. Esto implica no sólo ampliar su uso, sino también fortalecer la capacidad institucional para estructurarlas, mitigar riesgos financieros y garantizar que sean útiles al interés público.
Tan sólo en 2025, estos esquemas representan el 1% de la inversión pública anual aprobada, frente al 0.04% de hace apenas ocho años. Este crecimiento acelerado confirma que las APP han dejado de ser una alternativa marginal y pueden llegar a ser un instrumento relevante a la política de infraestructura. Pero con esta expansión también crecen las responsabilidades institucionales y de gobernanza: no basta con atraer inversión privada, es indispensable garantizar que su uso responda al interés público, que se prioricen los sectores más rezagados y que se mantenga un control riguroso sobre su costo y su desempeño.
