La democracia mexicana está manchada por la sangre de aquellos que buscan participar en el proceso electoral. La reciente revelación de que la violencia electoral ha superado las cifras de 2018, con un escalofriante total de 51 asesinatos en todo el país, es un golpe directo al corazón de nuestras instituciones democráticas. Detrás de estas cifras desgarradoras se encuentran vidas truncadas, sueños interrumpidos y familias destrozadas, todo como resultado de un clima de violencia y de impunidad que parece empeorar con el tiempo.
Es profundamente perturbador que, en pleno siglo XXI y en una supuesta democracia, aspirantes a cargos de elección popular sean sistemáticamente blanco de la violencia política. Estos actos de barbarie no sólo son un atentado contra los individuos, sino también contra la integridad misma de nuestro sistema político. ¿Cómo podemos pretender ser una democracia funcional y representativa cuando aquellos que buscan servir al país son silenciados de esta manera brutal?
La responsabilidad de esta situación recae en múltiples niveles. Las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el orden público han fracasado estrepitosamente en su deber de proteger a los ciudadanos y en salvaguardar el proceso democrático. La impunidad que rodea estos crímenes sólo sirve para perpetuar un ciclo de violencia que socava la confianza en nuestras instituciones y fomenta un clima de temor y desesperanza entre la población.
Además, es imperativo cuestionar el papel de los actores políticos y de los partidos en este escenario. ¿Qué medidas están tomando para proteger a sus candidatos y para promover un ambiente de respeto y tolerancia en la contienda electoral? ¿O están más preocupados por asegurar sus propios intereses que por salvaguardar la integridad de la democracia?
La sociedad mexicana no puede permanecer impasible ante esta ola de violencia política. Es hora de alzar la voz enérgicamente y exigir justicia para las víctimas y sus familias.
Es hora de demandar que las autoridades cumplan con su deber de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes atroces. Es hora de que los actores políticos den un paso al frente y asuman su responsabilidad en la protección de la democracia y los derechos humanos.
En última instancia, debemos recordar que la verdadera fuerza de una democracia radica en la participación activa y consciente de todos los ciudadanos. No podemos permitir que el miedo y la violencia nos silencien y nos aparten de nuestro deber cívico. Es en momentos de crisis como este que debemos demostrar nuestra fortaleza y nuestra determinación para construir un México donde la democracia sea más que una palabra vacía, donde cada voz sea escuchada y cada vida sea valorada.
No olvidemos nunca que “La violencia electoral y los asesinatos de candidatos revelan la desgarradora realidad de la nueva política en México: un camino marcado por el valor, la pasión y el sacrificio, donde cada paso hacia la democracia está teñido con el precio más alto: la vida misma”.
