En los últimos años, el debate sobre la eliminación del fuero constitucional ha sido presentado, con frecuencia, como una cruzada moral contra los privilegios del poder. En el discurso público suena bien: nadie por encima de la ley, nadie protegido frente a la justicia. Sin embargo, la realidad política —sobre todo en contextos donde el poder se concentra—, es mucho más compleja. Y hoy, Campeche se convierte en un ejemplo claro de por qué eliminar el fuero puede ser una decisión peligrosa en tiempos donde resurgen tentaciones autoritarias.
El fuero no nació para proteger a políticos corruptos ni para blindar abusos. Nació para proteger la función pública frente a persecuciones políticas. Es una herramienta de equilibrio institucional. Es un escudo frente al uso faccioso de la justicia. Cuando ese escudo desaparece en contextos de polarización, concentración de poder o debilitamiento de contrapesos, el riesgo deja de ser teórico y se vuelve real.
Lo que ocurre en Campeche ilustra este punto con crudeza. La gobernadora ha logrado, a base de decisiones cuestionadas y confrontación política permanente, ganarse la enemistad de legisladores locales, incluso dentro de su propio grupo político. Pero más grave aún: el ambiente político se ha contaminado con amenazas abiertas de persecución penal. La lógica deja de ser el debate democrático y se convierte en una lógica de intimidación. Y cuando no existe fuero que proteja a legisladores, alcaldes o funcionarios de alto nivel frente a acusaciones fabricadas, la puerta queda abierta para que el aparato de justicia sea utilizado como instrumento de control político.
El riesgo no es menor. Sin fuero, un legislador incómodo puede enfrentar carpetas de investigación “oportunas”. Un alcalde que no se alinee puede ser acusado de delitos construidos. Un secretario puede ser removido vía presión judicial. No se trata de impunidad; se trata de evitar que la justicia se convierta en arma política.
La historia política del mundo demuestra que los regímenes autoritarios no siempre comienzan con golpes de Estado o rupturas institucionales abruptas. Muchas veces comienzan debilitando gradualmente los mecanismos de protección institucional, sustituyendo la división de poderes por la subordinación política, y usando la narrativa anticorrupción como justificación para concentrar control.
Eliminar el fuero en un país con instituciones plenamente sólidas, fiscalías totalmente autónomas y jueces completamente independientes podría ser un debate legítimo. Pero en contextos donde existen presiones políticas, incentivos de poder y tentaciones de control, eliminar el fuero puede convertirse en la antesala de persecuciones selectivas.
Campeche deja una enseñanza incómoda pero necesaria: el problema no es el fuero en sí mismo, sino el abuso del poder. Quitar el fuero sin garantizar primero independencia real de fiscalías, tribunales y órganos de investigación es dejar indefensos a quienes ejercen funciones públicas frente a gobiernos que no toleran la disidencia.
El fuero no es un privilegio personal. Es una garantía institucional. Es una protección para que el ejercicio del poder público pueda hacerse sin miedo a represalias políticas disfrazadas de procesos judiciales. Es, en esencia, una defensa del equilibrio democrático.
La lección es clara: en tiempos donde resurgen liderazgos con vocación de control absoluto, donde algunos gobiernos buscan avasallar otros poderes, corromperse con poderes fácticos o imponer retrocesos democráticos, eliminar el fuero no fortalece la democracia; puede debilitarla.
Campeche hoy nos recuerda algo que la teoría constitucional siempre ha sabido: el fuero no es un lujo. Es una necesidad. Es un dique frente al abuso. Y mientras no existan condiciones institucionales plenamente blindadas contra la persecución política, el fuero debe prevalecer.
@jlcamachov
