A dos semanas de que Nicolás Maduro proclamó un nuevo triunfo electoral suyo en Venezuela, más de dos mil ciudadanos –opositores, activistas y manifestantes– se enfrentan a un destino incierto y temible, al ser internados en algún centro de detención y tortura de los que dispone el régimen chavista y que, guardadas las proporciones, operan con una dinámica muy parecida a la de los gulags de la antigua Unión Soviética.
Conocido como El Helicoide, debido a su construcción en espiral, y con una super-
ficie de 101 mil 940 metros cuadrados, un imponente edificio destaca como una joya de la arquitectura en la ciudad de Caracas.
Construido en la década de los 50 del siglo pasado con la idea de que fuera un gran centro comercial, el edificio fue elogiado por el poeta chileno Pablo Neruda, mientras que el pintor español surrealista, Salvador Dalí, ofreció su arte para decorarlo.
›Sin embargo, en la década de los 80 se convirtió en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y ya durante el gobierno encabezado por Nicolás Maduro se transformó en una enorme cárcel para presos políticos.
Entre los tratos que se les da a los internos –de acuerdo con testimonios recogidos en entrevistas con medios de comunicación y documentales– se encuentran golpes, electrocuciones, asfixia con agua y excrementos, amenazas de daños a los familiares de los reclusos y sesiones de adoctrinamiento, para que los detenidos se sientan “culpables” de haber “traicionado” a la patria bolivariana.
Vejaciones de este tipo fueron narradas por Víctor Navarro (periodista y activista), Antony Vega (activista), Diannet Blanco (maestra y activista) y Dylan Canache (estudiante), al Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas (CESCOS), un instituto de investigación dedicado al estudio y defensa de la democracia y los derechos humanos, con sede en Uruguay. Los cuatro fueron detenidos arbitrariamente y, en el caso de Canache, cuando apenas contaba con 15 años de edad.
“Utilizaron las redes (sociales) de mi mejor amiga para tenderme una trampa”, explica el joven, quien ingresó al Helicoide en enero de 2018, después de recibir un mensaje de su compañera (quien también se encontraba presa), en el que lo citaba en una estación del Metro, donde fue capturado por fuerzas de seguridad del gobierno venezolano.
Los malos tratos incluyen alimentos y agua en mal estado, hacinamiento e incomunicación. Ningún visitante ni guardia de seguridad tiene permitido ingresar cámaras de video o de fotografía.
Las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos –muchos de ellos ciudadanos que han participado en actos de protesta– han sido denunciadas por organizaciones como Human Rights Watch y el Foro Penal Venezolano.
Pero lo que ocurre en El Helicoide ha rebasado el ámbito de la tortura. En el 2021 se denunció el caso de Daniela Figueredo, quien fue asesinada a los 19 años por un funcionario policial en una de las celdas. De acuerdo con la averiguación previa, el funcionario atacó con su arma a la joven después de haberla amenazado con obligarla a tener relaciones sexuales con él.
La grave situación de violaciones a los derechos humanos incluso ocasionó un motín, en mayo de 2018, tras una golpiza propinada a Gregory Sanabria, conocido activista que anteriormente había denunciado que en El Helicoide se torturaba a menores de edad.
Aunque la revuelta terminó con el traslado de diversos reos a otros centros de detención, el edificio aún se utiliza como cárcel, además de que alberga oficinas de varias entidades del gobierno y de la Policía Nacional Bolivariana.
El abogado de Sanabria ha dicho a los medios de comunicación que las celdas, cuartos de aislamiento y espacios en donde se tortura a los presos se encuentran en el sexto óvalo o nivel del inmueble.
Las otras cárceles
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y medios de comunicación también han recogido testimonios de ciudadanos que, tras protestar en la calle, fueron llevados a centros de detención distintos al Helicoide, cuya ubicación nunca supieron y en donde sufrieron tortura física y psicológica y adoctrinamiento.
Tras las protestas callejeras desatadas por la proclamación de un nuevo “triunfo” de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, el propio presidente de Venezuela prometió “mano dura” contra los opositores, entre quienes se encuentran el candidato a la Presidencia, Edmundo González, y quienes lo respaldan, incluida la líder María Corina Machado, así como manifestantes, periodistas y activistas.
“Todos los criminales fascistas se van para Tocorón y Tocuyito, a cárceles de máxima seguridad, para que paguen sus crímenes ante el pueblo. A los criminales que atacaron hospitales, estaciones de Metro, puestos policiales, que atacaron casas… a todos los estamos capturando”, advirtió hace unos días el mandatario, quien también aseguró que dichos prisioneros serán encarcelados por 30 años.
El plan de habilitar nuevos centros de detención de disidentes fue fraguado con anticipación, pues durante septiembre y octubre del año pasado, los penales de Tocorón y Tocuyito fueron vaciados y acondicionados “para recibir a los terroristas”. Así lo dijo el propio Nicolás Maduro recientemente, al afirmar que “ya están listos Tocorón y Tocuyito para los terroristas, para los criminales”.
La cárcel de Tocorón se ubica en el estado de Aragua, en el centro-norte del país. Es conocida por haber albergado a los reos de más alta peligrosidad, entre los que se incluye a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, Niño Guerrero, líder de la pandilla Tren de Aragua, organización dedicada al narcotráfico, trata de personas, secuestro y sicariato, entre otras actividades.
Tocuyito se ubica en Carabobo, región centro-norte de Venezuela. Este centro de detención fue la prisión más poblada del país, y una de las más violentas: durante 2011, 54 presos murieron y 115 resultaron heridos, y en 2015 se registró un incendio que acabó con la vida de 18 personas.
La intervención en ambas prisiones consistió en acciones para “acabar con las estructuras criminales que gobernaban al interior”, según las autoridades, pero organizaciones como el Observatorio Venezolano de la Violencia señalan que el objetivo fue transmitir a la población la idea de que se retomaba el control de dichos espacios.
Al cierre de esta edición, el número de detenidos por las protestas en contra de la reelección de Maduro superaba las dos mil personas, y se teme que muchos de ellos se encuentren en El Helicoide y en otros centros de detención clandestinos, varios de ellos a la espera de ser trasladados a Tocorón y Tocuyito.