“El Estado tiene la obligación de intervenir para brindar justicia”, dijo el entonces presidente Enrique Peña Nieto cuando hace cuatro años se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
En ese momento, el gobierno reconocía la existencia de 33 mil 482 individuos no localizados, hoy sabemos que esa cifra es, al menos, tres veces más grande. A México le faltan más de 91 mil personas. ¿Qué más cambió desde 2017?
El escenario actual está configurado por diversas reformas a nivel estatal; el hallazgo de más fosas clandestinas y “campos de exterminio” operados por el crimen organizado; una crisis forense a nivel nacional que busca ser resuelta por un nuevo Mecanismo de Identificación; y la incesante exigencia, acción y presión de las familias de las víctimas que siguen buscando a los suyos.
40 años para reconocer el problema
En México hay registros de casos de desaparición forzada desde el periodo de la Guerra Sucia que comenzó en los años sesenta, es decir, las y los mexicanos tuvieron que esperar cuarenta años para tener una ley en la materia.
Pese al empuje de la sociedad civil, de las familias de las víctimas, de las recomendaciones de organismos internacionales, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco (desaparecido por militares en 1974) y de las intensas protestas que desató el caso Ayotzinapa, fue hasta abril del 2015 cuando los diputados de la LXII Legislatura aprobaron una reforma constitucional que fue el primer paso en favor de las víctimas.
Antes, entre 2012 y 2015, fueron presentadas 34 iniciativas que no llegaron al grado de dictamen. Finalmente, en el último día del segundo periodo de sesiones ordinarias de aquella Legislatura, las y los diputados modificaron el artículo 73 de la Constitución. Así, otorgaron facultades al Poder Legislativo de expedir leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la vida contrarias a la ley, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahí estuvo el primer paso, pero la creación de la ley tuvo que esperar dos años más.
A finales del 2015, el presidente Enrique Peña Nieto mandó al Legislativo una propuesta en materia de desaparición. Posteriormente cuatro comisiones del Senado trabajaron en esa iniciativa. En octubre de 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que creó un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y distribuyó las facultades del gobierno para la coordinación sobre la materia.
De ahí a la fecha los estados han homologado sus propias reglamentaciones para acoger la Ley General, sin embargo, tras el fin del sexenio peñista y a mitad del camino de la administración de Andrés Manuel López Obrador, las víctimas siguen reportando las omisiones del gobierno, la dilación para hacer diligencias en cerros, predios y otros lugares inhóspitos, y la injusticia.
Yo lo único que quisiera es que las autoridades protegieran a las víctimas, que realmente hicieran su trabajo y que hagan los actos de investigación correspondientes para dar con el paradero de nuestros familiares, ya no decimos con los responsables sino con el paradero”, dijo a ejecentral Delia Quiroa, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, quien busca a su hermano Roberto, desaparecido en 2014.
Centros de exterminio
Quiroa es testigo de una crisis que no cesa, pues junto con sus compañeras del colectivo 10 de marzo, han pugnado para entrar a La Bartolina, un predio ubicado en Matamoros, Tamaulipas y que la actual comisionada nacional de búsqueda Karla Quintana describe como un “campo de exterminio” debido a la enorme cantidad de restos humanos que han sido hallados en ese sitio presuntamente usado por el Cártel del Golfo.
Como La Bartolina existen otros “campos de exterminio” encontrados por activistas donde yacen los restos de -se calculan- miles y miles de personas. Se trata de los predios de Abasolo, Mante, El Papalote, Las Abejas, La Mano, Patrocinio y Estación Claudio. De acuerdo con el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León en México hay más de 103 mil lugares en donde se han encontrado restos humanos.
En otros lugares, que nosotros llamamos “sitios de exterminio”, es donde se han encontrado más de 100 mil más de 200 mil fragmentos humanos”, dijo en julio para Milenio, la vocera del colectivo, Irma Leticia Hidalgo.
Sólo en 2020 el gobierno mexicano reconoció que se localizaron 559 fosas clandestinas en el país, en las que se recuperaron mil 086 cuerpos. Mientras que en la primera mitad de este año han encontrado 393 cadáveres enterrados en 174 fosas clandestinas.
