Según su Constitución, Cuba es un Estado socialista cuyo sistema y modelo político se declaran irrevocables. El Partido Comunista de Cuba (PCC) se erige como la fuerza política única, definida como martiana, fidelista, marxista y leninista. Sin embargo, más allá del poder formal, el poder de facto reside en la herencia familiar castrista y en la alta jerarquía militar. Raúl Castro, aun sin ocupar un cargo oficial, continúa siendo la máxima autoridad estratégica y el garante de la estabilidad del régimen; los altos mandos militares y de inteligencia, formados bajo su tutela, le aseguran lealtad.
Este mando militar controla tanto las armas como las divisas a través del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). Este último domina sectores estratégicos como el turismo, las remesas, las aduanas, los puertos, el comercio minorista y el Banco Financiero Internacional, abarcando el 95% de las operaciones comerciales del país. A este entramado se suma el aparato de inteligencia del Ministerio del Interior (MININT), consolidando un sistema que garantiza la supervivencia del régimen, el control social y la represión política. En este esquema, aunque Miguel Díaz-Canel ostenta los títulos de presidente y primer secretario del PCC, su poder es meramente delegado y administrativo.
Diversos organismos internacionales, como la CIDH, han documentado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación. Estas derivan de la ausencia de una democracia representativa, la inexistencia de elecciones libres y la prohibición del pluralismo ideológico en un régimen autoritario de partido político único. En consecuencia, persiste una política de amedrentamiento contra los ciudadanos que expresan desacuerdo con el gobierno.
La represión se dirige particularmente contra defensores de derechos humanos, disidentes políticos, sindicalistas, periodistas, afrodescendientes, mujeres y comunidad LGTBI. Persisten detenciones arbitrarias y vulneraciones a la integridad personal, a la inviolabilidad del domicilio y a la libre circulación. Asimismo, se violan derechos laborales y libertad académica, mientras el régimen impide reformas para restablecer la independencia de los poderes públicos, perpetuando la impunidad.
La crisis en la isla es crítica, marcada por la escasez de alimentos y medicinas, el colapso de los servicios de salud y constantes apagones. La crítica situación humanitaria cubana parece haber caído en el olvido, ignorada tanto por parte de la comunidad internacional como por la propia élite del país, que permanece aferrada a sus cotos de poder.
Si bien existe una fuerte presión estadounidense para un cambio de régimen, la dinámica actual sugiere que cualquier transformación podría ser paulatina —de forma similar al caso venezolano—, para evitar una crisis de mayor escala. El socialismo no desaparece de golpe; en su lugar, se vuelve pragmático mediante reformas económicas graduales y una apertura al sector privado y a la inversión extranjera. Estaríamos ante una “transformación silenciosa” impulsada más por la necesidad económica que por convicción ideológica.
Este modelo no implicaría una transición democrática inmediata, sino una tolerancia controlada hacia la disidencia, con estricto rigor político. Es previsible que este proceso comience con la recepción de ayuda humanitaria y de suministros petroleros, así como con la liberación de los más de mil presos políticos —la ayuda humanitaria debería canalizarse a través de organismos regionales para reducir los riesgos de corrupción y garantizar que llegue directamente a la población beneficiada—.
Bajo las condiciones actuales, esta parece ser la lógica imperante. Sin embargo, como se dice en el béisbol: “esto no se acaba hasta que se acaba”. Tampoco podríamos descartar la influencia del presidente Donald Trump y del secretario Marco Rubio para dar un golpe de timón más contundente y acelerar los tiempos de una transición democrática.
