México cuenta con uno de los marcos estratégicos anticorrupción y de integridad pública mejor calificados entre países los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El financiamiento político y la normativa en el manejo de riesgos de corrupción y auditoría son algunas de las fortalezas que el organismo de cooperación internacional reconoció a México en su análisis de las perspectivas de anticorrupción e integridad 2024.
Según el estudio en el país se cuenta con el marco normativo adecuado y las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción encargadas, entre otras funciones, de supervisar los datos abiertos, en el caso del Instituto Nacional de Transparencia (Inai).
Así como vigilar el financiamiento político, a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE); y atender los posibles conflictos de interés en los poderes ejecutivo y judicial, de lo que se encarga la oficina de Conflictos de Intereses de la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal, y la Secretaría de la Función Pública, respectivamente.
Áreas de mejora
Sin embargo, la OCDE también detecta deficiencias y áreas por mejorar, principalmente en materia de cabildeo; en la normativa para garantizar la transparencia de la información pública; así como en la implementación de las normas en el manejo de riesgos de corrupción, el control y la auditoría interna de la administración pública federal.
El organismo destaca, por ejemplo, la falta de una institución u organismo que monitoree el cabildeo, y ubica al país por debajo del promedio de los países miembro en cuanto a los criterios de evaluación y de práctica del cabildeo en el Congreso.
“El código de conducta aplicable a los miembros del Congreso no menciona situaciones de riesgo ligadas al cabildeo. Aunque existe un registro público de cabildeo, éste no abarca información sobre los gastos de las actividades de cabildeo ni la legislación que buscan influenciar”.
Faltan datos
En materia anticorrupción el análisis señala que, aunque en México cada entidad pública en auditada internamente, “los auditores internos no tienen acceso ilimitado al personal político y la alta dirección”.
Y aunque la Secretaría de la Función Pública cuenta con una unidad de armonización central, “no hay datos centralizados sobre si los organismos públicos a nivel federal realizan evaluaciones de riesgo para medir los riesgos de fraude y de integridad en el sector público”.
De igual manera señala que no hay información respecto a la tasa de presentación de declaraciones (de conflicto de intereses) para los miembros del Congreso; además de que “las declaraciones de conflictos de intereses de los representantes de la rama judicial no son accesibles al público”.
JND