La crisis forense
México no sólo lidia con los hallazgos de más y más personas muertas. A la par hay 52 mil cuerpos que no han sido identificados. Ese es el tamaño de la crisis forense que reconoce el gobierno, pero los colectivos de familiares señalan que la cifra puede ser mayor debido a que hay administraciones estatales que presentaron datos con anomalías y a que la cifra no incluye fragmentos óseos que las propias autoridades no han podido individualizar, dice el informe 2021 del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Para resolver la crisis forense, el gobierno mexicano puso en marcha este lunes el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que fue anunciado desde 2019.
De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el MEIF contará con “recursos presupuestales, materiales, de infraestructura y humanos” para que cumplan con el objetivo de identificar los restos de las personas que han rebasado al servicio forense. Además adelantó que se construirán centros de identificación humana en Coahuila, Veracruz y Tamaulipas.
Con la llegada de Joe Biden al poder, Estados Unidos ha enfatizado públicamente que ha otorgado recursos y capacitado a personal mexicano para enfrentar la crisis forense.
El Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Departamento de Justicia continuarán capacitando a los técnicos de laboratorio y a la policía para mejorar sus habilidades en el análisis forense de cuerpos descompuestos y apoyar a la Comisión Nacional de Búsqueda de México para recopilar, mantener y analizar registros de personas desaparecidas. Como siguiente paso, la Oficina Federal de Investigaciones capacitará a expertos en genética en un nuevo sistema para rastrear la información forense y mejorar la capacidad”, dijo en junio la Casa Blanca.
Además, entre 2019 y 2021 Estados Unidos apoyó a México con 13 millones de dólares en laboratorios forenses y otros 11.5 millones de dólares bajo el concepto de “asistencia de laboratorio forense”, de acuerdo con cifras de Usaid.
La presión de las víctimas
La muerte y la brutalidad no para de brotar de la tierra, pero “la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”, dice el lema de Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí, quien fue desaparecida el 7 de septiembre de 2012 a los 21 años. Las familias de las víctimas son un elemento central para entender los cambios tras la implementación de la Ley sobre desapariciones forzadas. Ese es el caso de Jalisco, la entidad con la legislación más avanzada en la materia, debido a que las familias presionan a las autoridades.
Esta legislación es la más desarrollada por encima de la Ley General de Desapariciones, pues incorpora conceptos para ampliar la búsqueda no solo a fosas, sino a pozos y otros depósitos clandestinos, también crea las células municipales de búsqueda y obliga a las autoridades a rendir informes periódicos sobre las acciones de localización de personas y dar a los familiares los expedientes de identificación”, dijo en febrero a ejecentral Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), previo a la aprobación de la legislación.
En el caso de Jalisco fueron colectivos de familiares quienes presionaron al congreso local para sentarse a la mesa y urgir modificaciones que permitan ampliar el rango de acción de las diligencias.
Mientras en Baja California Petra Muñoz Pulido, integrante del Colectivo “Sin Ellos No”, presentó una iniciativa ciudadana para que los cadáveres de víctimas de desaparición forzada no sean incinerados, o en su caso que la Fiscalía pueda autorizar la inhumación en condiciones de dignidad, y que los familiares puedan disponer de las pertenencias del fallecido.
Sin embargo, también ocurre el caso contrario. En Nuevo León colectivos como Eslabones y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (AMORES) alertaron que quedaron completamente fuera de la discusión sobre la creación de una nueva ley sobre desaparición forzada.
Desconocemos el contenido de dicha iniciativa y alertamos de la gravedad de aprobar una ley al vapor, sin la participación de las familias”, señalaron los colectivos el pasado 24 de agosto.
Colectivos de víctimas reconocen cambios positivos con la actual administración y con la cercanía que existe con el subsecretario Encinas, sin embargo, apuntan que aún existen varios retos.
“Nos da miedo, sí sufrimos, nos enfermamos, pero no paramos. Aunque nos arrastremos pero continuamos, eso es muy importante que la sociedad sepa para que se nos quite esa imagen de que solamente estamos tiradas en el piso. Faltan muchas cosas por hacer, hemos hecho muchas cosas. Parece, se ve que las cosas están mejorando. (Los desaparecidos) son el tema de este proyecto de nación, si realmente hay diferencia, en este tema se va a notar”, aseguró Valentina Peralta Puga, miembro del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.