La democracia electoral en México mezclada con el crimen organizado es totalmente inaceptable, oficialmente hay más de 35 personas asesinadas, todas ellas aspirantes a algún cargo en los comicios del próximo 2 de junio.
Desde el 2018, el número de agresiones y asesinatos políticos se ha incrementado; tan solo este año, las autoridades electorales nacionales han expresado su preocupación por el riesgo de que la violencia política impida el ejercicio libre de su voto.
Estamos viendo unas de las mayores crisis de inseguridad durante la jornada electoral más importante para los mexicanos.
En los últimos días se han presentado diversas denuncias y una de las más recientes fue el ataque de la candidata a la presidenta municipal de Celaya, Guanajuato.
Un llamado a las autoridades locales y federales, para brindar la mayor protección de los candidatos. No se puede permitir una crisis en nuestra democracia. Defenderla y protegerla es el deber de las autoridades y una responsabilidad social de los mexicanos.
En febrero, el Instituto Nacional Electoral, las autoridades de seguridad y los partidos políticos acordaron que las dependencias federales como la Guardia Nacional y el Ejército brindarán protección a los candidatos a las gubernaturas, a la Cámara de Diputados, al Senado y a la Presidencia de la República.
Las solicitudes de protección de los aspirantes a cargos locales como diputaciones, alcaldías y regidurías serían enviadas por el INE a los institutos electorales estatales y a las instancias de seguridad locales.
Ya suman 99 los candidatos federales que han solicitado protección para llevar a cabo sus campañas, el INE considera que la inseguridad que vive el país pone en riesgo la observación electoral programada para este proceso electoral de 2024.
Por lo que es importante visualizar que la estrategia que se implementó, carece de logística y coordinación. Las elecciones iniciarían el 1 de marzo y a la fecha hay candidatos que no han recibido la seguridad que han solicitado.
Es una preocupación constante para los ciudadanos y los candidatos, ya que en el mes de febrero se registraron 58 eventos asociados con violencia hacia los políticos.
Lo que nos lleva una vez más a reflexionar si la seguridad de los ciudadanos es responsabilidad del Ejecutivo federal. Y se deben emitir acciones claras y concretas para combatir el crimen organizado. Aunado a que se debe proteger la libertad de los millones de mexicanos que salgan a votar este 2 de junio.