En México, la desaparición de personas es una herida abierta que no deja de sangrar. En el Estado de México, donde miles de familias viven la agonía de no saber dónde están sus seres queridos, la Fiscalía General de Justicia ha anunciado recompensas de 300 mil hasta 500 mil pesos a cambio de información que ayude a localizar a personas desaparecidas. Esta medida, aunque busca ser una herramienta para encontrar respuestas, nos enfrenta a una reflexión dolorosa: ¿puede el dinero compensar la ausencia de un hijo, una madre, un hermano? La respuesta es clara: ninguna cantidad de dinero vale una vida.
La crisis de desapariciones en el Estado de México es alarmante. Según datos oficiales, esta entidad es una de las más afectadas, con más de 5 mil quinientos casos registrados en algunos de sus municipios, como Atlautla y Toluca. Cada número es una historia de una familia rota que no duerme, que busca en cada rincón la justicia. La oferta de recompensas no es nueva: el gobierno del Estado de México ofreció, en 2020, la cantidad de 300 mil pesos para localizar a personas como Dalia Guadalupe Hernández Vite o Jair Vázquez Alonso, con el fin de incentivar la colaboración ciudadana. Sin embargo, el problema es mucho más profundo que una transacción económica. Las desapariciones no son solo un delito; son una tragedia humana que refleja el fracaso de un sistema incapaz de proteger a sus ciudadanos.
Preocuparse por los desaparecidos y sus familias no es solo un acto de empatía, es una obligación moral. Cada persona que no regresa a casa deja un vacío que no se llena con promesas ni con billetes. Las familias no solo enfrentan el dolor de la incertidumbre, sino también la indiferencia de autoridades que, en muchos casos, no investigan con la urgencia que se requiere. Las madres buscadoras, como las de colectivos en Jalisco o Guanajuato, recorren terrenos, enfrentan amenazas y excavan con sus propias manos en busca de respuestas. Ellas nos recuerdan que la búsqueda de los desaparecidos es un grito de humanidad que no puede ser silenciado.
Ofrecer recompensas puede ser un paso, pero no es la solución. El dinero no devolverá el tiempo perdido, ni el sufrimiento de quienes esperan. Es fundamental que el Estado invierta en prevención, en investigaciones serias y en proteger a quienes buscan. La ciudadanía también tiene un papel: denunciar, apoyar, no mirar hacia otro lado. La indiferencia es cómplice de esta crisis.
Ningún dinero vale una vida. Pero cada esfuerzo, cada voz que se alza, cada acción que busca justicia, sí lo vale. Los desaparecidos no son números; son personas con nombres y familias que los esperan. Que el dolor de su ausencia mueva a construir un México donde nadie tenga que buscar a los suyos en fosas, donde el Estado —cualquiera que sea— no tenga que invertir para encontrar, donde la responsabilidad de localizarles no recaiga en los afectados. Ojalá.
