Desde hace algunos meses, el Instituto Electoral de la Ciudad de México inició los trabajos institucionales para organizar dos de los ejercicios de democracia participativa más relevantes del próximo año: la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027. Como parte de esta planeación, el pasado 30 de octubre se aprobó el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025, un instrumento técnico indispensable que define el universo territorial sobre el cual se desarrollan estos mecanismos.
El marco geográfico no es un simple listado de colonias, pueblos o barrios. Es la base que da orden, certeza y reglas claras a la participación ciudadana. De él dependen las convocatorias, la organización de los procesos y, sobre todo, el reconocimiento de cómo se ejerce la participación en una ciudad tan diversa como la nuestra. Por eso, cualquier modificación debe hacerse con rigor técnico, pero también con sensibilidad política y respeto a los derechos colectivos.
En ese contexto, el Consejo General del Instituto aprobó recientemente ajustes al Marco Geográfico de Participación Ciudadana, derivados del registro de nuevos pueblos y barrios originarios por parte de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. El pasado 16 de diciembre, dicha Secretaría publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso mediante el cual formalizó la inscripción de 15 pueblos y 22 barrios originarios en su Sistema de Registro y Documentación.
La Secretaría es la instancia gubernamental encargada de mantener actualizado el registro oficial de los pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México, información que debe reflejarse de manera consistente en el marco geográfico que rige los ejercicios de participación ciudadana. Por ello, se llevaron a cabo reuniones de trabajo y un intercambio constante de información para revisar, con detalle, las equivalencias territoriales entre los pueblos y barrios reconocidos y las Unidades Territoriales previamente aprobadas.
Aunque la Secretaría reconoció 15 pueblos y 22 barrios, el análisis del marco geográfico realizado por el IECM permitió identificar que estos corresponden a 31 Unidades Territoriales integradas por pueblos y barrios originarios dentro del marco geográfico. Al sumarse a las 56 Unidades Territoriales de este tipo que ya existían, el total asciende ahora a 87.
Lo importante es que estos ajustes no modifican el número total de Unidades Territoriales de la ciudad. El Marco Geográfico de Participación Ciudadana se mantiene en 1,851 Unidades Territoriales, de las cuales 1,764 están integradas por colonias, unidades habitacionales o fraccionamientos. Estas definirán sus proyectos a través de la Consulta de Presupuesto Participativo, conforme a las reglas generales previstas en la ley.
Las 87 Unidades Territoriales integradas por pueblos y barrios originarios —69 pueblos y 18 barrios— contarán con un tratamiento diferenciado, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana. En estos casos, la definición de los proyectos de Presupuesto Participativo se realizará de acuerdo con sus sistemas normativos y procedimientos tradicionales, a través de sus autoridades representativas. Este reconocimiento no es una concesión, sino el cumplimiento de un mandato legal y el reflejo del respeto a la autonomía, la identidad y las formas propias de organización de estas comunidades.
Con la aprobación de estos ajustes no se cierra un tema, sino que se abre una etapa adicional de trabajo institucional. Será necesario armonizar diversos instrumentos normativos, convocatorias y lineamientos que regularán la Elección de las COPACO y las Consultas de Presupuesto Participativo, para que sean congruentes con el marco geográfico actualizado.
En una ciudad plural como la nuestra, actualizar para incluir es una obligación democrática. Reconocer a los pueblos y barrios originarios en el marco geográfico de participación ciudadana no solo fortalece la legalidad de los procesos, sino que reafirma un principio fundamental: la democracia participativa solo es plena cuando reconoce la diversidad de voces, territorios y formas de organización que conviven en la Ciudad de México.
