En la Sala Superior del TEPJF se discutió el proyecto de sentencia presentado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en el que proponía declarar la nulidad de la elección judicial del 1 de junio de 2025 bajo el argumento de que estuvo marcada por la llamada “operación acordeón”: la distribución masiva, premeditada y sistemática de guías de votación que, de manera determinante, habrían orientado la voluntad ciudadana.
La sola presentación de este proyecto, más allá de su desenlace, representa un hito en la historia judicial electoral de nuestro país. Nunca antes un tribunal mexicano había estado tan cerca de reconocer que la manipulación organizada del voto basta para anular una elección. En un país donde se han normalizado las irregularidades en los procesos electorales, la propuesta recordó que la democracia sólo funciona si el voto es respetado.
El proyecto detalló un cúmulo de evidencias difícil de ignorar: más de tres mil guías impresas, cientos de imágenes y videos que mostraban su circulación, y páginas web diseñadas ex profeso para su descarga. No eran papeles improvisados, sino documentos técnicos con distritos, códigos de candidatura y combinaciones prediseñadas que revelaban una estrategia profesional desplegada a escala nacional. Lo más revelador fue el dato estadístico: de entre 7,400 millones de combinaciones posibles para elegir a cinco mujeres y cuatro hombres de un total de 64 candidaturas, una sola fórmula concentró el 45% de los votos. En 14 estados se repitió exactamente la misma combinación, y en otros cinco coincidieron ocho nombres. La homogeneidad no podía explicarse por azar.
Rodríguez estructuró su exposición en tres ejes: las pruebas de la estrategia ilegal, las faltas a la integridad del proceso y los vacíos legislativos que deben corregirse. Su conclusión fue clara: la operación vulneró la libertad del voto, la equidad de la contienda y la autenticidad de la elección.
El planteamiento de Reyes resultó incomodó para los tres magistrados afines a la 4T. Entre los argumentos en contra, el magistrado Felipe de la Mata apeló al simbolismo político: “¿Por primera vez tendremos un presidente indígena en la Corte y vamos a anular su elección por acordeones no comprobados? ¿Podemos asumir que la ciudadanía no votó libremente por cinco mujeres que harán historia como mayoría?” Interrogantes legítimas, pero que desviaban el foco de la discusión. Lo que estaba en juego no era la identidad de los electos, sino la limpieza del proceso. La representatividad indígena y la paridad de género son conquistas que deben preservarse, pero nunca a costa de sacrificar la integridad del voto.
Es cierto, tal vez no era posible invalidar la elección de ministros, como proponía el proyecto; sin embargo, el TEPJF perdió la oportunidad de sentar un precedente para orientar los futuros procesos electorales, particularmente el de 2027. La discusión giraba en torno a la carga de la prueba, la validez de la evidencia estadística, el valor de los amicus curiae y, en general, a cómo dotar a la sociedad de herramientas para proteger el camino democrático.
El proyecto del Magistrado Reyes Rodríguez no alcanzó los votos, pero sí dejó claro que todavía hay jueces dispuestos a incomodar al poder, aunque queden en minoría. Ese gesto, que muchos verán como derrota, yo lo leo como recordatorio y advertencia: en democracia no basta con ganar elecciones, hay que garantizar que los votos se emitan en libertad. Y esa es la tarea que la justicia electoral no puede seguir evadiendo. Por lo pronto hoy un tribunal dividido dejó escapar la oportunidad de sentar un precedente que protegiera la integridad del voto en México.
