La Auditoría Superior de la Federación (ASF) atraviesa por muchas razones, uno de los momentos más relevantes en su historia reciente. Mientras en la Cámara de Diputados se afinan los últimos detalles para emitir la convocatoria que definirá a la persona responsable de fiscalizar el gasto público federal hasta 2034, el desempeño del actual Auditor, David Colmenares Páramo, vuelve al centro del debate público, no por sus resultados en materia de fiscalización, sino por sus ausencias.
La ASF no es una oficina administrativa más: es el máximo órgano de fiscalización del país, responsable de revisar el ejercicio de billones de pesos del presupuesto federal. Tan solo en la Cuenta Pública 2023, el gasto neto ejercido superó los 9.1 billones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda. La magnitud del dinero bajo su vigilancia exige liderazgo técnico, presencia institucional y coordinación permanente con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ahí es donde surgen las grietas y críticas institucionales.
Registros oficiales del propio Sistema Nacional de Fiscalización confirman que el auditor superior debe copresidir y coordinar el Comité Rector de dicho sistema, una obligación establecida en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Sin embargo, documentos institucionales y testimonios legislativos revelados a Eje Central, coinciden en un dato contundente: Colmenares no ha participado en ninguna sesión del Comité Rector desde 2019.
La consecuencia no es menor, menos entre sus adversarios. Según las fuentes, la ausencia del Auditor ha generado enojos, críticas, señalamientos internos y ciertos retrasos estructurales en la implementación de la Plataforma Digital Nacional, una herramienta mandatada por la Constitución para concentrar información sobre declaraciones patrimoniales, contrataciones públicas, sanciones administrativas y servidores públicos inhabilitados. A casi ocho años de creada, uno de sus módulos clave sigue sin operar plenamente, debilitando la capacidad preventiva del Estado frente a delitos como el desvío de recursos, el nepotismo y el enriquecimiento ilícito.
En este contexto, fuentes legislativas han confirmado a esta casa editorial, que se encuentra lista una denuncia administrativa que será presentada ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, órgano dependiente de la Cámara de Diputados. El señalamiento es grave: incumplimiento de funciones y posible abuso de autoridad. De prosperar, el procedimiento podría derivar en sanciones administrativas e incluso inhabilitación, justo cuando el actual auditor entra en la recta final de su mandato, que concluye el 15 de marzo.
El momento de la filtración de esta información no es casual, no podemos ser ingenuos. En San Lázaro ya se avanza con la convocatoria para elegir al próximo titular de la ASF. Quien resulte electo tendrá un encargo de 8 años, con facultades que incluyen la detección de desvíos de recursos públicos, la revisión de contratos con empresas privadas y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República.
El perfil exigido no es menor: al menos 10 años de experiencia en fiscalización, política presupuestaria, administración financiera o manejo de recursos públicos, además de no haber ocupado cargos de elección popular o dirigencias partidistas recientes.
En medio de la negociación política, cobra fuerza una posibilidad inédita: que por primera vez una mujer encabece la Auditoría Superior de la Federación.
La discusión sobre la ASF es por demás relevante, se trata de credibilidad y gobernanza, en un país donde más del 90% de los delitos no se sancionan, según cifras oficiales del INEGI. No puede permitirse un órgano fiscalizador debilitado por omisiones internas, ni con tintes y balanzas políticas. La fiscalización no es un trámite: es una línea de defensa democrática.
El actual Auditor Superior, David Colmenares, concluirá su encargo el próximo 15 de marzo del 2026 y tiene derecho a buscar la reelección; sin embargo, en San Lázaro ya se anticipa una contienda intensa.
El Presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Herrera Borunda, confirmó que la convocatoria será aprobada a más tardar a principios de febrero, ya que el procedimiento está estrictamente regulado por la ley y requiere tiempos específicos.
Lo cierto es que la carrera por la fiscalización del gasto público ya comenzó. Y la pregunta de fondo no es quién ocupará el cargo, sino si la próxima ASF estará a la altura de su mandato constitucional o si seguirá siendo rehén de silencios, ausencias y decisiones que erosionan la rendición de cuentas, aún del oficialismo mismo.
En un país con finanzas públicas bajo presión, la omisión también cuenta. Y cuesta…
