“México debe enviar un mensaje a los criminales: el delito no es rentable”

Toda estrategia contra la delincuencia y la violencia requiere dos componentes: la prevención y la aplicación de la ley, afirma Paul J. Angelo, experto en crimen trasnacional y asistencia internacional para la seguridad.

En entrevista para ejecentral, el director del Centro de Estudios para la Defensa Hemisférica William J. Perry, dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, asegura que “la inversión social y económica en las comunidades vulnerables es una parte importante de cualquier estrategia contra la delincuencia, pero los gobiernos también deben enviar un mensaje a los criminales y a los posibles criminales: el delito no es rentable”.

Así responde Angelo a la pregunta de si es acertada la estrategia de “abrazos, no balazos” implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual privilegia el combate a las causas del crimen —la falta de oportunidades entre jóvenes, la pobreza, el desempleo— antes que el combate frontal a las bandas criminales.

“La aplicación profesional de la ley y la aplicación eficiente de la justicia constituyen un importante elemento de disuasión, lo que subraya la gran importancia de la institucionalidad para mejorar los resultados en materia de seguridad”, destaca Angelo, autor del recientemente aparecido libro From Peril to Partnership (Del peligro a la asociación), en el que analiza la cooperación de Estados Unidos con Colombia y México en materia de seguridad.

Angelo fue directamente responsable de la planificación de misiones interinstitucionales enfocadas en mejorar la gobernabilidad local, el estado de derecho y la seguridad en apoyo del Plan Colombia. Asimismo, fue consultor de los emisarios estadounidenses durante la vigencia de la Iniciativa Mérida, esquema de cooperación establecido en 2008 por los presidentes Felipe Calderón y George Bush.

Sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, quien se ha apoyado en la Guardia Nacional para atender las regiones donde tiene mayor presencia el crimen organizado, el director del Centro Perry opina que “no todos los desafíos de seguridad en México requieren respuestas militarizadas”.

Y explica: “Como hemos visto en otros países latinoamericanos donde los militares asumen responsabilidades de orden público y reciben recursos para esta tarea, el impulso para entrenar, profesionalizar y dotar de recursos adecuados a las fuerzas policiales se disipa, y los militares se vuelven menos capaces de realizar misiones de defensa tradicionales al verse estancados en tareas policiales”.

Pese a que las Fuerzas Armadas mexicanas han asumido tareas policiales, de gobierno, de construcción de infraestructura, de manejo de aeropuertos y de control aduanal, Angelo considera que “el gobierno estadounidense mantiene una relación de trabajo positiva con los militares de México. Otras instituciones de seguridad han llegado y desaparecido, pero las Fuerzas Armadas siguen siendo un interlocutor importante para abordar los problemas de seguridad y defensa”.

—¿Qué situación se viviría actualmente en México si la Iniciativa Mérida hubiera tenido el éxito que, desde su punto de vista, tuvo el Plan Colombia? —se le pregunta.

—Colombia tomó la decisión de reformar e incluso transformar las instituciones de seguridad y justicia existentes mediante grandes inversiones en tecnología, formación y educación, y personal. Y lo hizo con el apoyo de los principales partidos del país y el respaldo de la ciudadanía colombiana. México estaba en ese camino tras la firma de la Iniciativa Mérida, pero la política se interpuso.

Al pedirle detallar en qué medida la política se convirtió en un obstáculo, Angelo explica que “la seguridad en México adquirió una lógica electoral, y las nuevas administraciones —en los tres niveles de gobierno— tuvieron problemas en construir sobre las instituciones y estrategias que heredaron de sus predecesores. México estaba respondiendo a una crisis, pero no cumplió con los objetivos de la reforma institucional que hubieran hecho más sostenibles los avances en materia de seguridad”.

La principal hipótesis del libro de Angelo es que la falta de respaldo de los empresarios mexicanos, la polarización que genera el tema de la seguridad entre los partidos políticos y la burocracia que rodea a los cuerpos policiacos y militares son algunas de las razones que explican el fracaso de la Iniciativa Mérida, si se le compara con los avances que produjo el Plan Colombia en el país sudamericano.

De acuerdo con el funcionario, la mejora de los resultados de seguridad depende mucho más de la capacidad de las instituciones aliadas para desmantelar los grupos de delincuencia organizada y mejorar los lazos con los ciudadanos, que de la cantidad de recursos o del establecimiento de agendas por parte del gobierno estadounidense.

“El principal factor de éxito en Colombia —detalla Angelo— fue el enfoque interinstitucional, que reconoció que los problemas de seguridad son multidimensionales, y Bogotá se dedicó a combatir la corrupción, el subdesarrollo, la impunidad, la exclusión social y la pobreza, al mismo tiempo que desmantelaba grupos insurgentes, paramilitares y otros grupos delictivos”.

En México, en cambio, “las élites financieras, los partidos políticos y la burocracia de seguridad descentralizada desincentivaron el desarrollo de una visión estratégica consolidada para abordar la violencia descontrolada. El gobierno estadounidense haría bien en mitigar sus propias expectativas sobre lo que es posible a través de la gestión de la ayuda a la seguridad, analizando y valorando realmente lo que sus socios ponen sobre la mesa”, recomienda el autor.

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